Hay un desgaste en todo el país en la credibilidad de los políticos, cuestionados como sector por corrupción.

El caso del conflicto entre la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales y la CTM  local por el cobro indebido de cuotas por parte de ese sindicato a los comerciantes, es sintomático.

¿Por qué una central obrera como la CTM tendría el derecho de operar el “cobro de piso” o de uso de suelo en la vía pública, de algo que corresponde al municipio, que es la autoridad legalmente constituida ?.

Hay prácticas que representan una extorsión sobre los sectores productivos, los cuales se hallan en un estado de indefensión, como es el sector conformado por el mercado ambulante.

El problema ha escalado a los medios masivos de comunicación y ha sido exhibido incluso en un noticiero televisado de alto rating nacional.

Seguramente esto tiene que ver con una crisis en nuestro estado de derecho. No es la justicia lo que determina quién tiene la razón, sino quien tiene mayor fortaleza y capacidad de hacer daño a su contrincante y dominarlo.

De este principio básico de justicia, que ha sido deformado por la práctica en México, nacen todas las injusticias que llevan al abuso del débil y del desprotegido.

Esta deformación jurídica que significa no darle la razón a quien la merece y con ello la protección de la justicia, sino abrir espacios a la negociación, al margen de la justicia, es la causa de esta crisis de confianza que desde siempre ha existido en nuestro país.

Las famosas Juntas de Conciliación y Arbitraje como las que se encargan de resolver los conflictos laborales entre trabajadores y patrones son la mejor muestra de esta aberración. Lo que es justo, no debe negociarse, sino cumplirse, pues en toda negociación siempre va a salir adelante el más fuerte y poderoso y el débil y vulnerable verá sus derechos atropellados.

¿Dónde queda la responsabilidad del Estado Mexicano de vigilar que los derechos de los desprotegidos no sean vulnerados?. Si el estado se hace de lado y deja que las partes en conflicto negocien, entonces se estará estimulando el abuso y la impunidad.

Por ello la “ética” como concepto está ausente en la vida del mexicano.

La frase del experto en negociación, de nacionalidad norteamericana, Chester L. Karrass quien dice que “nadie recibe lo que se merece, sino lo que negocia”, cobra vida en México.

El derecho a la justicia no existe. Todo se resume en que tenemos derecho a “negociar” con nuestro agresor y el estado en lugar de defender al débil, va a terminar legalizando lo que se ha negociado, justo o no.

Por ello la desconfianza como modo de ser del mexicano es parte de nuestra idiosincrasia.

Este fenómeno ya está analizado desde hace muchos años. En el libro “El laberinto de la soledad”, publicado en el año 1950 por Octavio Paz, Premio Nobel, ya hablaba de la desconfianza del mexicano como una característica predominante.

Por ello somos una sociedad desconfiada. El abuso es parte de la vida cotidiana y por tanto, los mexicanos nos replegamos para protegernos y ponemos una barrera.

Quizá el reto más importante de nuestro país es reconstruir la confianza. La confianza en quienes nos gobiernan. La confianza en los jueces y todas las instancias que deben protegernos. La confianza en que el “Estado de Derecho” realmente funciona.

La corrupción ha desgastado hasta el límite la imagen y la credibilidad de quienes nos gobiernan, de la clase política y de todo el sistema de seguridad y de impartición de justicia.

El rescate de la confianza no se logrará con discursos ni con campañas por televisión, sino con acciones que muestren que la actitud de cada funcionario público ha cambiado y se ha comprometido con la verdad.

Las elecciones de junio de este año y de forma determinante las del 2018 estarán influidas por la “crisis de credibilidad y confianza” y ganará quien tenga más credibilidad que sus contrincantes y por tanto, inspire más confianza.

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