Universidades: el riesgo que viene

En los escenarios económicos por venir los estados no la tendrán nada fácil. A los previsibles recortes de transferencias de recursos desde el gobierno federal por la baja de ingresos petroleros se suma el riesgo que representarán en unos cinco años el peso del pago de pensiones en las universidades públicas estatales.

Un estudio que publica hoy EL UNIVERSAL, de la calificadora de riesgos Moody’s, advierte de casos como el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuya carga por el pago de pensiones representará más de cinco veces sus ingresos. Pero no es la única, detrás de ella aparecen la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad de Guanajuato, con tasas superiores a 300%.

Aunque expertos descartan un riesgo de bancarrota, la obligación económica que representa el pago de jubilaciones significará —por lo menos— desatender desde áreas básicas como el mantenimiento de la infraestructura educativa, hasta recortar la inversión en estudios e investigación.

¿Quién debe dar solución al problema? ¿Los gobiernos estatales? ¿Las instituciones de enseñanza superior? ¿Los estudiantes? ¿O los académicos y trabajadores?

Es momento de explorar las áreas de oportunidad y de repartir la carga.

El compromiso del gobierno estatal con la educación superior pública es irrenunciable y por supuesto debe absorber el mayor costo. Por parte de la universidad, se tienen que explorar vías para elevar sus ingresos, en principio recortando gastos superfluos y evitando el dispendio o apostando a acercamientos con la iniciativa privada o el sector público; así, se podría cumplir con varias funciones, entre ellas, dotar de experiencia a los futuros profesionales, resolver problemas específicos en empresas o dependencias gubernamentales y acercar recursos a las casas de estudios. En algunos estados los gobiernos dan a universitarios la posibilidad de concretar proyectos de obra pública.

Habrá que debatir opciones como elevar la edad de jubilación para evitar que el alivio en las finanzas sea momentáneo y resurja en unos años. Los alumnos pueden colaborar si se ponen en marcha campañas de donaciones voluntarias acompañadas con una política de transparencia para que los universitarios conozcan el destino de sus recursos.

Mala señal enviarán los gobiernos y las universidades estatales si no actúan desde ahora para buscar soluciones viables y, en lugar de ello esperan a que estalle la bomba y el gobierno federal acuda en su rescate.