Nestora el torbellino político

El caso de Néstora Salgado, candidata de MORENA a una posición en El Senado, tiene graves implicaciones, principalmente porque parece tener una cortina de humo si queremos llegar a conocer la verdad.

Lo mismo nos muestran en los noticieros de televisión a las víctimas de secuestro, acusándola, así como las declaraciones de José Antonio Meade manifestando que este caso judicial aún está abierto y por tanto, el caso de Néstora, de llegar al Senado, representa un caso de impunidad porque el fuero constitucional que trae aparejada la senaduría ofrece protección respecto al ejercicio de la justicia.

Podemos conceder que efectivamente sea inocente de los cargos que se le imputan. Sin embargo, si así fuese es indispensable que para llegar al Senado se demuestre fehacientemente que el caso está cerrado.

Este caso repite los cuestionamientos hechos con anterioridad a Andrés Manuel por la designación del líder minero Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado, siendo que tiene aún una investigación abierta por un supuesto fraude a los mineros por 55 millones de dólares.

Estos dos casos tienen en común la desinformación y la desconfianza, porque pareciera haber como objetivo la búsqueda del fuero.

El manejo mediático de ambos casos representa un estereotipo común y corriente cuando alguien trae investigaciones judiciales pendientes, se dedica a la política y quiere evadirlas: se victimiza y acusa “persecución política”.

Parece ser que MORENA no entiende que en estos dos casos simbólicos la honorabilidad institucional del Senado está en juego. ¿Cómo podrían legislar ambos para ofrecer certeza jurídica al país, representando ser guardianes del estado de derecho, quienes están enfrentando la justicia y su llegada al Congreso representa burlar la ley que debieran proteger?

Una persecución política representa la persecución por motivos ideológicos y de conciencia y no por asuntos prácticos del fuero común o el ámbito federal, como es lo que se cuestiona a ambos.

Este asunto no debiese ser electorero como lo pretende interpretar López Obrador, sino tomarse muy en serio por el precedente que puede derivarse en casos futuros, donde se paguen favores políticos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debiese atraer este caso y emitir un fallo que esté por encima de la Ley Electoral.

La SCJN determina la constitucionalidad de la interpretación de la Ley. En el ámbito de la percepción pública, el ciudadano ha perdido confianza en las instituciones y entre estas el Congreso, por la falta de honorabilidad de algunos de sus miembros, echando abajo el valor de la trayectoria del resto de los legisladores.

No podemos pretender proteger el “Estado de Derecho”, cuando quienes deben blindarlo son cuestionables.

Si en otros países el Congreso ha sido determinante para enfrentar casos de corrupción al más alto nivel político, es por la autoridad moral que le respalda y ese es un preciado capital que se debe proteger.

¿Usted cómo lo ve?

Facebook: @Ricardo.Homs1

Twitter: @homsricardo

Linkedin: Ricardo Homs

www.ricardohoms.com