David Garay Maldonado

, abogado general y comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó que el Blindaje Electoral está listo para proteger las elecciones del próximo año.

“Ya estamos preparados para los 3 mil 406 cargos de elección popular que se llevarán a cabo el próximo primero de julio del año 2018. Por ello será muy importante escuchar y poder tener un diálogo constructivo para ver cómo llevar de mejor manera lo que se ha denominado blindaje electoral, que tiene como fundamental elemento el proteger a las elecciones que se habrán de llevar el primero de julio del año próximo”, dijo.

Al instalar la Sesión Ordinaria 2017 del Comité Jurídico de la Sedesol, Garay Maldonado recordó que en los cuatro procesos ordinarios y dos extraordinarios que se llevaron a cabo en este año, no hubo carpeta de investigación que se abriera o procedimiento administrativo disciplinario contra ningún funcionario de la secretaría.

“En los procesos que se llevaron a cabo, los ordinarios, en cuatro entidades federativas en este año, así como los dos extraordinarios que se llevaron igualmente, no hubo ninguna carpeta de investigación que se abriera y no hay ningún procedimiento administrativo disciplinario, lo que significa que el blindaje electoral en estos procesos que se llevaron en 2017 fueron a cabalidad, sin involucrar a los programas sociales que pudieran afectar el cabal desarrollo de esos procesos”, comentó.

Ante funcionarios federales y especialistas jurídicos, el abogado general de la Sedesol indicó que durante la presente administración, los esfuerzos de la secretaría se han enfocado a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas más vulnerables, mediante el combate a las carencias sociales para contribuir a consolidar una sociedad más equitativa.

“Es indiscutible la importancia de las áreas que brindan apoyo jurídico a las distintas unidades y órganos administrativos desconcentrados de las dependencias, así como a las entidades paraestatales del sector, que en su conjunto integran este comité jurídico”.

Al tomar la palabra, Filiberto Ibáñez Juárez, coordinador general de asesores de la Sedesol, señaló que la operación de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) y su fundamento jurídico, tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento en beneficio de las familias más vulnerables mediante la coordinación eficiente de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido señaló que la intención de los programas de la Sedesol para establecer un nuevo enfoque en la política social y que busca disminuir carencias, “lo cual evidentemente ha funcionado, toda vez que de acuerdo al informe 2014-2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de 1.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza”.

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