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Inseguridad y participación ciudadana en Tamaulipas

01/05/2017
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¿Cómo poder comprender las razones por las que existe un enorme rezago en cuanto a seguridad en un estado como Tamaulipas?

Para explicar las causas de la inseguridad en un contexto geográfico o de región es muy importante primero reflexionar en el hecho de que la palabra inseguridad es un término amplio que se utiliza para expresar la ausencia de una serie de elementos que, de existir, generarían condiciones de seguridad en la población. Es decir, la inseguridad por definición denota ausencia.

Por otra parte, la inseguridad no es un término absoluto, no se es seguro o inseguro, se puede tener diversos grados de inseguridad según la manera y la escala con que se mida. En este sentido, lamentablemente la inseguridad no se evalúa normalmente por sus causas sino por sus efectos, de tal manera que afirmamos que somos inseguros porque hay muchos robos y no porque tenemos pocos policías; afirmamos que somos inseguros porque hay mucha impunidad y no porque aún no hay suficientes salas de juicios orales o porque las procuradurías o fiscalías aún no están preparadas y capacitadas para el nuevo sistema penal acusatorio; afirmamos que somos inseguros porque hay mucha extorsión y no porque ese delito hasta hace muy poco era equiparable al robo simple lo que impedía su persecución y castigo. Inferimos por los efectos y pocas veces analizamos las causas.

Esta situación propicia que en el debate público sobre la inseguridad, las personas emitan habitualmente opiniones y recomendaciones enfocadas principalmente en la incidencia delictiva en lugar de poner énfasis en las causas que propician dicha incidencia.

En este sentido, para poder realizar un diagnóstico objetivo sobre la inseguridad en Tamaulipas debemos analizarlo de manera causal, solamente después de entender los factores que propician la inseguridad podremos hacer recomendaciones para disminuir sus efectos.

Una de las teorías más influyentes de los últimos años que explica las causas del desarrollo de los países, es la presentada por los economistas Daron Acemoglou y James Robinson quienes en su libro titulado Why Nations Fail (Acemoglou y Robinson, 2012) proponen y contrastan empíricamente que la ausencia de instituciones puede ser el eslabón que explica porque algunos países que hace algunas décadas se encontraban en niveles similares de desarrollo pudieran haber recorrido caminos muy distintos, unos hacia la prosperidad y otros hacia el rezago y estancamiento. Entre los ejemplos que contrastan los autores se encuentran México y Corea del Sur, así como ciudades como El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, entre otros.

El argumento principal de los autores es que aquellos países que desarrollaron en su momento todo el andamiaje institucional necesario para garantizar aspectos básicos como el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica, pudieron liberar todo el potencial de sus economías y caminar en la senda del crecimiento sostenido. Por otro lado, los países que no hicieron lo propio, desarrollaron con el tiempo otro tipo de condiciones que propiciaron altos niveles de corrupción y una marcada falta de certidumbre jurídica que inevitablemente limitaron el desarrollo.

El caso de Tamaulipas es un excelente ejemplo para ilustrar las causas de los elevados niveles de inseguridad que se tienen en este estado, a la luz de esta teoría y del nivel de desarrollo de sus instituciones.

A continuación se muestra un esquema muy básico de lo que se podría denominar como la cadena de la seguridad, en el que se muestran los tres principales eslabones que construyen las condiciones que a su vez propician la seguridad ciudadana.

Por una parte, se encuentra la prevención del delito como la manera de inhibir los factores precursores de riesgo y detonantes de los fenómenos delictivos. Por otra parte, están las acciones de contención del delito que se llevan a cabo principalmente por las fuerzas del orden público, en el caso de Tamaulipas por la Policía Estatal y de manera subsidiaria por las corporaciones federales y militares que apoyan en estas actividades. Finalmente, la procuración e impartición de justicia que se lleva a cabo por la Procuraduría estatal y federal, así como por el Poder Judicial.

Un breve repaso por las condiciones en que se encuentran las instituciones del orden estatal que comprenden estos tres eslabones puede ser muy revelador para comprender las causas de la inseguridad en Tamaulipas desde la perspectiva institucional.

El eslabón de la prevención del delito es el que probablemente muestra el mayor rezago en Tamaulipas sencillamente por su ausencia. La prevención como estrategia para reducir la incidencia delictiva se debe abordar desde una perspectiva multifactorial y multicausal ya que abarca aspectos tan básicos como la disponibilidad de espacios públicos, iluminación, servicios de salud, apoyo a grupos de riesgo, hasta la realización de intervenciones integrales en zonas de riesgo para erradicar condiciones que propicien conductas violentas en los individuos.

En Tamaulipas, históricamente la prevención prácticamente ha estado ausente en la agenda de los gobiernos estatales. Durante la existencia del PRONAPRED se canalizaron recursos federales a través de los estados y se lograron algunas acciones muy especificas en los polígonos identificados en apenas unos cuantos de los 43 municipios del estado. Los gobiernos estatales de los últimos períodos no asignaron presupuestos específicos a estas actividades y no existieron estructuras administrativas que cubrieran estos temas. Tomando en cuenta que la prevención genera efectos que se aprecian en el mediano plazo, podríamos afirmar que Tamaulipas no ha empezado a allanar el camino para la prevención del delito.

La contención del delito es probablemente el ejemplo más claro del rezago institucional como causa estructural de la inseguridad en Tamaulipas. Desde la desaparición de las policías municipales en el año 2013 para adoptar el Modelo de Mando Único, el estado no ha sido capaz de construir un cuerpo policial suficiente para atender todas las necesidades del estado en materia de seguridad pública. El avance en el reclutamiento tras cuatro años es de aproximadamente el 30% de los policías que se requieren. La Universidad de Seguridad y Justicia que se encarga de preparar a los nuevos elementos, apenas terminó de ser construida hace menos de dos años. Más aún, no parece existir un modelo policial como tal que contemple la profesionalización y dignificación de la carrera policial, así como la creación de condiciones de trabajo adecuadas para los elementos. Mientras que en los foros nacionales se discute si los modelos de mando único deben contemplar esquemas de policía de barrio o de proximidad, o si se deben de crear sistemas de seguridad social exclusivos para las policías, el debate en Tamaulipas es aún en el tiempo que falta para poder terminar de construir esta institución. Tamaulipas a sus casi 300 años de fundación no cuenta con una institución policial solida.

La procuración e impartición de justicia es el eslabón con mayor impacto en el alto grado de impunidad que se vive en el estado de Tamaulipas. Según el Índice Global de Impunidad México 2016, realizado por la UDLAP, Tamaulipas es el quinto estado con mayor grado de impunidad en México en base a una medición que señala entre otras cosas que de “36 mil 867 averiguaciones previas que existían en el primer semestre de 2016, sólo 3 mil 895 contaban con causas penales abiertas en primera instancia”. El mismo reporte señala que “una posible explicación para el comportamiento de la cadena de impunidad es el numero de policías investigadores por cada 100 mil habitantes que es de 1.0 mientras que la media nacional es de 11.1”. Así mismo, “el personal del Tribunal Superior de Justicia por cada 100 mil habitantes era de 22.1, mientras que la media nacional era de 34.3). En este mismo sentido, el porcentaje de Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos graves es claramente más bajo (1.3%) que el del promedio nacional (14.8%)”.

Con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal en junio del 2016, los rezagos institucionales en cuanto a la procuración e impartición de justicia se profundizaron aún más, el número de elementos debidamente capacitados en el nuevo sistema oral es por mucho, insuficiente. Adicionalmente, la falta de infraestructura necesaria en la forma de salas de juicios orales, así como la falta de abogados educados en el nuevo sistema, abonan al coctel de elementos que hacen que el nuevo sistema se le conozca como de puerta giratoria, donde los delincuentes entran y salen en cuestión de horas y en el que los niveles de impunidad se encuentran en niveles sin precedentes.

El atraso continúa con miles de averiguaciones previas del sistema anterior que no han podido ver la mano de la justicia y una cantidad creciente de carpetas de investigación del nuevo sistema que igualmente no avanzan o que terminan siendo desechadas debido a falta de policía investigadora suficiente y de todos los elementos que deben cumplirse para que una carpeta de investigación pueda derivar en la impartición efectiva de justicia, desde el primer respondiente y los cuerpos periciales, hasta los jueces y las propias instalaciones físicas.

Este breve recorrido por las características de las instituciones que participan en los tres eslabones de la seguridad en Tamaulipas, ilustra de manera clara cómo las grandes causas estructurales que debemos abordar son las que tienen que ver con nuestras instituciones. Las instituciones de una sociedad son en buena medida un reflejo de su gente, ya que son los ciudadanos quienes eligen a las personas que van a construir y administrar sus instituciones, y son también quienes aportan los recursos para ello.

Los procesos democráticos de participación ciudadana son la manera más eficiente de construir instituciones sólidas y duraderas. Cuando existe una sociedad que participa activamente observando, transparentando y vigilando a las instituciones, éstas tienden a contar con un menor margen de discrecionalidad y se ven orilladas a ser competentes y a cumplir con sus funciones. Adicionalmente, el involucramiento ciudadano puede garantizar la continuidad de las instituciones y evitar su desmantelamiento o erosión con los cambios periódicos de gobierno.

Por otro lado, cuando la sociedad no participa y se involucra, las instituciones tienden a ser frágiles y sujetas a las capacidades y voluntad de quienes las dirigen. Cuando no existen los mecanismos de vigilancia, de pesos y contrapesos que debe haber en una institución solida, éstas tienden a ser opacas, ineficientes y frecuentemente vulnerables a la corrupción.

En resumen, Tamaulipas es un estado que se encuentra en una etapa muy incipiente de construcción de las instituciones que requiere para poder garantizar certidumbre, orden y seguridad para sus ciudadanos. Existen problemas de diversa índole en nuestro estado que pudiéramos interpretar como causas de la inseguridad pero que desde la perspectiva causal son meramente efectos o síntomas de un mal estructural que se puede resumir en la ausencia o debilidad de las instituciones del estado.

Finalmente, la participación y el involucramiento de la sociedad civil organizada en la construcción de las instituciones es un elemento indispensable para garantizar tanto su solidez como su permanencia y pertinencia. Sin este componente indispensable seguiremos teniendo instituciones temporales, opacas e ineficientes que se improvisan para existir sólo dentro de los períodos administrativos que abarcan los gobiernos en turno.

 

Dr. Jorge A. Charles Coll

Director Ejecutivo

Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C.

@ObservatorioTMA @ObsNalCiudadano

 

Referencias:

  • Le Clercq y Sánchez, (2016). Índice global de impunidad México 2016. Centro de estudios sobre impunidad y justicia CESIJ. Universidad de las Américas Puebla. www.udlap.mx/cesij
  • Acemoglu, y Robinson, (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. 1st ed. New York: Crown, 529.
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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