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Los desaparecidos y los registros no oficiales

22/03/2017
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El Observatorio Nacional Ciudadano presentó en febrero de este año, el primero de varios fascículos en donde se analizan a fondo las características de las desapariciones forzadas e involuntarias, fenómeno que atenta gravemente contra los derechos humanos de las personas y que desgarra el tejido social. Es fundamental que se continúe investigando sobre este fenómeno, a fin de darnos luz sobre la complejidad que encierra. Todo esto con el objetivo primario de que se prevengan las desapariciones, de que se investiguen las que aún perduran, y de que se encuentren a los desparecidos.

 

De asociaciones y colectivos

Los registros oficiales de personas desaparecidas están dispersos en nuestro país y ello implica un importante obstáculo para su búsqueda y localización. Frente a este contexto que da cuenta de una respuesta improvisada por parte del Estado, diversas asociaciones y colectivos han llevado a cabo esfuerzos para tratar de subsanar las deficiencias institucionales para poder encontrar a las personas desaparecidas con sus propios medios.

Lamentablemente, dado el estado de la cuestión de las acciones emprendidas desde las dependencias gubernamentales, esto ha implicado desde la creación de bases de datos propias, la toma de muestras de ADN, la búsqueda de fosas clandestinas hasta la creación de biobancos.

¿Por qué son importantes los registros no oficiales creados por asociaciones y colectivos? Porque a partir de estos se puede tener conocimiento y difundir casos de personas desaparecidas, que quizás de otra manera ignoraríamos. Principalmente esta situación se debe a que sus familiares en ocasiones no tienen la confianza necesaria para recurrir a las instituciones de seguridad y procuración de justicia; ya sea como resultado de la naturaleza del delito, de la posible participación de autoridades en el hecho o bien por la propia respuesta de los funcionarios. Al respecto, vale la pena poner como ejemplo la situación que se presentó en Nuevo León a raíz del involucramiento de elementos policiacos con grupos de delincuencia organizada. Esto es relevante debido a que partir de ello, los familiares de personas desaparecidas dejaron de denunciar hechos por miedo y temor, tal cual ha sido difundido por asociaciones o colectivos locales como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac). Lamentablemente, no se trata de una situación extraordinaria de este estado sino que puede encontrarse en diversas regiones del país.

Asimismo, en relación con las estadísticas oficiales se ha señalado que éstas “son poco confiables también porque en muchos estados, el delito […] no existe o está mal tipificado en los códigos penales, por lo que a la hora de reunir los datos, el delito pareciera que no ha sido cometido. Asociaciones de Derechos Humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas tienen sus propios datos que no siempre coinciden con los del Estado” (Vélez, 2015). Adicionalmente, habría que añadir como uno de los elementos que contribuyen a la desconfianza hacia los registros oficiales, la reticencia de aceptar e investigar la desaparición de una persona como tal y no como un mero extravío u ausencia voluntaria, como sucede frecuentemente cuando los familiares acuden a las instituciones de procuración de justicia.

Si se consideran las variables anteriormente expuestas se puede plantear como hipótesis que exista menos subregistro de las desapariciones forzadas e involuntarias, si se analizan conjuntamente las bases de datos no oficiales de asociaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas. Uno de los posibles factores explicativos a partir de los cuales se puede respaldar dicha hipótesis reside en el concepto de distancia social, entendiendo como aquella que refiere cierta homogeneidad o heterogeneidad entre los actores sociales.

En este caso, dicha condición puede generarse como resultado de una mayor o menor sensibilidad y apertura al tema debido a la identificación que exista con la victimización a causa de este delito. En otras palabras, puede existir menos subregistro de las desapariciones forzadas e involuntarias por parte de las asociaciones y colectivos debido a que las víctimas acuden con mayor frecuencia a éstas al percibir una menor distancia social.

¿Qué registros no oficiales existen en México? Tras revisar la información de diversas asociaciones y colectivos e identificar las actividades que cada quien realiza para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas es evidente que cuentan con bases de datos conformadas por los casos que les son reportados por los propios familiares. Sin embargo, uno de los aspectos que hay que destacar es que dichos registros no son públicos en la mayoría de sus sitios web y más bien pueden ubicarse en sus respectivas redes sociales con fines de difusión. Los datos de las personas desaparecidas que, en términos generales, se proporcionan son los siguientes: fotografía, fecha, lugar y circunstancias en las que se le vio por última vez, características físicas y datos de contacto en los cuales se puede proporcionar información. Es importante mencionar que a través de estos medios no solo se divulgan las fichas generadas por las asociaciones y colectivos, sino inclusive aquellas generadas por las instituciones de procuración de justicia. Esto fácilmente se puede apreciar en los perfiles de Facebook y Twitter de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, de Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Por Amor a Ellxs, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Familiares En Búsqueda María Herrera, Red de desaparecidos en Tamaulipas, Red de madres buscando a sus hijos, Colectivo Solecito, entre otros.

Otro ejemplo muy claro son los registros difundidos a partir de las redes sociales de @_LaAlameda y de sus réplicas en las entidades federativas. Estos son exclusivamente perfiles de Twitter mediante los cuales usuarios solidarios afines a la causa mantienen “constantemente los datos de los desaparecidos circulando y canalizando con las instancias correspondientes […] a veces con un solo retuit los familiares sienten apoyo y esperanza al ver la foto de sus seres queridos circulando en la red” (Ayala, 2013). Respecto a la creación de este instrumento, el colectivo en cuestión refiere que este surgió ante la falta de orden que tienen las procuradurías en el manejo de datos de personas desaparecidas, y la mala calidad de atención que brindan a los familiares de las víctimas, por lo cual se han dado a la tarea de actualizar y desenterrar los casos que han quedado olvidados por las autoridades (Lastiri, 2014).

Llama la atención los canales de publicidad de los registros en cuestión, sobre todo porque habrá quienes consideren que son un tanto limitados debido a que los registros no se encuentran en sus sitios web sino exclusivamente en sus redes sociales y que hay asociaciones en los cuales no se encuentran disponibles.

Respecto a ello, se requiere considerar las condiciones a las que se encuentran expuestas los familiares de personas desaparecidas que generalmente conforman estos organismos como son las posibles represalias de los sujetos activos o bien extorsiones, robos, fraudes u otro tipo de delitos de los cuales pueden ser víctimas.

Incluso cabe mencionar que diversos medios de comunicación y organizaciones han dado a conocer la existencia de sitios apócrifos para reportar personas desaparecidas, en los cuales hay quienes se aprovechan de la desesperación de sus familiares y captan datos personales que posteriormente llegan a ser utilizados para la comisión de diversos ilícitos. Desde esta perspectiva, no solo la respuesta pasiva y lenta del Estado ha orillado a los familiares a realizar la investigación de sus casos sino que los coloca en una clara posición de vulnerabilidad.

Como parte de las acciones que han tenido que realizar para la búsqueda de las personas desaparecidas, se encuentra la generación de otro tipo de registros distintos a aquellos que tienen meramente fines difusivos.

En primera instancia, hay que hacer referencia a que debido a la falta de respuestas de las instituciones gubernamentales sobre las desapariciones cometidas en México, estas organizaciones se han visto en la necesidad de encontrar una explicación que les permita contar con indicios sobre la suerte de su ser querido para avanzar en su respectiva búsqueda y localización. Con esta finalidad, a partir de los casos que les son reportados, generan registros con fines estadísticos que les permiten identificar determinado patrones y características de las víctimas. Por ejemplo, Robledo (2012) en la tesis Drama social y política del duelo de los familiares de desaparecidos en Tijuana en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico (2006-2012) presenta que de acuerdo con los registros de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad (ACCI): la edad promedio de los desaparecidos es de 32 años tanto de mujeres como de hombres, que no hay un rasgo característico en común referente a la pertenencia socioeconómica, que la principal actividad de los jóvenes desaparecidos era el estudio especialmente en escuelas privadas técnicas o profesionales, entre otros rasgos. A partir de este tipo de datos e interpretaciones, las asociaciones y colectivos han logrado trazar perfiles de víctimas en conjunto con patrones locales desde una perspectiva focalizada, que les permiten abonar paulatinamente elementos a las líneas de investigación.

Asimismo, es necesario referir la labor que persigue la asociación Ciencia Forense Ciudadana, la cual consiste en la conformación del Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas44 y del Biobanco Nacional Ciudadano de Familiares de Personas Desaparecidas que no son de carácter público. Respecto al primero de los proyectos, se menciona que su finalidad última es dimensionar de manera independiente la desaparición en México a partir del auto reporte por parte de los familiares de personas desaparecidas. Aunado a ello, como parte de dicho proceso se brinda la posibilidad de que les puedan ser tomadas muestras de ADN con el objetivo de conformar un biobanco ciudadano que pueda ser utilizado para confrontar identificaciones del gobierno y evitar falsos positivos como le ha sucedido a algunas víctimas. Si bien este último no corresponde per se a un registro de personas desaparecidas es un instrumento que puede contribuir a una mejora de la gestión de la información para la búsqueda y localización.

Desde una perspectiva similar deben de ser considerados todos aquellos registros que posiblemente están generando como resultado de las búsquedas de fosas clandestinas emprendidas por estos organismos en diversas entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, entre otras. Las labores que están llevando a cabo estos colectivos resultan cruciales pues de acuerdo con lo expresado por familiares que han integrado dichas brigadas de búsqueda, ha sido posible encontrar una serie de entierros clandestinos con múltiples restos humanos no identificados.

A partir de las acciones que han realizado las asociaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas, no solo en cuanto a registro sino en otras materias, se aprecia cierto abandono del ciudadano por parte del Estado. Dicho estadio es evidente si se toma en cuenta que prácticamente se han visto orillados a suplir con sus propios medios las funciones que no han realizado las instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo cual a su vez se ha convertido es un especie de incentivo perverso para que continúe su inacción o falta de atención. Por lo tanto, lamentablemente podría afirmarse que la ciudadanía organizada con menos recursos pero con más ganas y voluntad ha conseguido al menos los mismos resultados de las instituciones gubernamentales.

 

De organizaciones internacionales sin fines de lucro

Ante la situación por la cual atraviesa México, no sólo asociaciones y colectivos sino también organizaciones internacionales han realizado acciones para subsanar las fallas institucionales. En este sentido, es pertinente hacer referencia al Proyecto Frontera que ha sido implementado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual dio inicio desde 2009 cuando les pidieron apoyo en la identificación de restos de mujeres víctimas de feminicidio hallados en Ciudad Juárez, Chihuahua y que un porcentaje de ellos quedaba sin identificar como resultado de la falta de mecanismos de intercambio eficientes a nivel nacional y local en México.

El Proyecto Frontera consiste en la creación de un sistema regional de bancos de información forense de migrantes no localizados o desaparecidos en México, Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Debido al objetivo que se persigue este se ha constituido como mecanismo gubernamental y no gubernamental con participación de organizaciones de la sociedad civil, comités de familiares de desaparecidos e instituciones de los países de origen de los migrantes. Se pretende que a través de la conformación de dicho sistema sea posible realizar un cruce de los datos recabados de los restos sin identificar proporcionados por morgues ubicados en la ruta migratoria con aquellos de los familiares de migrantes desaparecidos que se encuentran en los bancos de información forense. Acorde con lo presentado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, TRIAL y otras organizaciones de las sociedad civil (2014) en el Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del Comité, en el marco de este proyecto hasta 2014 se habían “documentado al menos 209 casos en El Salvador, 260 en Honduras, 86 en Guatemala y al menos 30 en diferentes estados de la República mexicana”. Otro caso al cual se puede hacer referencia en cuanto al apoyo y participación de organizaciones internacionales en materia de registro de desapariciones es la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), la cual en 2014 fue invitada por el titular de la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Nuevo León a: evaluar posibles medidas para localizar e identificar las aproximadamente 1.000 personas declaradas desaparecidas en el estado. Como parte de estas medidas se propone que la Procuraduría General de Justicia y el Laboratorio de Criminalística fortalecieran las capacidad para crear una base de datos precisa sobre personas desaparecidas y para hacer identificaciones en base a método científicos, con la asistencia de ICMP (Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, 2014).

Adicionalmente, habría considerar que en el respectivo sitio web de ICMP se brinda la posibilidad de reportar a una persona desaparecida proporcionando sus datos personales así como información sobre el lugar y circunstancias del hecho, con el objetivo que dicha organización la procese para fines de localización y para establecer la identidad de la persona desaparecida. No obstante, los registros que se generan no son de carácter público debido a que la finalidad que más bien se persigue mediante estos es de búsqueda e investigación.

Es importante mencionar que éstas no son las únicas que están brindando apoyo de diversa índole a las familiares de personas desaparecidas en México. Existen otros tantos organismos como el propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, el cual tiene como mandato ayudar a los familiares desaparecidas a averiguar la suerte y paradero de su ser querido. Para cumplir con su mandato, el Grupo de Trabajo recibe, examina y verifica informes presentados por las personas afectadas o por organizaciones de derechos humanos para posteriormente comunicárselos al gobierno para que se lleven a cabo las indagaciones que se requiere. Al respecto, vale la pena recordar que dichos registros llegan a ser reportados en la base de datos de la CNDH denominada SINPEF Integración.

 

Área de Investigación @ObsNalCiudadano

Manuel Vélez @VelezManuel

Doria Vélez @Dorsvel

 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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