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¿Qué control tienen las autoridades gubernamentales sobre quienes pertenecieron o aún forman parte de las instituciones policiacas y las fuerzas armadas?.
De ahí han salido muchos de los más peligrosos delincuentes.
Un número indefinido aún de miembros de los cuerpos policiacos son los socios de los delincuentes y sus protectores. Además, muchos de los delincuentes más peligrosos fueron miembros de las instituciones policiacas o de las fuerzas armadas.
Debemos considerar como indefinido aún ese porcentaje, o la cantidad de estos delincuentes con autoridad, porque no hay controles fiables por parte de las instituciones gubernamentales.
Es más, si existiesen controles de este tipo y la ciudadanía no lo supiese, sería aún peor, porque si quienes tienen la información no actúan en contra de ellos, podríamos deducir que están en contubernio.
Ahora que ha salido a la luz pública el escándalo del sistema Pegasus, surge la duda. ¿Por qué si hay todo un gran sistema de espionaje contra la prensa, activistas y líderes sociales, no se logra monitorear a quienes combaten a la delincuencia por parte del mismo gobierno?
Si se crease un gran sistema de control, con un banco de datos donde se tuviese la información personal y detallada de todas los que pertenecen aún, o han formado parte de alguna institución de las que participan en la seguridad pública y este sistema se mantuviera en actualización continua, creando un historial personal a partir de cuando un miembro de estas instituciones la abandona, sería menos difícil abatir la delincuencia.
Los gobiernos estatales por negligencia han sido incapaces de instrumentar en sus entidades el sistema de evaluación y aplicación de pruebas “de confianza” a sus policías. Por tanto, si ni siquiera tienen control de sus elementos, menos podrán ubicar a los delincuentes para poder combatirlos.
Elementos policiacos cuestionados por hechos delictivos en un estado, luego aparecen premiados como mandos en otro, porque no existe un historial de su trayectoria.
Dentro del CISEN debiese crearse un directorio nacional obligatorio, donde estuviese incluido todo aquel miembro de una institución policiaca, ya sea municipal, estatal o federal.
La profesionalización de las policías es un tema prioritario. Por ello, para ser admitido dentro de una corporación, debiese certificarse las personas en sus habilidades, intereses y madurez emocional y esto debiese vincularse a este directorio nacional que debiese crearse desde el CISEN.
Crear este directorio a final de cuentas es un tema de seguridad nacional, pues toda persona que tiene la autoridad para detener a un ciudadano crea círculos de poder que puede poner a disposición de los delincuentes.
Por tanto, el proyecto de creación de este directorio nacional no puede ser delegado a las autoridades locales, pues estas no tienen ni la capacidad técnica ni el interés. Es sabido que ninguna entidad federativa ha logrado cumplir al cien por cuento con el compromiso de instrumentar el programa de controles de confianza sobre sus policías y menos aún darle seguimiento.
Definitivamente hasta hoy no ha habido voluntad política para resolver el problema de la confiabilidad de las instituciones policiacas.
Los esfuerzos gubernamentales para combatir la delincuencia debiesen contemplar una mirada hacia adentro de la estructura propia y crear estrategias focalizadas hacia el interior, pues con toda seguridad el enemigo está en casa.
¿Usted cómo lo ve?
@homsricardo
Facebook / RICARDO HOMS
www.ricardohoms.com
De ahí han salido muchos de los más peligrosos delincuentes.
Un número indefinido aún de miembros de los cuerpos policiacos son los socios de los delincuentes y sus protectores. Además, muchos de los delincuentes más peligrosos fueron miembros de las instituciones policiacas o de las fuerzas armadas.
Debemos considerar como indefinido aún ese porcentaje, o la cantidad de estos delincuentes con autoridad, porque no hay controles fiables por parte de las instituciones gubernamentales.
Es más, si existiesen controles de este tipo y la ciudadanía no lo supiese, sería aún peor, porque si quienes tienen la información no actúan en contra de ellos, podríamos deducir que están en contubernio.
Ahora que ha salido a la luz pública el escándalo del sistema Pegasus, surge la duda. ¿Por qué si hay todo un gran sistema de espionaje contra la prensa, activistas y líderes sociales, no se logra monitorear a quienes combaten a la delincuencia por parte del mismo gobierno?
Si se crease un gran sistema de control, con un banco de datos donde se tuviese la información personal y detallada de todas los que pertenecen aún, o han formado parte de alguna institución de las que participan en la seguridad pública y este sistema se mantuviera en actualización continua, creando un historial personal a partir de cuando un miembro de estas instituciones la abandona, sería menos difícil abatir la delincuencia.
Los gobiernos estatales por negligencia han sido incapaces de instrumentar en sus entidades el sistema de evaluación y aplicación de pruebas “de confianza” a sus policías. Por tanto, si ni siquiera tienen control de sus elementos, menos podrán ubicar a los delincuentes para poder combatirlos.
Elementos policiacos cuestionados por hechos delictivos en un estado, luego aparecen premiados como mandos en otro, porque no existe un historial de su trayectoria.
Dentro del CISEN debiese crearse un directorio nacional obligatorio, donde estuviese incluido todo aquel miembro de una institución policiaca, ya sea municipal, estatal o federal.
La profesionalización de las policías es un tema prioritario. Por ello, para ser admitido dentro de una corporación, debiese certificarse las personas en sus habilidades, intereses y madurez emocional y esto debiese vincularse a este directorio nacional que debiese crearse desde el CISEN.
Crear este directorio a final de cuentas es un tema de seguridad nacional, pues toda persona que tiene la autoridad para detener a un ciudadano crea círculos de poder que puede poner a disposición de los delincuentes.
Por tanto, el proyecto de creación de este directorio nacional no puede ser delegado a las autoridades locales, pues estas no tienen ni la capacidad técnica ni el interés. Es sabido que ninguna entidad federativa ha logrado cumplir al cien por cuento con el compromiso de instrumentar el programa de controles de confianza sobre sus policías y menos aún darle seguimiento.
Definitivamente hasta hoy no ha habido voluntad política para resolver el problema de la confiabilidad de las instituciones policiacas.
Los esfuerzos gubernamentales para combatir la delincuencia debiesen contemplar una mirada hacia adentro de la estructura propia y crear estrategias focalizadas hacia el interior, pues con toda seguridad el enemigo está en casa.
¿Usted cómo lo ve?
@homsricardo
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