Se trata de la segunda fase de un lineamiento previo expedido en enero de 2015, en consonancia con los nuevos ordenamientos para atacar el flagelo.

“La corrupción —señala la exposición de motivos— es un fenómeno que lastima gravemente valores sociales como el respeto, la transparencia, el apego a la verdad, la integridad y la honestidad”.

Más aterrizado: “El abuso de cualquier posición de poder público o privado, con el fin de generar un beneficio privado indebido, a costa del bienestar colectivo o individual”.

La ruta plantea como raíces, entre otras, integridad en las inversiones y en las relaciones de negocios, transparencia en las aportaciones con fines políticos, responsabilidad en la política para evitar la corrupción, compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios.

Las rutas apuntan desde el desarrollo de programas de integridad, y sus correspondientes controles, hasta la creación de sistemas confiables de denuncias. El escenario, naturalmente, reconoce que la corrupción no es privativa de los funcionarios públicos.

De lleno en el tema, se habla de pecados capitales: sobornos, nepotismo, colusión, tráfico de influencias, cohecho, entrega de pagos facilitadores o aceleradores…

La posibilidad habla incluso de otorgamiento de ventajas, privilegios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas de cara a funcionarios públicos; entidades que manejan recursos públicos y tengan facultades de autoridad frente a particulares, incluso de funcionarios de empresas privadas.

La prohibición habla de regalos, viajes, donaciones, comidas fuera del sitio ordinario de trabajo con valor excesivo…

Las empresas que se adhieran al Código deberán adoptar una política estricta respecto a la entrega y recepción de regalos, incluyendo comidas, viajes, entretenimiento y hasta uso de artículos promocionales, que pudieran ser interpretados como un soborno o implicar un conflicto de intereses.

En el largo catálogo se solicita establecer controles para apegarse a las leyes electorales en relación con aportaciones en especie o efectivo y donaciones que apunten directa o indirectamente a partidos políticos.

La previsión incluye a colaboradores de las empresas, directivos o accionistas.

Desde otro ángulo, se pide respetar las preferencias y aun militancias políticas de los colaboradores, salvo que interfieran en la vida ordinaria y operación de la empresa.

Aunque las firmas grandes cuentan con manuales de integridad, la recomendación apunta a transparentar las sanciones o consecuencias derivadas de su infracción.

El horizonte debe cubrir programas específicos que promuevan el respeto a las personas, sean colaboradores, proveedores o asociados.

La recomendación apunta también a crear, vía un proveedor independiente, un sitio electrónico o telefónico para recibir sin costo denuncias anónimas sobre incumplimiento de los lineamientos del código.

Éste fue elaborado, a iniciativa del presidente de la cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón, con participación, entre otros, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La otra cara de la moneda.

Balance general

. A contrapelo de la tensión derivada de los exabruptos de ruptura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los cada vez más intensos señalamientos oficiales de que México puede vivir sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ayer se inició sin contratiempos en Washington la cuarta ronda de renegociación del acuerdo mercantil.

En la agenda, sin embargo, se ubican temas que necesariamente generan jaloneos. Estamos hablando del capítulo de compras de gobierno en que se plantea un trato regional, es decir, incluir a empresas de Canadá y EU en licitaciones convocadas para nacionales.

Otro punto conflictivo es el relativo a la corrupción, integrado al marco las sanas prácticas regulatorias.

Además, están en la lista las medidas de protección fitosanitaria que Estados Unidos ha utilizado recurrentemente para cerrar la frontera, en paralelo a textiles, medio ambiente y servicios financieros.

Sólo para damnificados. En ejercicio de su tarea social, abogados del prestigiado bufete White & Case han elaborado pro bono, es decir, sin cobro al calce, una serie de recomendaciones para damnificados del sismo.

El listado apunta desde qué hacer para reponer documentos, los trámites sucesorios para deudos, las solicitudes de revisión a inmuebles dañados, los trámites frente a ins tituciones financieras, ya por tarjetas bancarias, seguros contra daños, beneficiarios de cuentas de cheques e inversiones, además de seguros de vida. Más allá, se detallan lineamientos para promover acciones legales, ya en la vía civil o mercantil, o acciones colectivas.

La ruta se puede consultar a través del sitio electrónico whitecase.com.

Haga de cuenta que los abogados lo llevan de la mano.

¿Libertad de expresión?.

En su respuesta al oficio que le dirigió el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Concanaco, Adolfo Guerra Saba, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sinaloa, Guillermo Romero Rodríguez, señala que las imputaciones que le hacen son falsas y carecen de sustento.

Sin embargo, alude a que el ejercicio de la libertad de expresión consagrado en la Constitución está por encima de órganos de gobierno de la cúpula mercantil.

Ahora que desde el plano técnico se queja de no haber tenido acceso al expediente, de citarlo con un día de anticipación a la recepción del escrito, cuando los estatutos fijan un plazo de 15. La paradoja del caso es que la negativa de darle acceso al expediente se valida según ello por no haberse reunido la citada comisión.

Romero Rodríguez entabló un juicio de amparo indirecto ante el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa frente a su destitución como integrante de la Mesa Directiva, obteniendo una suspensión que le permite ingresar al edificio sede del organismo empresarial.

Hombre de negro.

Entre la catarata de políticos, empresarios, líderes indígenas en busca de registro como candidatos independientes a la Presidencia de la Republica está el ex presidente de la Concamin Silvestre Fernández Barajas.

Más que como dirigente, éste cobró celebridad al lanzarse, hace algunos años, como candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, en medio de una campaña que lo identificaba como “hombre de negro”.

Vestido de luto, recorría calles y subía a los camiones en busca del voto.

La elección la ganó Cuauhtémoc Cárdenas, rompiendo la larga hegemonía priísta.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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