Mintieron

Alejandro Encinas

El resultado de las investigaciones de la CIDH, así como los peritajes realizados por expertos, demuestran, contundentemente, que las autoridades tanto locales como federales: mintieron

El informe presentado este domingo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto al desnudo, una vez más, las debilidades y la corrupción que corroe a las instituciones públicas del país.

El resultado de las investigaciones de la CIDH, así como los peritajes realizados por expertos, demuestran, contundentemente, que las autoridades tanto locales como federales: mintieron.

Mintieron en su verdad jurídica e histórica.

Mintieron y manipularon la información. Todas las autoridades sabían lo que estaba sucediendo. El centro de información en materia de seguridad pública de Guerrero, el C-4, hizo el seguimiento de los hechos y transmitió la información en tiempo real. Por tanto, el Gobierno del estado, el Procurador y el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, al igual que la Procuraduría General de la República, la Armada de México y, en particular, el 27 Batallón de Infantería de la Defensa Nacional acantonado en Iguala -que además de contar con información de inteligencia, intervino y fue testigo omiso ante la flagrancia de los actos de violencia cometidos- tuvieron conocimiento de los sucesos.

Mintieron y alteraron la reconstrucción de los hechos y las escenas del crimen.

Mintieron al señalar que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en un relleno sanitario del municipio de Cocula, lo cual, como lo señalé hace meses en estas mismas páginas, era imposible, como hoy quedó acreditado con pruebas científicas y testimoniales.

Mintieron y engañaron a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Pretendieron dar carpetazo y cerrar la investigación, sin castigar a los autores intelectuales y materiales. Como lo demuestra el hecho de que el ex edil José Luis Abarca se encuentra detenido sólo por el homicidio del compañero Arturo Hernández Cardona, no por el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas.

Mintieron sin aclarar el móvil de los crímenes y la colisión de intereses y complicidades que permitió la operación de estos grupos de la delincuencia organizada con autoridades federales, estatales y municipales, y los cuerpos de seguridad en esta región de Guerrero.

A punto de cumplirse un año de esta noche trágica, de este acto de barbarie, cobra vigencia la tesis de que se trató de un crimen de Estado, del narco-Estado, así como las preguntas que formulé desde un inicio a la PGR y a los dirigentes del PRD:

¿Cuál fue el móvil que este grupo criminal persiguió para asesinar a tres estudiantes y otros tres civiles, y secuestrar a los 43 jóvenes hasta ahora desaparecidos?

¿Quiénes integraron la red de complicidades que permitió el desarrollo y la operación de estos grupos delictivos en esta región del país? ¿Quiénes son las autoridades federales o locales que incurrieron en acciones u omisiones que propiciaron estos hechos?

¿Cuál es el avance en la investigación sobre la penetración de grupos delictivos en los partidos políticos involucrados en el gobierno de los municipios de Tierra Caliente, y el eventual financiamiento a campañas políticas o a dirigentes partidarios?

¿A través de qué relaciones y mecanismos accedió el señor Abarca a su candidatura?  ¿Por qué no actuaron oportunamente ante las denuncias sobre el asesinato de al menos cuatro militantes perredistas a manos del ex presidente municipal de Iguala? ¿Quiénes promovieron para una diputación federal al señor Abarca y a su esposa a la dirigencia del PRD en Guerrero? Y, principalmente:

¿Dónde se encuentran los estudiantes desaparecidos?

Se requieren respuestas y acciones contundentes. Ni nuevos peritajes ni más dilación o simulación.

La tragedia humanitaria que vive el país exige la verdad sobre los hechos cometidos contra los estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa. Es imprescindible deslindar responsabilidades y ejercer, de inmediato, las acciones penales contra los autores materiales e intelectuales, las autoridades federales y locales, los representantes populares, los presidentes municipales y los dirigentes de los partidos políticos involucrados en estos actos de oprobio.

Senador de la República

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