Otro paradigma de seguridad para las ciudades

Para mejorar los altos niveles de inseguridad y violencia de la última década en México se han tomado distintas medidas sin encontrar solución. Las autoridades y algunos actores sociales han insistido en que la opción para reducir la violencia son el incremento de las medidas punitivas (más policías, más militares y mayores penas para los infractores) sin embargo, los resultados no han sido los esperados: son miles las vidas perdidas y millones de pesos mal invertidos. Para superar esta nueva crisis de violencia e inseguridad, mejorar las condiciones de salud, educación, de empleo, ambientales, comunitarias y políticas de las personas, es decir, mejorar la seguridad humana puede funcionar como alternativa para superar esta situación.

En las ciudades mexicanas, los aumentos de los índices de la delincuencia y violencia en la última década han generado que distintos actores, especialmente los gubernamentales, concentren importantes recursos humanos y financieros en contener y reducir el fenómeno, a través de planes o programas para salvaguardar los riesgos de las personas (Peña, 2011). Sin embargo, no hay una estrategia definida, en donde se atienda las posibles causas de estas expresiones sociales, tales como desempleo, la falta de accesos a servicios de salud y el hambre (Buscaglia, 2013).

En nuestro país, lo que se ha instrumentado es un paradigma de seguridad que privilegia el uso de la fuerza del Estado para controlar el orden público o del incremento de las penas para enfrentar las conductas delictivas o violencias (Valenzuela, 2016) y en el mejor de los casos, cuando se piensa en medidas preventivas, la autoridad nuevamente piensa en mayor presencia policial, en videocámara en espacios públicos o alarmas, todo lo cual conforma medidas destinadas a fortalecer la percepción de un castigo esperado (Buscaglia, 2013: 17). El problema de esta situación es que no ha logrado revertir el crecimiento de los delitos de alto impacto, la tasa homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, por ejemplo, entre 2014 y 2015 aumentó en 29.97%.

Consideramos que el paradigma de seguridad nacional y seguridad ciudadana influyen fuertemente en las acciones y medidas adoptadas para reducir la violencia; sin embargo, para el contexto de las urbes mexicanas, ambos modelos tienen importantes limitaciones, pues insisten en que la causa de la inseguridad es la delincuencia.

En el caso de la seguridad nacional se encuentra estrechamente vinculado con la protección de la soberanía, el territorio y población de un Estado, respecto a la violencia ejercida por otros estados o grupos internos. Se entiende que es una situación en que la mayoría de los sectores sociales de la nación tienen garantizadas sus necesidades culturales y materiales vitales, a través de las decisiones de un gobierno nacional (Peña, 2011), es decir que es una atribución exclusiva del Estado. De acuerdo a Curzio (2014) el concepto se encuentra desvirtuado en primer lugar porque, en el periodo de la “guerra fría”,  Estados Unidos lo utilizó para justificar la intervención en otros países para defender sus intereses; en segundo lugar, porque la seguridad nacional no estuvo vinculada con la democracia y el ejercicio de las libertades, sobre todo en los países con regímenes autoritarios; y en tercero, porque, en el caso mexicano, la seguridad nacional fue el medio para conservar al régimen.

Por su parte, el paradigma de la seguridad ciudadana también tiene sus limitantes, pues insiste en la protección física, patrimonial y de los derechos los habitantes, puestas en riesgo por la violencia y de las actividades delincuenciales. Este modelo representa un avance en términos de libertades, pues toma en cuenta, en cierto nivel, la participación y percepción de los ciudadanos para tomar las decisiones de gobierno en contra de la inseguridad. Sin embargo, para nosotros esta definición es restringida, pues las conductas delictivas y la violencia siguen siendo las principales fuentes de inseguridad de la población, con lo cual los primeros enemigos son los delincuentes y se ponen en marcha un mayor número de iniciativas o actuaciones gubernativas de sanción y prevención del delito (Guzmán, 2002).

Como referente empírico, en nuestro país se cuenta con un amplio número de programas, proyectos y acciones para enfrentar la violencia e inseguridad en las urbes, pero carecen de una perspectiva más integral, pues cuando las intervenciones de los gobiernos han sido exitosas, tal parece ser resultado de un conjunto aleatorio de medidas (Aziz, 2012) con lo cual se llega a desconocer cuáles son las variables y qué grado influyeron para disminuir los índices delictivos y de violencia.

Las reducciones de la violencia en las metrópolis mexicanas como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, si bien son producto de la colaboración de los distintos niveles de gobierno -y agentes de la sociedad civil local- a través de un robusto conjunto de programas y acciones, a la fecha no hay evidencia contundente de cuáles fueron las variables sociales, económicas, ambientales y políticas que contribuyeron en el descenso de las actividades delincuenciales.

El caso emblemático de lo señalado es Ciudad Juárez que, entre los años 2008 y 2011, alcanzó los niveles más críticos sobre violencia homicida, incluso fue calificada como “la ciudad más peligrosa del mundo” (Esquivel, 2012). Como repuesta, en 2010, se puso en marcha el plan “Todos somos Juárez” conformado por un paquete  e medidas de seguridad, salud, educación y cultura. Posteriormente, en 2011, se elaboró un nuevo plan, la formación de un nuevo modelo policiaco, con un total de 160 acciones y un presupuesto de 3, 385 millones de pesos (Azif, 2012, 151).

A pesar del aparente alcance de esta intervención, las críticas han sido muchas y variadas, pues los actores locales identifican en este programa: fragmentación social, la ausencia de una estrategia global y con impactos limitados, con una violación de derechos humanos y en no atacar de fondo los problemas profundos de la violencia (Azif, 2012:151).

Por otra parte, los espacios metropolitanos como Acapulco, Cuernavaca y Villahermosa, en donde la violencia y la inseguridad han crecido de manera crítica en los años más recientes, se han llevado esfuerzos importantes para contener estas las expresiones, pero la principal fórmula para enfrentar el problema sigue siendo el modelo punitivo, expresado en el incremento del número de elementos policiacos o militares, sin que los efectos hayan sido los esperados. Incluso, en algunos casos, los niveles de actividades delictivas y de violencia se han recrudecido, tal es el caso de Acapulco que al concluir 2015 fue la ciudad con la tasa más alta de homicidios dolosos de acuerdo a las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Así pues, lo que nosotros consideramos necesario es explorar nuevas rutas para atender y prevenir el problema de la inseguridad. Es decir, dejar de lado aquellos paradigmas de seguridad que consideran que las conductas delictivas pueden ser resueltos a partir de mayores controles estatales. Si bien este tipo de repuestas pueden dar resultados inmediatos para inhibir las conductas delictivas, la experiencia nos ha demostrado que en el largo plazo esto no se mantiene.

Generar una política articulada para reducir las desigualdades sociales entre los habitantes de las urbes puede funcionar como una alternativa más efectiva para prevenir la violencia e inseguridad en el largo plazo.

1. Aziz, Alberto, 2012, “Violencias en el norte de México: el caso de Ciudad Juárez”, en Revista Iberoamericana, XIII, num 48, 143-155.
2. Buscaglia, Javier, 2013, Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada.  Penguin Random House Grupo Editorial
3. Curzio, Leonardo, 2014, La seguridad nacional de México y la relación con Estados Unidos. CISAN-UNAM. Disponible en: http://www.cisan.unam.mx/virtuales/seguridad.php
4. Esquivel, Jesús, “Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo: EU”, La Jornada. Sección narcotráfico, 29 de marzo de 2012, en http://www.proceso.com.mx/302624/juarez-la-ciudad-mas-peligrosa-del-mund..., consultado el 20 de diciembre de 2016.
5. Guzmán, José, 2002, “Una especial versión del autoritarismo penal en sus rasgos fundamentales: la “doctrina” de la seguridad ciudadana. Disertación de apertura de XIV Congreso Latinoamericano IV Iberoamericano y II Nacional de Derecho Penal y Criminología. En línea: http://www.carlosparma.com.ar/una-especial-version-del-autoritarismo-pen...
6. Peña, Javier, 2011, La seguridad humana para la reconstrucción del concepto de seguridad pública en México. Universidad de Guadalajara -Miguel Ángel Porrúa.
7. Valenzuela, Alfonso, 2016, La construcción espacial del miedo. Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Juan Pablos Editor.

José Ángel Fernández Hernández

Coordinador de la Red Nacional de Observatorios Locales

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