Esta Elba Esther viene “con todo”. La mujer de salud delicada que nos presentaron en fotografías, victimizándola como si sufriera mucho en la cárcel, no corresponde a la que salió de prisión hace apenas unos cuantos días.

En su discurso nuevamente resurgió la “guerrera”, con mucha vitalidad y energía, como si se hubiese tomado unas largas vacaciones. Regresó totalmente rejuvenecida, como si regresara de una larga estancia en un “spa” de lujo. Regresó “reloaded”, o sea, con las pilas recargadas.

Los mexicanos debiésemos estar enojados por la forma en que nos manipularon la información de su cautiverio. Hasta parecía una prisión de verdad.

Que fue un encarcelamiento por razones políticas, no cabe duda. Sin embargo, para saber si es inocente del enriquecimiento inexplicable habría que remitirnos a la famosa frase de Juan Gabriel: “lo que se ve, no se juzga”.

La mansión de San Diego se ha convertido en el símbolo de su fortuna. Hay reportajes donde se valora en cinco millones de dólares y es sólo un ejemplo, pues circula públicamente información sobre sus bienes. Se le ha identificado una fortuna que seguramente no se acumula con el salario neto de un líder sindical.

Por ello en el ánimo colectivo su liberación parece indicar que todo sigue igual en el ámbito de la justicia aplicada con criterios políticos.

Ella se convirtió en la víctima de este sexenio como en su momento fueron Joaquín Hernández Galicia, denominado La Quina; Jorge Díaz Serrano, Eugenio Méndez Docurro y otros.

Sin embargo, es importante tratar de identificar los motivos de su encarcelamiento al inicio del sexenio y de su liberación hoy.

Es evidente que ella era un obstáculo para la instrumentación de la “reforma Educativa” que pretendía impulsar el gobierno del presidente Peña Nieto. No debemos olvidar que en los sexenios del presidente Fox y Calderón ella fue más que una líder sindical. Fue quien definió el camino de la educación básica en México. Ella manejaba a su antojo la SEP.

Su yerno, Fernando González Sánchez, fue subsecretario de educación básica en la SEP en el sexenio de Felipe Calderón y a través de él, seguramente ella tuvo el control, no sólo del magisterio, sino de las decisiones de esa secretaría en lo relativo a políticas educativas de educación básica.

Coincidentemente, Fernando González Sánchez participó en un rol muy importante en la última campaña del candidato López Obrador, para lo cual creó la agrupación “Redes Sociales Progresistas”.

Por tanto, para poder tener libertad de acción en el diseño de la reforma educativa, el presidente Peña Nieto tuvo que quitarla de en medio de forma definitiva y la mandó a prisión.

Hoy que el presidente López Obrador habla de dar marcha atrás a la reforma educativa y seguramente la necesitan retomando el control del magisterio, del modo en que lo sabe hacer: ejerciendo el poder absoluto, a la vieja usanza del sindicalismo mexicano, a través de la imposición. Es cierto que otorgó al sistema político y al país una relativa estabilidad controlando al grueso de la base magisterial, pero a un precio muy caro.

Sin embargo, contar con ella significa hacer uso de la “amnistía”, o sea, olvidarse de las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, tomando dinero del sindicato, que es de lo que la acusó originalmente la PGR.

Por lo visto, por cumplir una promesa de campaña, como es meterle mano a la reforma educativa, el presidente López Obrador empieza a sacrificar la promesa más importante que es el combate a la corrupción como un asunto de “principios”, “valores” y “justicia”, pues cuando se habla de valores y principios, no debe haber excepciones. Por ello desde siempre la imagen de la justicia lleva los ojos vendados: se debe aplicar sin distinción de personas. Si la justicia es selectiva, no es justicia: puede ser venganza.

La lucha contra la corrupción se desfondará si siguen haciéndose alianzas con quienes tienen un pasado cuestionado, como sucedió con Napoleón Gómez Urrutia, también líder sindical a quien MORENA le otorgó fuero constitucional otorgándole la plaza plurinominal de senador de la república, mientras los trabajadores de Minera México le reclaman haber tomado 55 millones de dólares que eran de ellos.

Ahora Elba Esther sale libre y retomará el sindicato, volviendo a ser la poderosa líder de siempre y dejando en el aire, sin justificar, la procedencia de una inmensa fortuna que sólo pudo provenir del magisterio.

Dando amnistía a los símbolos de la corrupción, a los que se otorga impunidad, la lucha contra la corrupción carecerá de “autoridad moral” para castigar a otros.

Un precio muy caro por pagar, apoyándose en el regreso de “los de siempre”.

Es la perversidad de nuestro sistema político.

¿Usted cómo lo ve?

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