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Crisis política por deudas estatales

Alberto Barranco

Enérgico, severo, duro, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le reclamaba públicamente al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rendir cuentas sobre un préstamo de 2 mil millones de pesos obtenido por la entidad federativa colocando como garantía las participaciones federales

El manotazo en la mesa; sin embargo, contrasta con la pasividad frente a otro obtenido por su antecesor, César Duarte, éste de 6 mil millones de pesos a semanas de terminar su gobierno.
 

A quién le importa si éste recibió la silla con una deuda de 14 mil millones de pesos y la dejo con 41 mil millones, equivalente al doble del total de ministraciones del gobierno federal durante un año.

 

A quién le importa si las entidades más endeudadas en relación con sus posibilidades de pago apuntan a gobernadores acusados de corrupción cuyos titulares están en la cárcel, prófugos o al menos en entredicho.

 

Estamos hablando, además de Chihuahua, de Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Sonora.

 

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, acaba de colocar el dedo en el centro de la llaga: “La Federación es condescendiente y omisa y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas. El resultado es un gasto público desencadenado que no genera infraestructura adecuada ni provee a los ciudadanos de servicios públicos de calidad”.

 

El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda se originó por el congelamiento de una partida extraordinaria de ayuda frente al estrago financiero heredado. El cable se cortó cuando la entidad denunció un desvió de recursos estatales hacia el PRI.

 

Aunque la nueva Ley de Disciplina Financiera prevé alertas tempranas de Hacienda sobre entidades que bordean el sobrendeudamiento, el pozo se tapó después del niño ahogado.

 

Más aún, el ordenamiento no tiene tentáculos para revisar los débitos que se ocultan en fideicomisos, como ocurrió en el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla al heredar deudas por 47 mil 131 millones de pesos, con la novedad de que se reportaron sólo 6 mil 608 millones.

 

Durante el gobierno foxista, la Secretaría de Desarrollo Social intentó hurgar sobre las partidas ejercidas en el renglón durante el gobierno de José Murat en Oaxaca, topándose con una disposición al vapor del Congreso local que impedía la auscultación.

 

La paradoja del caso, frente a los reclamos de soberanía local, es que la Federación provee 90% de los ingresos en el promedio de las entidades federativas.

 

Y aunque la ley determina que cuando se reparten partidas adicionales, es decir, no presupuestales, se debe destinar una parte para amortizar deuda. El problema es que éstas no siempre apuntan a las entidades con mayor deuda.

 

El año pasado, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda le entregó a las entidades federativas 29 mil 556 millones adicionales a sus participaciones, por más que imperó el criterio político.

 

Así, el Estado de México se llevó la mayor rebanada del pastel con 8 mil 765 millones, seguida de Jalisco con 4 mil 444, por más que a la Ciudad de México le tocaron 5 mil 230.

 

Las dos primeras entidades tienen gobierno priístas.

 

¿Piso parejo? ¿Gobierno para todos sin distinción?
 

Balance general. En el insólito de la temporada, pese a haber sido declarada en quiebra, la empresa Oceanografía podría volver a operar. El milagro lo logró un convenio planteado a solicitud del presidente de la firma contratista de Pemex, Amado Yáñez, que recibió el visto bueno de 50.9% de los acreedores.

 

Este los obliga a aceptar una “quita” de 96% de sus facturas pendientes.

 

La deuda total de la firma acusada de fraude por Banamex alcanza 12 mil millones de pesos.

 

La empresa, de lograr Yáñez apoyo financiero, operaría con 15 de los 52 barcos con que llegó a ser contratista estelar de Pemex.

 

De los 700 empleados de la firma con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, apenas le queda una docena, colocándose en la mesa alrededor de 600 demandas laborales.

 

La paradoja del caso es que Banamex nunca logro acreditar ante el juez del Concurso Mercantil, Felipe Consuelo Soto, el fraude con operaciones de factoraje de que acusó a la firma.

 

Según ello se habían falsificado facturas de Pemex que sin embargo fueron cobradas.
 

Bansefigate. La gran pregunta es bajo qué criterio se le dio al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, un contrato para dispersar, vía tarjetas de débito, apoyos para damnificados del temblor del siete de septiembre en Chiapas y Oaxaca, sin tener la experiencia necesaria.

 

La intermediaria no tenia forma de proteger a los usuarios frente a posibles falsificaciones de los plásticos, ni de emitir alertas frente a usos distintos al objeto de la reconstrucción de viviendas.

 

De acuerdo con una segunda investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se hicieron compras que debían haberse bloqueado en tiendas de autoservicio, pizzerías y venta de celulares ubicadas en Veracruz, Jalisco y Quintana Roo con tarjetas hackeadas.

 

Originalmente el organismo había denunciado el inaudito de plásticos para el mismo beneficiario repetidos hasta 34 veces.

 

Los recursos los había depositado el Fondo de Desastres Naturales en el banco encabezado por Virgilio Andrade, quien se empecinó en el uso de tarjetas de débito para “bancarizar” a los damnificados.
 

Insiste Mota-Engil. Declarada desierta una licitación convocada para la construcción del Centro de Transporte Terrestre del nuevo Aeropuerto Internacional de México, como se le rebautizó, la exposición de motivos habla de que los participantes habían pretendido montos por encima del presupuesto aprobado.

 

El caso es que la firma portuguesa Mota-Engil se inconformó alegando que su oferta sí estaba en el parámetro.

 

Colocado un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, ésta le exigió a la convocante clarificar cuál era el tope, con la novedad de que Mota-Engil tenía razón.

 

El parámetro planteado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México era de 8 mil 974 millones de pesos, sin considerar el IVA. Y aunque la firma portuguesa planteaba 9 mil 517, el monto incluía el tributo.
 

Apoyo de Afores. Durante el año pasado llegó a un billón 66 mil 715 millones de pesos el monto de financiamiento para proyectos productivos emanado de los ahorros de los trabajadores inscritos al Sistema Nacional para el Retiro.

 

Solamente ese año el salto fue de 162 mil 752 millones.

 

El alcance oscila desde instrumentos estructurados como Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s) o Certificados en Proyectos de Inversión (CERPI’s), hasta las llamadas Fibras para adquisición de inmuebles. En total la participación alcanza a 13 de ellas.

 

 

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