El 25 de marzo iniciamos en el INE el proceso para designar a los consejeros electorales de 13 Organismos Públicos Locales que tendrán elecciones en 2016 y 2017. Ya el año pasado habíamos nombrado a los primeros 19 Consejos Generales. Al nuevo proceso se inscribieron mil 994 aspirantes; casi 22 por cada uno de los 91 cargos que estamos por designar, siete por cada entidad.

De ese universo, identificamos a las y los aspirantes con los mejores perfiles para ejercer el cargo. Con apoyo de especialistas en materia político-electoral, se elaboró un perfil referencial para integrar las aptitudes que buscamos. Queremos personas que 1) conozcan los elementos técnicos y jurídicos de la materia electoral; 2) que sean capaces de construir un argumento y un posicionamiento frente a situaciones electorales; 3) que cuenten con aptitudes directivas y deliberativas; 4) que se apeguen a los principios rectores de la materia electoral y que 5) sean capaces de ordenar y comunicar claramente sus ideas.

Para medir dichas aptitudes, diseñamos una serie de pruebas a modo de filtros. El primero consistió en verificar el cumplimiento de requisitos que exige la ley. De los mil 994 aspirantes registrados, la Comisión de Vinculación determinó que mil 894 los cumplieron. De ellos, mil 646 (87 por ciento) se presentaron al segundo filtro, el examen de conocimientos. Su aplicación estuvo a cargo del Ceneval, institución reconocida en el diseño y aplicación de este tipo de pruebas que cuenta con altos estándares de seguridad para la protección de los reactivos. Ceneval dio cuenta de que 675 aspirantes, conforme a lo que señala nuestra normatividad, resultaron entre las y los 25 participantes con las calificaciones más altas en las entidades respectivas.

Posteriormente, en la Comisión de Vinculación con los OPLE determinamos que el CIDE fuera la institución encargada de la evaluación del tercer filtro —el ensayo presencial— cuyo objetivo era conocer la capacidad argumentativa de las y los aspirantes. El CIDE, apegado a los lineamientos emitidos, diseñó un mecanismo de evaluación en el que los dictaminadores de una misma entidad eran distintos y no sabían a quién evaluaban. De los 666 aspirantes que se presentaron al ensayo, 333 obtuvieron una calificación de por lo menos 70 sobre 100 en, al menos, 2 de los 3 dictámenes que generaron 3 evaluadores en lo individual, por lo que fueron considerados idóneos. A ellos se sumaron 19 aspirantes más que, después de ejercer su derecho de revisión, lograron aprobar. En total tenemos 352 candidatos idóneos.

Corresponde ahora entrevistar a los 352 aspirantes. Primero lo haremos con los correspondientes a Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz; posteriormente vendrán Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana Roo.

Cualquier intento de influir para que un candidato sea nombrado por nosotros, viniere de donde viniere, tendría que haber pasado por estos filtros, en los que el INE no participó y las instituciones que aplicaron las evaluaciones actuaron con independencia y autonomía de nosotros. El modelo permite, además, que los partidos políticos comuniquen sus observaciones e inquietudes sobre cada candidato y todos los resultados de las pruebas son públicos.

Por lo anterior, los integrantes de los nuevos OPLE serán ciudadanos que además de conocer su nuevo trabajo y las normas que deberán aplicar, surgirán de un proceso abierto y transparente en todas las etapas que culminarán con sus nombramientos.

Consejero electoral del INE

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