Para confiar en los gobiernos

Editorial EL UNIVERSAL

¿Pueden los gobiernos esperar la colaboración de sus ciudadanos cuando lo mismo no se ofrece en sentido contrario? Sin ayuda popular no hay otra manera de solucionar temas como la corrupción o la inseguridad. Pero la gente no trabajará de la mano de sus autoridades, sin importar cuan buenos puedan parecer sus planes, mientras éstas le mantengan al margen de la información pública. Un principio básico de confianza que a los funcionarios les cuesta asimilar.

Ayer el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2015 en el Palacio de Bellas Artes, ante representantes de más de 66 naciones. Es una oportunidad para México, nación sede, de mostrar que pese a las dificultades que acompañan a una nación en vías de desarrollo, también hay un esfuerzo colectivo para involucrar a todos los ciudadanos —vía la transparencia— en la toma de decisiones.

¿Cuál es la meta de este acuerdo de naciones establecido en 2011? Los gobiernos se comprometieron a: “tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción (...) a aumentar el número de elementos disuasivos contra el soborno y otras formas de corrupción en los sectores público y privado, así como a intercambiar información y experiencia”.

No todos los países miembros del acuerdo han avanzado al mismo ritmo. Brasil, por ejemplo, bajo presión ciudadana por escándalos de corrupción de su presidenta, Dilma Rousseff, es de los que ha sido más propositivo. Cumplió 90% de los 32 compromisos específicos que asumió, entre los cuales se encuentra la creación de un portal de datos abiertos, la formación de una organización nacional de transparencia que involucró a 100 mil ciudadanos y la implementación (no sólo la aprobación en el Congreso) de una Ley de Acceso a la Información.

En México hubo entusiasmo de expertos y de la sociedad civil cuando se aprobó la más reciente reforma constitucional en transparencia, que tuvo grandes logros, como sumar a sindicatos y partidos políticos entre los sujetos obligados a someterse a criterios de transparencia que antes eran aplicados sólo hacia instancias del gobierno federal. Similar esperanza despertó la promulgación de la reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

El problema es que desde entonces no se ha conseguido mucho. Siguen detenidas las normas secundarias en ambas reformas, sin las cuales no habrá implementación. ¿Acaso es ese el plan de los partidos en el Congreso?

Nada de lo que hagan los políticos tendrá éxito sin apoyo social y no contarán con él en tanto se resistan a abrir sus cuentas, itinerarios y planes de acción.

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