Se están instrumentando  nuevos reglamentos de tránsito en la Ciudad de México y en el Estado de Veracruz. Ambos se caracterizan por el incremento de las multas y  cambio de reglas. Posiblemente ésto sea instrumentado posteriormente en el resto del país.

Que los automovilistas mexicanos aprovechamos la falta de vigilancia para burlar las reglas, es cierto.

Por ello el incremento de las multas puede  ser disuasivo en un alto porcentaje de los casos, es cierto. Posiblemente a partir de ahora los automovilistas pensarán dos veces antes de cometer una infracción, también es cierto.

Sin embargo, el remedio aplicado de forma tan simple, incrementará la corrupción de forma alarmante.

Las multas elevadas son un gran aliciente para que algunos agentes de tránsito, -con muy poca ética y ausencia de valores morales-, quieran aprovechar el riesgo del automovilista y su indefensión para extorsionarlo aprovechando que ejercen poder.

Podemos entender que el verdadero espíritu de la ley es evitar que se cometan delitos, pues se convierte ésta en un argumento disuasivo.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando quien debe propiciar la ausencia de delitos, los propicia  para poder extorsionar?.

La autoridad que da representar a la ley, en nuestro país se interpreta como una patente de corso para obtener prebendas y beneficios personales.

De nada sirve tener un marco jurídico impecable si no contamos con los elementos humanos que garanticen su correcta instrumentación.

Que algunos agentes de tránsito se escondan para permitir se consume la falta al reglamento, para poder extorsionar, es una posibilidad real y con alto índice de probabilidades.

No es posible endurecer las penas sin tener primero la seguridad de que los responsables de vigilar su aplicación tengan la convicción ética de su responsabilidad.

¿Qué acciones se han realizado para blindar este nuevo reglamento de tránsito contra los abusos de algunos agentes de tránsito?.

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