El debate que redefinirá al DF

Editorial EL UNIVERSAL

Cuando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México entre en operaciones, en 2020, el “viejo” —ubicado en la Delegación Venustiano Carranza, al oriente del DF— dejará de funcionar. Se trata de un área casi tan grande como Ciudad Universitaria, cuyo destino podría cambiar el rostro de la capital del país, desarrollar nuevas oportunidades, crear espacios públicos inexistentes... Siempre y cuando los gobiernos local y federal se pongan de acuerdo sobre el proyecto.

Porque se presenta una coyuntura inédita: un terreno de 710 hectáreas de propiedad federal cuyo uso de suelo, dice la administración local, le corresponde al gobierno capitalino. No es un tema exclusivamente legal, de burocracias; una vez definido ese obstáculo se decidirá de entre una amplia baraja de opciones, desde vender los terrenos a la iniciativa privada, hasta convertir el lugar en otro polo ecológico. Las posibilidades son inmensas, y eso es lo que hace tan atractiva esta discusión.

En entrevista con EL UNIVERSAL, ambas partes exponen sus motivos. Es el arranque no formal de un debate que continuará en los meses, quizá años, por venir.

“Los capitalinos deben llevar la mano, es decir, estamos discutiendo aquí la oportunidad de plantear cerca del 1% del territorio urbano de nuestra ciudad”, dice Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, responde: “Se requiere una orientación técnica antes que abrir una consulta que después pueda traer una presión que a lo mejor no pueda resolverse”.

Ambos argumentos tienen puntos a favor, pero no necesariamente se anulan entre sí. Hay espacio para el diálogo. Lo realizable en los terrenos del aeropuerto depende de la factibilidad técnica, es verdad, y al mismo tiempo ese requisito deja también espacio para que los capitalinos puedan expresar su deseo sobre lo que debería ser el viejo aeropuerto.

El único freno podría ser la conveniencia económica. Dice Ruiz Esparza en la entrevista: “Si el actual aeropuerto puede apoyar, en caso de que no haya presupuesto público y canalizarlo al nuevo, será una gran medida”. Es decir, el gobierno federal no descarta usar los terrenos para beneficiar al erario, algo no necesariamente en tono con una eventual consulta.

Hay tiempo suficiente para definir, en conjunto —gobierno federal, capitalino y ciudadanía— el mejor destino para el todavía funcional aeropuerto de la Ciudad de México. Para conseguirlo será importante que ambos actores flexibilicen posturas y admitan que desde la otra parte tal vez se origine el mejor plan para el interés público. Eso buscan todos, se supone.

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