¿Blanco o negro?

La rectoría de la educación es tarea del Estado, pero la responsabilidad de la educación es tarea de todos. El pobre resultado educativo que tiene México en comparación con otros países se explica por diferentes razones. Una de ellas es el bajo involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. Otra razón muy importante se atribuye a áreas de oportunidad en el diseño e implementación de políticas públicas educativas.

Esta dicotomía no es un problema de México únicamente. En realidad, es un reto de al menos todos aquellos países con mejores resultados educativos que el nuestro. Siendo así, ¿de qué se han valido otros gobiernos para recalibrar sus políticas públicas y enriquecer el proceso educativo bajo su mandato? Aunque la respuesta no es única, hay una constante presente en todos los casos: el involucramiento de la sociedad civil organizada.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cuentan con atributos muy interesantes que pudieran enriquecer el quehacer gubernamental. Normalmente las OSC están ancladas en atender necesidades específicas en contextos locales. Su propuesta de valor la centran en problemáticas que el gobierno no está atendiendo con cabalidad. Es común que sus modelos de atención estén actualizados con las últimas tendencias, que sus soluciones adapten prácticas exitosas internacionales y que evalúen consistentemente el impacto de sus apoyos en sus beneficiarios. Esto genera un escenario de creación de buenas prácticas que pueden ser de gran referencia en el marco de políticas públicas.

Esta combinación de fortalezas ha permitido que el sector tenga un tamaño considerable en México. Según el Centro Mexicano para la Filantropía, existen más de 33,000 OSC (de las cuales más de 8,000 son donatarias autorizadas) que representan un poco más del 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el país. Adicionalmente, las OSC han contribuido en resoluciones gubernamentales a favor de la transparencia, el combate a la corrupción, la mejora de la calidad educativa, atención de problemáticas de salud específicas y la generación documentos de investigación de alto rigor científico y valor informativo. En resumen, el tercer sector ha sumado valor a México.

Ahora bien, también tenemos que reconocer que las OSC tienen limitaciones y desventajas. En primer lugar, no cuentan las mismas economías de escala que maneja el gobierno. Por otro lado, no tienen injerencia directa en políticas públicas, lo que reduce su cobertura de influencia. Finalmente, no siempre tienen la razón, pero sus casos de éxito pueden fungir como la piedra de toque para canalizar esfuerzos de manera más certera y atinada.

Por ello, en un mundo donde los problemas y soluciones no son blancos o negros, la experiencia acumulada de las organizaciones de la sociedad civil debería representar una fuente de información muy rica para los candidatos presidenciales. No cabe duda que cada uno de ellos podría complementar sus propuestas de campaña al nutrirse de lo mejor de las iniciativas puestas en marcha en los lugares más recónditos de nuestro país.

Es así como un grupo de OSC que llevan años velando a favor del sector educativo, lanzaron una iniciativa llamada “10 por la Educación”, que pretende abrir espacios de diálogo con los candidatos presidenciales. El 8 de mayo de 2018 se llevará a cabo un evento para conocer sus posturas, su visión en torno a los retos educativos que enfrenta nuestro país y cómo podemos avanzar en su solución. Hemos invitado a los tres candidatos, confiamos en que aceptarán nuestra invitación, sus propuestas permitirán que ejerzamos un voto informado. El blanco y el negro son conceptos del pasado; las democracias maduras promueven el diálogo.