Los infortunios de Moreira

Alfonso Zárate

Lo que sigue faltando es la determinación política para llevar ante la justicia a los depredadores de los dineros públicos

En un país de impunidades, de crímenes sin castigo, Humberto Moreira representa, como pocos, los abusos de un poder sin límites, un poder que puede permitirse todo o casi.

Desde la gubernatura de Coahuila se apropió de los principales espacios de poder: el Congreso del estado y el Comité Directivo Estatal del PRI, que encargó a sus hermanos; y, en el colmo, le heredó la gubernatura a su hermano Rubén.

Humberto Moreira representa al pícaro que tiene un talento especial para engañar y siempre sacar ventaja. Pero todo empezó a cambiar para el gobernador “mejor calificado” del país cuando se conoció que la deuda pública que recibió de su antecesor, Enrique Martínez y Martínez, de sólo 323 millones de pesos, había alcanzado 36 mil millones tras urdir una compleja maraña que incluyó la falsificación de documentos oficiales.

Hasta hoy, no queda claro en qué se invirtió semejante suma. Una parte estaría en la vistosa obra pública, sobre todo en la capital, Saltillo; otra parte pudo haber sido empleada para “fondear” las campañas políticas para las gubernaturas de esos años y la presidencial de 2012; el resto habría llegado, se presume, a las cuentas del góber bailador y sus cómplices (algunos de sus colaboradores inmediatos adquirieron bienes inmuebles y estaciones de radio en Texas).

En perspectiva ultrafuturista, su llegada a la presidencia del PRI parecía una escala hacia La Grande en 2018. Sin embargo, las denuncias por el endeudamiento de Coahuila y la difusión de expedientes oscuros de Vicente Chaires Yáñez, coordinador administrativo de la presidencia del PRI y uno de sus hombres más cercanos, convirtieron a don Humberto en un lastre. A pesar de todo, las imputaciones apenas llegaron al secretario de Finanzas y al titular del SAT local; el “dueño” del estado no supo nada.

Después de haber vivido el éxtasis del poder, Moreira empezó a experimentar tiempos adversos, de infortunio. En octubre de 2012 su hijo mayor, José Eduardo Moreira, fue asesinado; al parecer, se trató de un acto de venganza de Miguel Ángel Treviño, el Zeta 40, por la muerte de un sobrino a manos de la policía del estado. Tres años después, el ex gobernador enfrenta la cárcel en España, país que eligió para una suerte de exilio dorado como acaudalado estudiante de posgrado.

Es muy temprano para saber si será juzgado en España por “lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal”. Algunos comentaristas especulan, sin más bases que la buena fe, que la autoridad española ha construido un caso muy “endeble”. Está por verse. En todo caso, más importante será seguir la pista de lo que ocurra en México; si el ex mandatario enfrentará cargos por todos los excesos en que incurrió en los años de su borrachera del poder; si la justicia mexicana investigará y llevará a proceso a personajes que, como el ex presidente del PRI, siguen haciendo de las suyas: beneficiando a su parentela, persiguiendo a los opositores, vaciando las arcas públicas...

En años recientes se han concretado intentos por limitar los abusos de los gobernadores. Las leyes de deuda y de responsabilidad hacendaria se proponen cerrar espacios para esos reyezuelos; incluso la transformación del IFE en INE se propuso evitar que los Ejecutivos locales sigan “metiendo mano” en los comicios y subordinando a la autoridad electoral. Sólo que, hasta ahora, se trata de una batalla con pobres resultados, como lo exhiben las denuncias contra Natividad González Parás y Rodrigo Medina en Nuevo León; Fidel Herrera y Javier Duarte en Veracruz; Emilio González Márquez en Jalisco; Armando Reynoso Femat en Aguascalientes y Guillermo Padrés en Sonora, además de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, ex gobernadores tamaulipecos.

Lo que sigue faltando es la determinación política para llevar ante la justicia a los depredadores de los dineros públicos y, por supuesto, dar un paso adelante en la postergada Fiscalía General de la República, como garantía de que la procuración de justicia no se mueva —o paralice— por cálculo político o criterio electoral.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario

@alfonsozarate

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