La seguridad social: lo operativo y lo estructural

El pasado 30 de junio, el Director General del IMSS presentó el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se destaca los efectos de la administración en el primer trienio del gobierno y su impacto positivo en la disminución de los costos de operación, la reducción del déficit y el aplazamiento de la crisis del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de ese organismo descentralizado. En ese contexto, el Consejo Técnico autorizó la construcción y operación de cuatro nuevos hospitales bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP).

La racionalización del gasto se basa en la compra consolidada de medicamentos, la implantación de controles más efectivos en la distribución de insumos médicos, una reingeniería administrativa y la adopción de esquemas más eficientes de atención al derechohabiente, que permitirán incrementar la oferta de servicios en el corto plazo con un impacto financiero diferido a largo plazo. La subrogación de servicios, que existe casi desde la creación del Instituto, los contratos de prestación de servicios multianuales, los proyectos de obra llave en mano y las APPs se inscriben en esta estrategia.

Estas acciones, que indudablemente mejoran el desempeño operativo, no resuelven el problema de fondo de la salud en México, como es la inequidad en la atención, el doble aseguramiento, la falta de cobertura, la disparidad y dispersión de los servicios, los pasivos laborales y el desfinanciamiento de los gastos médicos de pensionados, ni son el principio de la universalidad de la salud. Simplemente es una mejora de la gestión administrativa, que no tiene ninguna intención de privatización del IMSS, como se ha difundido en las redes sociales y sostenido por algunos articulistas.

La subrogación de servicios o la propuesta de compartir el riesgo de la gestión hospitalaria con empresas privadas no tiene vinculación con la extensión de la cobertura de la seguridad social a la población abierta. La primera es una cuestión propia de las entidades de seguridad social que tienen la obligación de aprovechar al máximo los recursos que recaudan por concepto de cuotas obrero-patronales y elevar el monto de los mismos con procedimientos más efectivos para evitar la subdeclaración o la evasión. Lo segundo es una cuestión de transformación del sistema de salud, que corresponde al Congreso de la Unión, con la modificación legal correspondiente.

La atención a toda la población con base en un paquete de salud universal requiere de una reorganización de las instituciones de seguridad y asistencia social, la coordinación de las autoridades federales y estatales, la redefinición del seguro popular, la determinación de las fuentes de financiamiento y, tal vez, la desvinculación de la cuota del seguro social al monto del salario, entre otras acciones de mayor profundidad, que escapan a la competencia del IMSS.

El modelo británico, que es el paradigma para muchos neófitos en la materia, empieza a padecer problemas de financiamiento por razones demográficas como es el envejecimiento y el cambio de la morbilidad. Las causas de la reducción de los paquetes de atención o su restricción a ciertos grupos no provienen simplemente de malos esquemas de administración, ni del supuesto fracaso de las asociaciones público-privadas en la gestión hospitalaria.

Lo operativo está en manos del IMSS, que por las cifras informadas, va por buen camino, pero evidentemente su mejoramiento no es suficiente para superar las problemas de fondo que arrojan un déficit actuarial considerable que tendrá su momento crítico en veinte años. Lo estructural es una cuestión que debe discutirse en la Cámara de Senadores que tiene como pendiente legislativo la aprobación, en su caso, de las minutas que los diputados aprobaron en 2014. Confundir lo operativo con lo estructural no contribuye a que se avance en la universalidad del seguro de salud, sólo confunde y pone un obstáculo más en este proceso.

Carlos Fernando Matute González

Profesor del INAP