Baja la violencia, ¿qué sigue?

Editorial EL UNIVERSAL

Transcurrido casi medio sexenio, comienza a materializarse un avance en la disminución de los índices de violencia en el país. Un cruce de información hecho por EL UNIVERSAL con base en cifras de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de un mayor clima de seguridad.

A pesar de los datos, no es tiempo para que en algún momento se determine que el problema está resuelto; la estrategia de combate al crimen debe perfeccionarse día a día y corregirse las deficiencias que surjan. Para llegar a este punto de menor violencia, al país le ha costado miles de vidas, recursos y un deterioro de la imagen a nivel internacional que parece comenzar a revertirse.

No olvidemos que utilizar al Ejército para tareas de seguridad no es lo idóneo, pero la conformación de corporaciones alternas y la evaluación de las policías existentes es un proceso aún no concluido. Ni olvidemos que en el Congreso está detenida la iniciativa presidencial en materia de Seguridad Pública y Justicia, enviada en diciembre a raíz de los hechos de Iguala, por este motivo aún operan en México distintos tipos de cuerpos policiacos: unos integrados por personal con recursos, profesional y capacitado, y otros con mínima preparación y carentes de equipo para enfrentar a bandas de la delincuencia organizada. Éstos, por cierto, son los más proclives a volverse un brazo de los grupos delictivos.

De acuerdo con los datos conocidos, en esta administración han sido detenidos o abatidos 93 de los 122 “objetivos prioritarios”, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez La Tuta, Omar Treviño Morales y Héctor Beltrán Leyva. Además, las células del narcotráfico pasaron de 80 en 2012, a 43 actualmente.

Aunque algunos expertos consideran que la captura de capos sólo alienta el surgimiento de células que carecen de un mando central —por lo que se genera enfrentamientos entre ellas y por ende mayores tasas de violencia—, los registros dan la razón a aquellos que han expresado la conveniencia de combatir a bandas pequeñas, sin capacidad para cooptar a sectores del gobierno federal, que a los grandes consorcios criminales con elevado poder de fuego y que corrompen a todo tipo de autoridades.

Desde el gobierno federal —ayer lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong— se reconoce el papel relevante de las Fuerzas Armadas en la desarticulación de grupos criminales. Justo en ese sentido debe darse el siguiente paso: la tarea de enfrentar a la delincuencia debe ser retirada del sector militar para entregarla a corporaciones profesionales, preparadas y con recursos, que privilegien las labores de inteligencia.

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