Deuda migratoria

Editorial EL UNIVERSAL

El 22 de agosto de 2010 se produjo una de las mayores matanzas de migrantes: en un rancho del poblado de San Fernando, Tamaulipas, fueron localizados 72 cuerpos, 58 hombres y 14 mujeres, ecuatorianos, salvadoreños y hondureños, principalmente. A cinco años de distancia, poco ha cambiado: México aún no dicta sentencia contra siete acusados de homicidio por el caso, los grupos de personas que abandonan sus países en busca de mejores condiciones de vida siguen cruzando territorio mexicano al acecho de grupos criminales o de malos elementos del Instituto Nacional de Migración y la ayuda principal que reciben en su trayecto a Estados Unidos proviene de organizaciones de la sociedad civil.

En un trabajo especial, EL UNIVERSAL publica hoy que el único país que responsabilizó a quienes traficaron a sus ciudadanos fue Ecuador. La lucha que el fiscal ecuatoriano Romero Gárate emprendió para apresar a José Arcesio Vásquez Marín, el mayor traficante de personas en el país sudamericano, tuvo que vencer las extensas redes de corrupción que había desplegado Vásquez Marín. La captura se dio luego de que dos policías rechazaron un ofrecimiento de 250 mil dólares por dejarlo escapar.

En materia de cooperación regional se vuelve indispensable la coordinación entre naciones de la zona para terminar con los grupos que lucran con las esperanzas de quienes buscan fuera de sus países la oportunidad de salir de la pobreza en la que viven; con frecuencia son abandonados a su suerte en medio de zonas hostiles.

En México, la CNDH ha documentado que de 41 expedientes abiertos entre 2010 y 2013 por el secuestro de migrantes indocumentados, la Procuraduría General de la República sólo ha actuado penalmente contra los presuntos responsables en 12% de ellos. Durante ese periodo, el secuestro de migrantes aumentó, ya que el crimen organizado vio a los migrantes como un negocio rentable para obtener mayores ganancias y financiar sus delitos. Freddy Lala, el sobreviviente ecuatoriano que relató los hechos de San Fernando, ha dicho que se dirigían a Estados Unidos cuando fueron interceptados por elementos del cártel de Los Zetas, para liberarlos les daban dos opciones: que sus familias pagaran mil dólares por su libertad o se unieran a sus filas, ante el rechazo a ambas opciones los criminales decidieron asesinarlos.

México, como jugador clave en el tema migratorio por su condición de país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, aún tiene mucho qué hacer el tema; exige a EU respeto a connacionales que llegaron de forma indocumentada, pero dentro de sus fronteras parece insuficiente la protección al migrante; como prueba, nadie está pagando aún por la muerte de esas 72 personas, ocurrida hace cinco años.

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