Tiempo presidencial y la 4T (II y última)

Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes

El proceso político que la presidencia de AMLO impulsa con la Cuarta Transformación de la República, es revolucionario y es reformista a la vez. Deviene de una expresión democrática sin precedente en México que le dota de una amplia legitimidad.

Implica políticas de gran envergadura [educación, pobreza / política social, anticorrupción del sistema, ciudadanía moral] y un nuevo régimen político, que deben concretarse para el Presidente –y para el país- en el menor tiempo posible y para los ojos de adversarios y críticos de sus políticas, supone cambios que deben realizarse previniendo sus consecuencias y por etapas.

El politólogo Juan J. Linz delineó la tesis de una revolución preventiva, como proceso que evite que las transformaciones sean potencialmente irreversibles. Importa pues la velocidad del cambio de régimen y la transformación reformista de la vida pública, pero también la capacidad y eficacia para instrumentarla con resolución, contundencia, métodos democráticos y gestión pública integral.

El carácter revolucionario y reformista de la 4T requiere de una comunicación política eficaz que logre persuadir de los fines de la transformación del Estado, al tiempo que defina los ajustes de corto plazo y se adelante a los efectos de las reformas de raíz que se impulsan, de lo contrario, provocan la polarización de la convivencia, genera mayor incertidumbre en las élites e inversionistas y reverbera los conflictos preexistentes en el interior del país.

La destreza para manejar los tiempos en política es la piedra de oro para llegar a buen puerto. Todos los sectores y clases sociales esperan respuestas inmediatas a sus demandas: no hay concesiones.

En el caso de la política social es a todas luces importante no sólo desmantelar la corrupción que habitaba en los programas sociales sino también el rediseño integral de la política social, ya que -en efecto- personas y familias en condiciones socioeconómicas no apremiantes y solventes, incluso muy holgadas, se han formado indebidamente para recibir recursos presupuestales. Esa es parte de la lucha de poder y el amasijo de intereses que contrae el proceso político revolucionario hacia el cambio social, o que busca evitarlo a toda costa.

Son profesionales de Trabajo Social, así como organizaciones de la sociedad civil y disciplinas multidisciplinares afines con vocación democrática, quienes pueden acompañar al gabinete presidencial para diseñar las nuevas reglas de operación, los criterios de elegibilidad (como hemos conversado con Silvia Galeana de la O), los sistemas de registro confiable y transparentes a los ojos del país, sobre el nuevo destino del gasto público en los programas sociales, coadyuvando a definir estudios / diagnóstico sociales, sobre quiénes deben ser las personas, recipiendarios, colectivos, grupos y comunidades por su condición de vulnerabilidad, exclusión y pobreza en la era de la 4T.

El proceso político revolucionario / reformista de la 4T, para ser eficaz, debe ser no sólo intencionalmente intachable en sus fines, sino funcional y democrático en su realización, en sus resultados por el bien común: la depuración de los padrones de beneficiarias y ciudadanos impactados por programas sociales, exige pues un proceso de comunicación que convenza que la actuación ética ciudadana no puede postergarse, que muestre con conocimiento de causa (con la lente de Trabajo Social) los criterios y condiciones reales que justifican la redistribución de los recursos y a su vez, que la sociedad esté informada de manera progresiva, transparente y tangible, a quiénes y porqué el Estado debe destinar sus recursos hacia ellos.

El tiempo sexenal es el parámetro temporal para lograr optimizar los cambios de la 4T, a tiempo y en tiempo revolucionario y reformista; para ello es clave mantener la decisión política resuelta en carácter y visión, consistente, sobre el dictado del presidente sobre los nuevos fines de la nación y a la vez exige, un proceso decisorio democrático, en el que las políticas gubernamentales logren madurar con la participación del gabinete -un gabinete resuelto, proactivo y protagónico- las instituciones y los actores sociales, para que, en palabras de Juan Linz, “no se provoquen fracturas sustanciales en lo económico y lo social” y por otro, opositores al nuevo régimen y la ciudadanía, en contra de su propia voluntad, deseen mantener las transformaciones impulsadas, porque su abolición, “se demostrará demasiado costosa y conflictiva”.

Una perspectiva presidencial de largo plazo para la 4T, asumirá la importancia del tiempo como variable continua y le permitirá afrontar acontecimientos inesperados, lo que supone mayor cautela en elegir y destacar las metas finales, atribuir importancia a cada paso realizado en el proceso de acercamiento a las mismas, ya que “una evaluación apresurada de metas y su instrumentalización, para fines de propaganda, impediría después al régimen exhibirlos como prueba a posteriori de su eficacia y rendimiento” [Linz, El factor tiempo en un cambio de régimen, 1994, p.70].

El exhorto moral y las metas de la 4T, madurarán favorablemente en tiempo y obra revolucionaria si se acompaña de la capacidad de resolver los conflictos y resistencias que naturalmente generan al interior de la sociedad, en el corto plazo, pero también, de la formación de cuadros de Estado, el rediseño comunitario de políticas y programas, que puedan dar al país un futuro más promisorio.
 

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