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¿Qué proponen los nuevos gobernadores en materia de lucha anticorrupción?

14/06/2017
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El pasado 4 de junio se celebraron comicios electorales para las gobernaturas de Estado de México, Coahuila y Nayarit. Finalizada la jornada y emitidos los resultados oficiales de las autoridades electorales, los candidatos vencedores fueron, en el Estado de México, Alfredo del Mazo (coalición PRI, Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y PES); en Nayarit, Antonio Echavarría (coalición PAN, PRD, PT y PRS), y en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de una coalición conformada por los partidos PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista, de la Revolución Coahuilense, Socialdemócrata y Campesino Popular).

La elección de nuevos gobernadores en tres estados de la República no deja de ser una oportunidad para la lucha anticorrupción a nivel subnacional, especialmente de cara a los retos que enfrentan los gobiernos estatales para la creación de los sistemas locales anticorrupción, la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas y los recientes hechos que han confirmado la alianza entre narcotráfico y política en varios estados del país y la sistemática corrupción administrativa que se propone capturar el Estado desde intereses abiertamente ilegales.

Por esa razón, vale la pena revisar cuáles son las propuestas de los nuevos gobernadores en materia de lucha anticorrupción. Para realizar este ejercicio, no tuvimos la suerte de contar con las propuestas oficiales publicadas en las páginas web de los candidatos, los partidos miembros de las coaliciones que representaron o de los Institutos Electorales ante los cuales inscribieron sus candidaturas, de manera que recogimos información divulgada en la prensa y en las redes sociales oficiales de los candidatos (Facebook y Twitter)

Los tres gobernadores elegidos hicieron llamativos anuncios durante sus actos de campaña. Frases como “cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, “una cruzada contra la corrupción” y “no vamos a robarnos ni un peso” se convirtieron en slogans de campaña a lo largo de los casi dos meses de competencia electoral. Sin embargo, sólo un candidato presentó propuestas concretas y medibles para atacar el fenómeno de la corrupción desde los tres tradicionales frentes de combate: prevención, investigación y sanción. Veamos:

 

Estado de México

El 3 de abril, en el lanzamiento de su campaña en Tlalnepantla, Del Mazo presentó un decálogo de propuestas de campaña, cuyo décimo punto se titula “Buen gobierno: transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad”. En el decálogo, que no es un documento oficial con propuestas de campaña, no es posible encontrar las acciones concretas de lucha anticorrupción, de manera que es más un anuncio que una propuesta específica que pueda ser monitoreada y evaluada. A diferencia de otras propuestas específicas como implementar el “estado rosa” o la instalación de cámaras de videovigilancia o botones de pánico para combatir la inseguridad en el Estado, la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional no contó con el mismo peso en el plan de gobierno de Del Mazo.

Sin embargo, el entonces candidato se comprometió a cumplir 11 compromisos anticorrupción propuestos por las organizaciones Transparencia Mexicana, IMCO y COPARMEX, que se dividen en tres componentes: transparencia proactiva, nuevo marco legal y un sistema local anticorrupción.

 

Nayarit

Al igual que el gobernador elegido en el Estado de México, Echavarría anunció cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, y una cruzada contra funcionarios de primer y segundo nivel que incurran en actos de corrupción. Sin embargo, no es claro en especificar cuáles arreglos institucionales implementará para lograr este objetivo.

Como gobernador electo, Echevarría anunció, en una entrevista al periódico El Economista, una “auditoría municiosa” al sector salud y convocar una barra de abogados para que participe en el diseño del perfil del nuevo fiscal[1].

Los anuncios anticorrupción del nuevo gobernador candidato serán difícil de implementar sin el compromiso de designar un fiscal de manera meritocrática, que persiga de manera decidida los delitos de corrupción e investigue los nexos entre narcotráfico y política que han salpicado a altos funcionarios del gobierno estatal, entre ellos, el anterior fiscal Edgar Veytia. En marzo de este año, Veytia fue detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico por la Corte del distrito este de Nueva York y un juez del distrito sur de Florida. Además, familiares de desaparecidos habían señalado la presunta complicidad del fiscal detenido con el cartel Jalisco Nueva Generación, que habría ocupado el espacio del cartel de Sinaloa en Nayarit.

 

Coahuila

Miguel Ángel Riquelme es el único gobernador electo con propuestas tangibles y mediables de lucha anticorrupción, las cuales se presentan en el Eje 1 de su programa de gobierno, bajo la denominación de “integridad y buen gobierno”. Dichas acciones son:

  • Adaptar las mejores prácticas avaladas por organismos internacionales como la OCDE.
  • Impulsar observatorios ciudadanos para ejercer control social al gobierno.
  • Crear una fiscalía anticorrupción autónoma.
  • Eliminar el fuero del que goza el gobernador
  • Modernizar el ministerio público del Estado.

Desde esta columna, haremos seguimiento periódico al cumplimiento de las propuestas de campaña y, por supuesto, de los anuncios hechos por los gobernadores elegidos durante sus actividades proselitistas.

 

Juan Camilo Ceballos

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@_fuancamilo. @ObsNalCiudadano

[1]  “En mi gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción, vamos a acabar con ese maldito cáncer que tanto daño le ha hecho a Nayarit y a México”. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/politica/2017/04/26/tengo-las-manos-limpias-echevarria

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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