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El caso del conflicto comercial por el atún entre México y Estados Unidos (EU) dio un nuevo giro.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió el fallo inicial en el que advierte que los cambios hechos, en marzo de 2016, a la regulación estadounidense no discriminan al pescado mexicano.

Al enterarse del resultado, la autoridad mexicana informó que apelará el fallo del organismo.

El subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, dijo que ese fallo no modifica la resolución de la OMC contra las reglas estadounidenses de 2013, por lo que aún sigue vigente la posibilidad de imponer represalias comerciales a EU para presionar a que modifique sus normas de etiquetado al atún.

Dijo que la organización lleva los dos asuntos en paralelos: las represalias y la resolución de las reglas de 2016, conflicto cuya resolución tomará un par de años.

Mientras que las represalias son “una espada que se utilizará en el momento indicado” y se podrán imponer en tanto no se resuelva en definitiva en la OMC si las modificaciones de marzo de 2016 que hizo EU se apegan a las cuatro resoluciones que dio anteriormente el organismo a favor de México.

El gobierno mexicano “no coincide con el razonamiento jurídico del fallo de la OMC, por lo que dentro del plazo previsto por las reglas de esta misma organización el país apelará el fallo”, expuso la Secretaría de Economía.

En abril de 2017, la OMC autorizó a México imponer represalias comerciales por 163.23 millones de dólares anuales a Estados Unidos ante la discriminación al atún mexicano por las reglas de 2013.

Para Francisco de Rosenzweig, especialista en comercio exterior y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, “las medidas que llevó a cabo Estados Unidos para presuntamente adoptar las resoluciones de la OMC, a través de su órgano de apelación, no fueron adoptadas de manera precisa, porque a la fecha seguimos sin tener acceso al mercado estadounidense”.

Así que es muy natural que el gobierno de México impugne la decisión de la organización, porque hay “altas posibilidades” de que con una apelación dé la razón a México a pesar de que esto puede llevar de tres a seis meses, dependiendo la carga de trabajo que tengan en la OMC, porque la flota atunera mexicana cumple con las prácticas de captura del atún y no se afecta a los delfines.

Sobre la posibilidad de utilizar las represalias comerciales por 163.23 millones de dólares, dijo: “el gobierno mexicano podría haber suspendido beneficios a EU, pero no descartó la posibilidad de que estuvieran en un diálogo con el gobierno estadounidense para tener un acceso permanente al mercado de EU, mediante una solución consensuada”.

De Rosenzweig explicó que los daños que se calcularon para el sector atunero mexicano hace dos años estaban en 472 millones de dólares anuales, pero la OMC sólo dio 30% de ese monto.

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