Guaruras e impunidad

Mientras en México cualquier funcionario de mediano nivel trae guaruras y camionetas de lujo, el ex-presidente de Uruguay y hoy senador de la república José Mújica se transporta en un Volkswagen que él conduce.
OTRAS
21/03/2016
08:32
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Ricardo Homs
Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC. 25 libros publicados Fundó en México la oficina local de la empresa global de consultoría creada por Al Ries, uno de los dos creadores del...
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El caso de Alberto Sentíes, -hoy denominado lord  Ferrari, en alusión al auto que conducía cuando ordenó a su guardaespaldas agredir a un automovilista que según él se le había cerrado con su camioneta-, ha generado un gran escándalo porque muestra la impunidad que rodea a quienes se ostentan como poderosos, económicamente y/o políticamente.

La cuestión es… o quedarnos en el escándalo de la anécdota  en lo particular, o utilizar este grave ejemplo como un indicador que nos impulse a resolver este problema de fondo, representado por la actitud agresiva y carente de respeto por los derechos humanos por parte de los equipos de seguridad, así como la impunidad que se desprende del cargo público o el poder económico de quien los contrata.

La Asamblea Legislativa del DF, (ALDF), ya solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad del DF para resolver casos como éste.

Sin embargo, como este guardaespaldas, -al servicio de Alberto Sentíes-, pertenecía a una corporación privada, las autoridades se “rasgan las vestiduras” y exigen un alto a la impunidad, mientras guardan silencio respecto a la conducta pública de los equipos que trabajan dentro del sector público.

El problema mayor está en los equipos de seguridad de los mismos funcionarios públicos, quienes de forma soez toman control de las vialidades por las que circulan en caravana resguardando al poderoso funcionario.

Que eso suceda con las Guardias Presidenciales que resguardan al Presidente de la República es entendible, pues sólo hay uno en todo el país y representa un símbolo.

Sin embargo secretarios de estado, subsecretarios y hasta quienes dirigen dependencias descentralizadas, legisladores y toda la infraestructura de los gobiernos estatales y municipales también abusan de este fenómeno del poder.

La parafernalia de camionetas, guaruras y prepotencia es un asunto cultural que se vincula con el poder y genera exhibicionismo para infundir admiración y temor a la vez.

Un sujeto común que se transforma en poderoso por circunstancias del destino, disfruta exhibirlo en un país donde el abuso está arraigado en el inconsciente colectivo y la gente se somete cuando le toca estar del lado vulnerable. Por ello el nuevo poderoso abusa cuando tiene la oportunidad de hacerlo.

En pocos países se acostumbra esta parafernalia exhibicionista asociada al poder. Sólo en países autoritarios.

El primer ministro de Suecia, Olof Palme -estando en funciones-, fue asesinado por un desquiciado mental en Estocolmo en 1986 mientras caminaba junto a su esposa desde una sala cinematográfica de la que habían salido, mientras iban rumbo a su casa, porque no traía guardaespaldas.

También nos viene a la memoria el ejemplo del expresidente de Uruguay José Mújica quien por decisión propia se transporta en un Volkswagen azul del modelo que en México se le ha denominado “Vocho” y  aún siendo presidente decidió vivir en su pequeña casa de campo, de acabados tipo económico donde ni los directores de área del gobierno mexicano viven.

El problema a resolver no sólo son los guaruras de empresarios, sino también de los funcionarios públicos. Para lo cual se hace indispensable levantar un registro obligatorio, sin importar el nivel jerárquico del funcionario  y que de ello se derive una licencia para portar armas. Entre los requisitos debiese haber un examen psicométrico  para identificar su nivel de agresividad y control así como pruebas de confianza.

Quien los contrata, -o el funcionario al que sirven-, debe ser obligado solidario de la conducta de ellos.

El alto costo de este equipo de seguridad debe ser evaluado en una época de ajuste presupuestal para el gobierno y de una exigencia de civilidad de los funcionarios y sus escoltas, por parte de la ciudadanía.

Ya es momento de poner orden y frenar la impunidad.

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