En muchas ocasiones los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son polémicos, pero una constante afortunada los caracteriza en los últimos años: se inclinan más por garantizar la protección de los derechos humanos.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Luna Ramos propondrá declarar la inconstitucionalidad de una norma de Campeche que prohíbe la adopción a las parejas del mismo sexo que están unidas bajo el régimen de Sociedades Civiles de Convivencia. El proyecto será llevado en próximos días al pleno del máximo tribunal.

Es de destacarse también la labor que realiza la Comisión de Derechos de Campeche, pues es la promotora de la acción de inconstitucionalidad contra los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, al considerar que el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia viola garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apenas unas semanas atrás otra decisión histórica de la Corte determinó también la inconstitucionalidad una legislación en Colima que ponía en un estatus diferente a los matrimonios homosexuales respecto de los heterosexuales. La decisión adquirió aún mayor trascendencia porque se dio justo unos días antes de que Estados Unidos, que normalmente se encuentra más adelante que Mexico en materia de protección de derechos, permitiera en todo el país las bodas entre personas del mismo sexo.

La oposición de los grupos conservadores, que también recriminaron el aval judicial a los matrimonios homosexuales, seguramente será mayor en esta ocasión porque, según su punto de vista, la convivencia de los pequeños con padres gays o madres lesbianas “desvía” a los niños de lo que de otra manera hubiese sido un crecimiento sano y normal.

El argumento de los opositores establece que el desarrollo de los infantes es siempre mejor con un padre y una madre. En realidad no hay todavía una base científica que soporte esa suposición. Mientras tal realidad se mantenga, no habría por qué catalogar a una persona como contagiosa de un estilo de vida que tampoco tiene razón de ser cuestionada.

En los próximos años estas dos decisiones serán recordadas como la consolidación de una Corte garante de derechos, que en el papel lo ha sido desde siempre, pero que adquirió una verdadera relevancia cuando se puso en riesgo la igualdad de los mexicanos ante la ley.

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