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Slim, juez y parte

Alberto Barranco

La señal es simple. Dialogar con el equipo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre su propuesta de sede alterna implicaría, de facto, considerarlo vencedor de los comicios.

De ahí que en su larga alocución de hora y media el rico más rico de México no lo haya mencionado una sola vez. De ahí la convocatoria a un diálogo con todos los candidatos planteada por un grupo de organizaciones encabezado por la Concamin, “para despejarles sus dudas sobre el nuevo aeropuerto”.

El problema es que Carlos Slim se coloca como juez y parte en el asunto.

Desde un ángulo, en el diseño del proyecto participó su yerno, Fernando Romero, creador del Acuario Inbursa y del Museo Soumaya, al lado del británico Norman Foster, a su vez creador del aeropuerto de Beijing.

Más allá, el brazo financiero del imperio Slim adquirió una parte sensible de los papeles de deuda emitidos por una Fibra para financiar la construcción de la terminal.

Y si le seguimos, la Operadora Ciesa, propiedad del magnate, alcanzó con la española FCC Construcción dos contratos para la construcción, concretamente el propio edificio terminal y la pista 3, cuya contraprestación araña los 100 mil millones de pesos.

Propuesto originalmente como director general del proyecto, el ex director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, éste declinó ante sus problemas de salud que afectan su capacidad locomotora. Sin embargo, se quedó como una suerte de asesor y consultor en materia de ingeniería.

Este es hermano de Arturo Elías Ayub, otro de los yernos de Slim.

En su lugar se colocó al ex gobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez, quien a pesar de haber aplanado la posibilidad de conflictos sociales con los propietarios de parte de las 5 mil hectáreas en que se asentaría la terminal, fue prácticamente obligado a renunciar.

De entrada sufrió una suerte de boicot presupuestal por parte del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. La puntilla llegó cuando le dijeron que no acordaría más con el presidente Enrique Peña Nieto, ni con el secretario de Gobernación, entonces Miguel Osorio Chong.

Sus acuerdos, pues, serían con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Aunque desde el fin de semana había invitado a una rueda de prensa el magnate Carlos Slim, esta llegó simultánea a la aparición en redes sociales de una historieta en que se critica la viabilidad del terreno de Texcoco: “Un aeropuerto que no debe aterrizar y una alternativa de solución”.

En las 12 páginas se habla, por ejemplo, de que el costo original de la terminal, calculado en 169 mil millones de pesos, ya se elevó a 250 mil debido al rellenado del terreno.

Se calcula que en la carretera Peñón-Texcoco circularon al menos 20 mil vehículos de carga repletos de cascajo.

El cómic editado según ello por el equipo que produjo el socavón, ahora el “socavión”, habla de que según técnicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el terreno se hunde dos metros por año, al confluir con nueve ríos, lo que reclamaría complejas obras hidráulicas, viales y de transporte que no aseguran su funcionamiento.

Aeropuerto de la discordia.

Balance general. De acuerdo con un estudio mandado a realizar por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la exigencia de separar funcionalmente a Teléfonos de México colocada en la mesa por el Instituto Federal de Telecomunicaciones es arbitraria e innecesaria.

El organismo, se aduce, no realizó evaluaciones de impacto financiero o laboral, ni un análisis de costos y beneficios.

El IFT tuvo a su alcance otros instrumentos regulatorios que habrían permitido equilibrar a las firmas Telmex y Telnor bajo principios no discriminatorios, como equivalencia de insumos o separación contable por servicios.

No hubo análisis con relación al sector de telecomunicaciones en su conjunto, de cara, por ejemplo, a los incentivos para invertir; el desarrollo de la competencia y el efecto sobre los consumidores.

La conclusión habla de que el órgano regulador perdió la oportunidad de corregir de forma efectiva al mercado mayorista.

Multas en el limbo. ¿Se acuerda usted del escándalo provocado por imposición de multas por mil 100 millones de pesos a cuatro administradoras de fondos para el retiro, acusadas de prácticas monopólicas absolutas en su modalidad de colusión, para retrasar los cambios de intermediarias solicitados por los usuarios?

Bien, pues hasta el momento, más de un año después, el dinero de las sanciones no ha llegado a las arcas de la Tesorería de la Federación.

El asunto lo siguen litigando los afectados, es decir Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP, alegando que es inconstitucional el fallo de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sigue la mata… En más de lo mismo de la nebulosidad en que se desarrollan las licitaciones públicas, hete aquí que la Secretaría de Educación Pública le acaba de levantar el brazo a las empresas Gott und Glück y Micmar para recibir un contrato de Servicio Integral de Aseo y Limpieza de sus unidades administrativas y órganos desconcentrados.

El problema es que las firmas incumplieron con algunos puntos de la convocatoria, concretamente el numeral 6.1, que obligaba a precisar el monto de la oferta con moneda nacional a dos decimales y con IVA desglosado.

El numeral 9.3 advertía que la evaluación de las ofertas sólo era factible cuando los interesados se apegaran a las condiciones expresadas en la convocatoria.

Los inconformes ya presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia.

Bloguero. Quien ha resultado una revelación como bloguero es el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. A 10 años de que abriera su sitio de internet ha publicado 320 entradas, con 4.8 millones de visitas y 10 mil 500 comentarios.

En la última colaboración, Salinas Pliego habla de su lucha por las libertades individuales y la libre expresión de las ideas, enfatizando la necesidad de diálogo ante todos los sectores de la sociedad.

En la bitácora se ha hablado del gasto público, la rentabilidad social de las microfinancieras, y la búsqueda de alternativas para combatir la pobreza.

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