Hora cero para sindicatos blancos

Alberto Barranco

La sorpresiva descongelación en el Senado de una iniciativa para incorporar al país al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que se aprobó ayer, provocó la ira del Consejo Coordinador Empresarial, bajo el argumento de no haberse realizado consultas previas con las partes afectadas.

Concretamente, la cúpula de cúpulas habla de haberse violado otro Convenio, el 144, de la propia OIT, relativo a la exigencia de instrumentar consultas cuando se toquen cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo.

Lo cierto es que en su momento el Senado abrió debates y mesas redondas sobre el tema, tras habérsele enviado como una exigencia de la negociación del frustrado Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

La cuña se había planteado como alternativa para equilibrar la principal ventaja competitiva de Vietnam en el concierto, es decir, miserables salarios de trabajadores de maquiladoras textiles y del calzado.

El convenio le abriría la puerta a éstos para su posible sindicalización independiente.

Y lo cierto, por lo demás, es que el documento lleva 62 años en discusión ante la inconformidad ya de las otrora poderosas centrales obreras y los organismos patronales.

La primera vez que se intentó su ratificación fue en 1956, oponiéndose la representación obrera en el Senado a uno de sus capítulos que impedía la llamada cláusula de exclusión prevista en la Ley Federal del Trabajo, vía la cual se cancela la plaza laboral a los trabajadores que sean expulsados del sindicato. La OIT no aceptó que México tuviera la excepción.

El documento fue confeccionado por el organismo multilateral en 1949 como Convenio de Sindicalización y Negociación Colectiva, colocándose como punto toral en la exposición de motivos que los trabajadores gocen de protección adecuada contra todo acto de discriminación tendiente a coartar la libertad sindical con relación a su empleo.

En la ruta se prohíben los llamados “contratos de protección” de sindicatos blancos que aceptan atenuar el peso de los convenios laborales para favorecer la causa patronal, a cambio de mordidas.

En paralelo, se plantea el compromiso de los países signantes de garantizar la aplicación efectiva de las leyes laborales internas sin intervenir en la vida de los sindicatos.

El texto habla de “mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida, además de proteger, fortalecer y hacer valer los derechos básicos de los trabajadores”.

Aunque las Juntas de Conciliación avalan la posibilidad de recuento cuando una parte de sindicalistas está en desacuerdo con la representación, el trámite tarda años y, en ocasiones, resulta manipulado el ejercicio por la parte en el banquillo.

De hecho, en el pasado había muertos.

El Convenio le abre la puerta a la posibilidad de enfrentar añejos cacicazgos ya en el sindicato petrolero, el ferrocarrilero y el de telefonistas.

En paralelo, coloca de espaldas al callejón a las maquiladoras, tradicionalmente ayunas de representación sindical, colocándoles de pasadita un jaque a los abusos laborales de las empresas outsourcing o tercerías.

Paréntesis de 62 años.

Balance general. Aunque en el Senado se decidió tomar con calma la exigencia de integrar una comisión especial para investigar los desvíos de que acusa la Auditoría Superior de la Federación a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano, bajo el mandato de Rosario Robles, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados está exigiendo a la Procuraduría General de la República informar sobre el avance de las denuncias interpuestas por las instancias.

Estamos hablando de 21.

La trama, como usted sabe, fue utilizar a universidades públicas como fachada para otorgarles contratos que a su vez maquilaron empresas hechizas o fantasmas creadas para el efecto. Al escenario se le conoce como Estafa maestra.

Aunque Rosario Robles ha declarado que no existe irregularidad alguna, no hay ningún documento oficial que avale su exoneración. La PGR lleva más de un año “estudiando” los expedientes sin atreverse a consignarlos ante un juez, pero tampoco declararlos insustanciales

Presiona América Móvil. Ponderada la reforma en telecomunicaciones como una suerte de trampolín para multiplicar la inversión, hete aquí que el globo se desinfló a partir de 2016.

Al año siguiente éste se contrajo 27%, es decir, que se dejaron de invertir 25 mil 596 millones de pesos. El principal motor fue la disminución del presupuesto de infraestructura de América Móvil, de Carlos Slim.

La caída fue de 46.3%.

Si en 2013 las apuestas en la materia habían alcanzado 60 mil 779 millones de pesos, que en 2015 llegaron a 73 mil millones, para alcanzar 85 mil 80 millones en 2016, en 2017 se llegó sólo a 64 mil 484 millones.

Aunque la competencia mantuvo el ritmo, colocándose, por ejemplo, apuestas de Televisiva Telecom por 20 mil millones de pesos, no hubo forma en equilibrar las cifras.

La paradoja del caso es que sin invertir mayormente, América Móvil se llevó ese año más de 59% de los ingresos del sector.

La sospecha es que se trata de presionar al próximo gobierno para que le relaje la regulación de dominancia.

No a fusiones. Anunciado ante empresarios de Monterrey por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el regreso de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior como una sola unidad, en paralelo a la fusión del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios con la Sociedad Hipotecaria Nacional, se está creando un frente opositor a esta última.

La exposición de motivos habla de que la segunda contaminaría al primero, dados sus problemas de capitalización.

Dicho con todas las letras, Banobras tendría que inyectarle recursos para mantenerla a flote, lo que mermaría su propia capacidad crediticia.

Lo cierto es que el llamado “banco del federalismo” ha sido rebasado por la banca comercial en materia de créditos para entidades federativas y municipios.

La Secretaría de Hacienda lo utilizó como instancia a resguardo de fideicomisos con recursos públicos.

Merma al fisco. De acuerdo con el cálculo de los expertos, la posibilidad de que el próximo gobierno reduzca los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte del país implicaría una merma al ingreso fiscal de la federación de 155 mil millones de pesos.

La carambola les pegaría a su vez a las entidades federativas en sus participaciones, con 53 mil millones de pesos.

El efecto dominó afectaría la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, del aplicable sobre la renta y de los Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios a nivel local y federal.

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