CNTE: ¿fin a la impunidad?

Alfonso Zárate

Por primera vez se observa una estrategia que involucra a distintas instancias federales para poner un alto a la CNTE

El jueves 29, tras un operativo de la Policía Federal, fueron detenidos cuatro dirigentes de la Sección 22 del SNTE (Oaxaca), la más beligerante del magisterio disidente aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A los cuatro profesores se les imputa delitos graves. Además, se sabe que también se han librado otras 26 órdenes de aprehensión contra quienes dirigieron las “tomas” de diversas instalaciones federales el 7 de junio pasado.

Las acciones en curso interrumpen una larga historia caracterizada por el pasmo de las autoridades estatales y federales ante los desmanes y la violencia de un movimiento que nació para frenar el empobrecimiento del magisterio, pero que terminó secuestrando al sistema educativo de Oaxaca.

Son varios los pasos que anticiparon la decisión de poner un alto a estos excesos. Si en un primer momento el gobierno federal decidió ceder a sus exigencias y construir arreglos ilegales en lo oscurito, todo empezó a cambiar tras las elecciones federales de junio. El discurso de la Secretaría de Gobernación se endureció: no dialogaría mientras los maestros no regresaran a las aulas.

La impugnación a la evaluación docente que promovió la CNTE por la vía judicial se estrelló con la resolución de la Suprema Corte, que el 23 de junio resolvió que la evaluación es constitucional; más tarde, en septiembre, ordenó al gobernador de Oaxaca y al Congreso del estado armonizar la legislación local con la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Desde el mes de julio, las cuentas bancarias de Rubén Núñez y otros cuatro dirigentes oaxaqueños fueron intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) tiene retenidos sus salarios. La pinza se iba cerrando.

El 20 de julio el gobierno recuperó al IEEPO, que por lustros había sido secuestrado por la disidencia. Ya no serían ellos quienes definirían puestos, promociones y sanciones ni manejarían a su antojo el presupuesto educativo; fue un golpe mayor. La capacidad de movilización y presión de la CNTE menguó: ya no tienen recursos para “movilizar” y saturar plazas y avenidas.

El 27 de agosto, un disminuido Emilio Chuayffet fue reemplazado por el Joven Maravilla de Peña, Aurelio Nuño, quien pronto definió los nuevos términos de la relación con la disidencia magisterial. A un tiempo, distintos medios de comunicación exhibieron documentos que prueban los ingresos abusivos de los dirigentes.

Casi al mismo tiempo, Gabino Cué fue “persuadido” de dejar de simular y cumplir con su responsabilidad; quizás con un grueso expediente armado por el Cisen con los excesos de un gobernador que está a poco más de un año de abandonar el cargo. Hoy, Gabino justifica las detenciones con un discurso que mantuvo en el cajón a lo largo de casi cinco años: “la ley no se negocia”. Los profesores detenidos, reconoció, participaron durante meses en actos constitutivos de delitos.

Finalmente, el gobierno reaccionó ante los atropellos encubiertos en la protesta social: el robo de camiones, el asalto a oficinas gubernamentales y de partidos, el secuestro y la vejación de funcionarios públicos. Por primera vez se observa una estrategia que involucra a distintas instancias federales: Cisen, PGR, Hacienda, Educación Pública y Gobernación con las autoridades estatales.

La dirigencia del SNTE, que encabeza el maestro Juan Díaz de la Torre, hizo su parte. El acercamiento con las bases desde el nivel de las escuelas y la negociación de mejoras en salarios y prestaciones sirvieron para mostrar al grueso del profesorado que su institucionalidad les rendía frutos.

Pero este no es el fin de la historia. En la asamblea estatal del fin de semana, la CNTE anunció bloqueos de carreteras, toma de centros comerciales, de oficinas estatales y federales y una marcha que partirá de la ciudad de Oaxaca y que llegará al penal del Altiplano, en el Estado de México. Y en Guerrero, Michoacán y Chiapas, núcleos duros de la Coordinadora, alistan sus armas. En efecto, ¿se acabó la impunidad?

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

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