La diosa de la fortuna y el nuevo reglamento de tránsito del DF

El 15 de diciembre de 2016 entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito en el Distrito Federal. El Universal dio cuenta que se infraccionaron a 45 conductores, los arrastres de motocicletas al corralón fueron 152, 18 automovilistas fueron infraccionados por invadir carriles exclusivos; otros 7 por invadir cruces peatonales, 4 por invadir vías para ciclistas y 8 conductores del transporte público por faltas en ascenso y descenso de pasaje. Los capitalinos piden se aumente el número de uniformados con brazalete autorizados para multar, los automovilistas no cumplieron el nuevo reglamento y la policía brillo por su ausencia en las avenidas principales de la ciudad de México (16-12-15).

Cuando se publicó el reglamento comenté que la aplicación correcta del reglamento y sin distingos de persona alguna es la verdadera clave para que se ordene la circulación de los vehículos y no lo es el monto de las multas. Hoy esa frase es posible contrastarla con una raquítica estructura administrativa supervisora en la que sólo hay 1,444 policías autorizados y cámaras de alta tecnología para ubicar potenciales infractores y, en su caso, sancionarlos.

Este número es reducidísimo si se toma en cuenta la dimensión de la ciudad, el número de vehículos y peatones, así como el comportamiento poco “cívico” de la inmensa mayoría de los involucrados. El dictado de la norma es lo más sencillo del proceso, el resto es complejo. La divulgación de la misma -expresada en la llamada concientización del ciudadano y la capacitación de los agentes de tránsito- requirió de un plazo de 5 meses y todavía no concluye; la renovación de la señalización acorde con el nuevo reglamento, que apenas comienza, es costosa y lenta; los efectos concretos en la mejora de la movilidad de las personas y la disminución de los accidentes se obtendrán en el mediano y largo plazo, siempre y cuando haya constancia y congruencia en la aplicación del reglamento, y la molestia justificada e injustificada seguramente aumentará en la medida que algunos individuos paguen multas altas y el resto no reciba un castigo, ni modifique sus hábitos viales.

Locatel y la App “Mi policía” son instrumentos a disposición de los conductores para contar con información oportuna sobre las nuevas disposiciones. Estas acciones contribuyen a que fluya la normalidad en materia de tránsito bajo en un esquema de corresponsabilidad entre ciudadanía responsable y un gobierno proactivo en favor de la vida, la prevención de los accidentes y la preferencia al peatón. Esto es lo que convierte, según Laura Ballesteros, encargada del Nuevo Modelo de Movilidad, al reglamento que entró en vigor en “un manual para salvar vidas, bajo ninguna circunstancia es un catálogo de multas o de sanciones” (Radio Fórmula, 16-12-15). También mencionó que el periodo de gracia había concluido y que los policías más que infractores eran inductores de una nueva civilidad.

Independientemente de este tipo de estrategias de comunicación social del gobierno, lo cierto es que la vigencia de una norma exige que la autoridad la haga cumplir. Si ésta no tiene los elementos suficientes para lograrlo, entonces, su aplicación es aleatoria, ya que sólo serán sancionados quienes tengan la mala fortuna de ser “atrapados” en una conducta indebida por uno de los policías autorizados para multar o captados por una cámara.

Aunque las cifras de las sanciones impuestas el primer día son inconsistentes, algunos periodistas reportan más de mil quinientas y otros sólo doscientas- el promedio por policía autorizado en ningún caso, llegan a dos por día, es decir, la mayoría sólo detectó a un infractor en una jornada laboral. Esto no coincide evidentemente con una realidad vial caótica encabezada por los microbuseros que bajan pasaje en lugares no autorizados y en doble fila.

Un riesgo enorme para el éxito de la política pública de reordenamiento vial encaminada a salvar vidas y mejorar la movilidad en la ciudad es que las personas consideren que la sanción no es consecuencia de una mala conducta, sino del infortunio de ser uno de los multados entre los miles que infringen el reglamento que no reciben ninguna sanción. Si esto sucede, entonces, la percepción sobre el nuevo reglamento será la contraria a la que pretende forjar el gobierno y se apreciará como un instrumento de recaudación y una oportunidad para la mordida y la corrupción.

El tiempo de gracia para continuar sin ejercer la autoridad con eficiencia y apego a la ley para el gobierno del Distrito Federal se extinguió. Si deja sólo a una cuestión de suerte la aplicación del nuevo reglamento y no se destinan recursos para hacerlo cumplir, entonces, la situación se agravará porque la sensación de que algunos pueden actuar impunemente ante la paciente inacción de la policía socava los elementos mínimos de la convivencia armónica y solidaria. El reto es grande y no se alcanza con palabras sutiles, ni estrategias de comunicación social. Planeación, orden administrativa y voluntad de hacer cumplir la ley son la clave del éxito.

Investigador Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Anahuac del Norte

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