El 5 de junio se elegirán gobernadores en 12 estados de la República. En las encuestas aparece recurrentemente la preocupación ciudadana por el tema de la seguridad y cómo resolver la violencia que impera en todo el país. En los últimos 10 años de lucha fallida contra el narcotráfico suman más de 120 mil muertos.

Hace 6 años los gobernadores de estas 12 entidades que tendrán elecciones prometieron seguridad, pero al revisar las cifras de incidencia delictiva en el Sistema Nacional de Seguridad, ninguno tuvo logros significativos. Estos estados representan en términos de incidencia delictiva un 25% de los 486 mil 196 delitos de enero a la fecha que se contabilizan en denuncias en el país.

Ante una problemática que no parece tener una solución contundente que le brinde tranquilidad a la gente y en la cercanía de los procesos electorales no faltan algunas voces desesperadas —como la del ex presidente Fox— que sugieren que hay que pactar con los narcos para alcanzar la paz y la gobernabilidad.

Muchos candidatos, sobre todo a nivel municipal, reciben todo tipo de presiones. En amplias zonas del país parecen ya darse por ineluctables los pactos con los grupos criminales que buscan mantener el control del territorio y en la mayoría de los casos de las instituciones, particularmente las de seguridad pública y justicia.

Un primer razonamiento es que para ganar es necesario pactar, luego se arreglan y todo transcurrirá en paz. Nadie dice que no hay retorno y que la única paz que habrá para sus gobernados es la de los sepulcros. Cuando un político cae en la tentación de pactar con la delincuencia organizada condena a su pueblo a una violencia sin límites, porque se somete a un poder fáctico que no conoce de ética ni de valores ni de respeto a la ley, que tratará de maximizar sus ganancias criminales.

Hemos visto con horror los resultados de este tipo de pactos criminales en otras entidades, y en estados donde se renovarán los gobiernos como Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz y Tamaulipas el tema no es menor, ahí existen muchos casos que nos dan cuenta de ello: la coalición de intereses entre autoridades y criminales sólo ha llevado a espirales de terror incontrolables.

En el inconsciente colectivo hay la idea de que los gobiernos de antes pactaban con los cárteles para mantener el orden. No hay plena certeza de esto, pero en todo caso antes sólo existían dos o tres grupos criminales. Hoy en día hay decenas en un mismo lugar. En estos acuerdos de impunidad, cumplirles a todos implica caos; cumplirles a unos implica violencia. Es decir, un juego en donde el Estado de derecho y la sociedad siempre pierden.

Sin lugar a dudas los partidos políticos están obligados a fortalecer sus protocolos de elección para garantizar candidatos limpios, pero sobre todo hay que fortalecer las instituciones responsables de vigilar que nadie caiga en la tentación de pactos obscuros sin que pague por ello.

Albert Camus afirmaba que en política son los medios los que justifican el fin. Los medios para acceder al poder sí importan y de ello depende en gran medida el comportamiento de nuestros gobernantes. Candidatos que pactan con la delincuencia organizada abren la caja de Pandora. En estricto sentido, son pactos criminales que los igualan con los criminales. No existe punto de retorno, condenan a su pueblo a la violencia, al miedo, a la desesperanza. El poder a toda costa siempre tiene consecuencias nefastas para la sociedad.

Secretaria general del PRD

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