Patadas de ahogados

Editorial EL UNIVERSAL

En el Distrito Federal y su Zona Metropolitana vive uno de cada cinco mexicanos. Se trata de una de las zonas más densamente pobladas del mundo y, por lo tanto, también una ciudad en la cual el valor del uso del suelo es muy lucrativo. De una modificación legal que permita construir viviendas ahí donde sólo se permiten oficinas —o viceversa— depende la creación de negocios millonarios. Los políticos también lo saben.

Ayer, de madrugada y en periodo extraordinario, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó seis cambios de uso de suelo en predios de la capital, de los cuales cuatro modificaciones sirvieron para regularizar oficinas, escuelas y hasta una notaría, que ya operaban a pesar de carecer de la autorización correspondiente.

¿Por qué la urgencia? Los asambleístas promotores de la accidentada maniobra no lo dicen de manera explícita, pero es obvio: querían hacer modificaciones al uso de suelo ahora que tienen el cargo, pues saben que una vez iniciada la próxima legislatura los balances políticos en la ALDF serán distintos. El PRD ya no será la fuerza dominante y corrientes políticas todavía fuertes hasta ayer dejarán de tener la capacidad de modificar las leyes en favor de ciertos intereses.

Si la decisión hubiera sido de verdad un tema de interés público, los legisladores habrían esperado argumentar la conveniencia del cambio en septiembre, sobre todo considerando la férrea oposición del partido Morena, que será la principal fuerza parlamentaria como consecuencia de las pasadas elecciones. En cambio, hicieron una sesión que duró más de 12 horas.

Organizaciones civiles y vecinales de las zonas con mayor poder adquisitivo, Bosques de las Lomas y Polanco, cuestionaron la modificación, pues los predios en cuestión operan como una notaría y como oficinas —respectivamente— desde hace tiempo. Esta información revela que se adaptó la ley para que los ocupantes de dichas edificaciones pudieran evadir una ilegalidad ya previamente cometida.

El próximo paso es preguntar al gobierno del Distrito Federal y a las delegaciones respectivas por qué no se sancionó a quienes transgredieron el uso de suelo permitido. Cabe esperar que la urgencia de la ALDF y la falta de sanciones desde el o los gobiernos estén conectados.

El PRD en el Distrito Federal tuvo un sonoro fracaso en las elecciones del 7 de junio pasado. La ciudadanía de la capital del país expresó así su evidente inconformidad ante el partido que había dominado la zona durante 18 años consecutivos. Con acciones como la de ayer parece que la reacción de los vapuleados no es corregir, sino salvar el botín que les queda.

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