Año de Hidalgo

Estamos hablando de aquellos de más de 36 toneladas de capacidad o de longitud mayor a 6.5 metros, a quienes se les prohibió o se les limitó a circular por determinadas vías.

Aunque la exposición de motivos habla de evitar caos vial en la zona metropolitana de Monterrey, la disposición se anula cuando la empresa dueña de los transportes le hace una contribución fiscal al municipio respectivo.

El monto de ésta equivale de dos a 75 UMA, es decir, la unidad de medida en sustitución de los salarios mínimos, cuyo monto oscila entre 160 y 6 mil pesos.

La cuota avala un “permiso”, cuya duración alcanza de uno a 30 días.

Naturalmente la medida es con cargo a cada uno de los municipios que se crucen.

La exposición de motivos, decíamos, habla de obtener mayor agilidad en el tránsito y en consecuencia menor polución.

Sin embargo, el remedio resulta peor a la enfermedad, pues al restringirse la circulación de los vehículos de carga federal, la tarea la realizan transportes de menor tamaño, lo que implica más motores contaminando.

La capacidad de un vehículo de doble remolque, cuyo largo alcanza 30 metros, equivaldría a 21 camiones con capacidad de carga de 2.3 toneladas y volumétrico de 10.5 metros cúbicos.

Ahora que la posibilidad de un tractocamión de un solo remolque, cuyo largo alcanzaría 15 metros equivaldría a 11 vehículos del mismo tipo.

La diferencia de anchura es de 2.9 contra 1.9 metros.

Naturalmente, como alguna vez se intentó en la Ciudad de México, exactamente durante la regencia de Carlos Hank González, las empresas que requieren utilizar transportes pesados estarían dispuestas a un horario restringido en determinadas vialidades.

En aquel entonces la veda era de las 6 a las 10 de la mañana en el área del Circuito Interior.

Ahora que el sustento de los municipios de la zona conurbada a Monterrey se apuntala en reglamentos internos de tránsito y vialidad que se oponen a disposiciones estatales y desde luego federales.

El problema, además, es que el “ejemplo” está tratando de cundir a otras entidades aprovechando la posibilidad recaudatoria que se omite en el juego perverso de la “mordida”.

Año de Hidalgo.

Balance general.

El 21 de febrero del año pasado, la doctora en Derecho, Lilia Cortés García, presentó ante el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, un reclamo de destitución contra el que era titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

La exposición de motivos hablaba de abuso de autoridad y desacato de manera reincidente y flagrante violación de los derechos y garantías individuales de la quejosa.

El documento fue sellado el 24 de febrero por la Dirección General de Documentación y Análisis de la oficina del Procurador.

La razón apuntaba a que el funcionario había incurrido en desacato al soslayar una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que ordenaba restituir a la demandante como directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos de la que se le había separado durante la gestión de Francisco Gil Díaz.

Cortés García alegaba haber solicitado una y otra vez por escrito el cumplimiento del apremio, tras emitirse un laudo a su favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, vía el procurador fiscal, Max Alberto Diener Sala.

Hasta hoy, más de un año después, la denuncia permanece dormida.

Crucial

. De acuerdo con el principal negociador de México a la mesa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Kenneth Smith se espera cerrar al menos siete capítulos más en el marco de la octava ronda a celebrarse en Washington.

Con ello se alcanzarían 13 palomeados de un total de 30.

La mira apunta a comercio digital, telecomunicaciones, obstáculos técnicos al comercio, energía, empresas estatales y sector financiero.

Se habla, además de avanzar en el capítulo de reglas de origen en el sector automotriz y solución de controversias en el marco de contrapropuestas planteadas por el país y Canadá.

Lo cierto es que de no cumplirse la alternativa, la esperanza de final feliz se desvanecería como lo ha reconocido el propio secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

La cita está prevista para el 8 de abril.

Resucita Concamin.

Levantadas dos manos en reclamo de la palabra durante la asamblea general ordinaria de la Concamin, aparentemente en reclamo de que se revisara la contabilidad de los votos a la vera de los reclamos del ex tesorero del organismo, Rodrigo Alpízar, la posibilidad se desistió a la vera de la ovación cuando se informó que el resultado oficial favorecía a Francisco Cervantes Díaz.

En el evento estaba el abogado general de la Secretaría de Economía, Andrés Alejandro Pérez Frías, quien había sancionado el proceso.

En lo que apunta a fortalecer la cúpula industrial en su centenario se incluirá como vicepresidentes a representantes de Nuevo León y Jalisco.

La intención es recuperar espacios perdidos en el Consejo Coordinador Empresarial, en un escenario en que ningún representante de la Concamin preside alguna comisión.

Durante años el organismo encabezaba las de Comercio Exterior, relación con los bancos, Seguridad Social.

La presidencia de la cúpula de cúpulas se las han rotado en a las dos últimas décadas la Coparmex y la Concanaco.

Relevo en ConMéxico.

ConMéxico, el organismo que agrupa a los principales fabricantes de alimentos y bebidas del país estrena presidente. Manuel Martínez López sustituye a Andrés Garza Herrera. El primero es director general del Grupo Jumex. El segundo director general de Qualtia Alimentos.

El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo agrupa a 45 empresas, incluidas las productoras de insumos de aseo personal y cuidado del hogar.

Juntas, éstas representan 3.5% del PIB.

El presidente Ejecutivo del organismo es Jaime Zabludovski. El cargo lo ocuparon en el pasado el ex director de Pemex y CFE Francisco Rojas, y el actual secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero.

ConMéxico está analizando posibilidades de negocio en el comercio electrónico, o si lo prefiere el consumo digital.

Los temas habituales son prácticas comerciales, anticorrupción, sustentabilidad, seguridad patrimonial y salud y bienestar de los consumidores.

albertobarrancochavarria0@gmail.com