Colaboración especial

En el marco de la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en febrero de 2014 y conforme a lo previsto en el artículo Undécimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), el 23 de junio de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la participación de los titulares de los organismos garantes de todas las entidades federativas; de la Auditoría Superior de la Federación; del Archivo General de la Nación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, que entre otras funciones, estará encargado de coordinar el desarrollo de una política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en todo el país, así como de establecer e implementar los instrumentos que permitan fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

Sin duda, se trata de un mecanismo de coordinación y cooperación que permitirá avanzar en la definición de criterios que garanticen la atención homogénea del derecho de acceso a la información pública en todas las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órganos constitucionales autónomos, los partidos políticos y los sindicatos, así como por las personas físicas o morales que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

Empero, una vez realizado el acto protocolario de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia es necesario echar mano de todo el talento humano y las capacidades institucionales para atender la alta responsabilidad de ofrecer a las personas y a la sociedad en su conjunto un andamiaje normativo e institucional cuyo funcionamiento sea eficaz y eficiente.

En razón de que corresponde al Sistema Nacional establecer la normatividad y medidas necesarias para desarrollar, implementar y administrar en una sola plataforma los sistemas de solicitudes de acceso a la información; de gestión de medios de impugnación; de obligaciones de transparencia, y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, es decir, promover la homologación de procesos que rigen un derecho fundamental que favorece el ejercicio de otros derechos, quizá el primero y más importante reto que habrá de enfrentar el INAI es desplegar un liderazgo transformacional capaz de gestionar, promover, incentivar y articular la colaboración de todos los integrantes del Sistema para ejecutar un proyecto de esta magnitud, colocando por encima de cualquier interés individual o de grupo, la garantía de toda persona de acceder de manera ágil y sencilla a la información pública y contribuir, en esa medida, a mejorar sus condiciones de vida.

Se trata de generar sinergias que reconozcan la importancia de los mandatos de la ley, pero también el valor del rol que juega cada una de las partes del Sistema Nacional de Transparencia, para crear una cohesión en torno al cumplimiento de sus fines.

Hacer de la transparencia y el acceso a la información pública elementos que coadyuven a la consolidación de la rendición de cuentas, es y será siempre una aspiración legítima de la democracia, que exige del concierto de una sociedad más participativa y de un gobierno abierto y comprometido con el Estado de derecho, pero también, de órganos garantes capaces de asumir con responsabilidad y autonomía la dirección de ese concierto, donde la primera partitura sea reconocer, como suma del interés común, la voluntad política de todos los actores para desterrar las prácticas de simulación y la cultura de la opacidad, aún existentes.

Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

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