Socios del robo de gasolina

Editorial EL UNIVERSAL

El principio es el mismo para todos los delitos que involucran el robo sistemático, el narcotráfico e incluso la trata de personas: si no hubiera clientes, no habría tampoco criminales proveedores. La sustracción ilegal de hidrocarburos se ha multiplicado en México porque se detiene a uno que otro saqueador de ductos, pero no al resto de los eslabones.

De 14 mil 560 averiguaciones previas existentes por robo de combustibles, sólo han sido detenidos 2 mil 185 probables responsables, lo cual representa el 15% en relación con el total.

En marzo pasado el Senado aprobó una minuta que finalmente fue frenada en la Cámara de Diputados, en la cual se endurecían las penas contra el robo de combustible. La medida habría sido pertinente, pero insuficiente para inhibir el delito, de la misma manera como el aumento de años de prisión para otros crímenes no ha sido un disuasivo. Siempre que robar y vender hidrocarburos siga siendo redituable, habrá quien se dedique a ello. Por eso es imposible acabar con ciertos negocios ilícitos.

La clave está en aumentar los costos para toda la cadena ilegal, no sólo la de ordeña. Hay que atacar también la distribución y los puntos de venta. De esa forma se encarecerá el producto y será menos competitivo frente al mercado formal.

En el momento en que la venta de gasolina ilegal le pueda costar el cierre definitivo de su negocio a un franquiciatario de Pemex, entonces la pensará dos veces antes de arriesgarse a ganar más con ese delito.

Por supuesto, todo lo anterior se dice fácil, pero requiere de una férrea voluntad política de todo el Estado mexicano y la coordinación de varias dependencias, desde Pemex hasta Profeco. Hay que empezar por preguntarle a Petróleos Mexicanos: ¿cuántas gasolineras han sido cerradas por vender combustible de procedencia no comprobada?

La reforma de 2011 en la que se creó el tipo penal de posesión ilícita de hidrocarburos claramente ha sido insuficiente porque bajo ese delito han sido sentenciadas apenas 58 personas.

Han dicho funcionarios de Pemex ante legisladores que es necesaria la creación de nuevos tipos penales para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícitos de combustibles. Si de verdad es así, los diputados no deberían mantener “congelada” la minuta enviada desde el Senado; en todo caso, más bien, enriquecerla con lo necesario para combatir este problema desde todos los frentes, incluída la previsible corrupción de empleados de Pemex.

Si este problema no se resuelve, la reforma energética tendrá aun menor impacto. Porque, ¿para qué invertir en un país donde campea la competencia desleal de la gasolina robada?

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