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¿El laberinto sin salida?

24/02/2017
00:15
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¿El laberinto sin salida?

 

En mi artículo pasado “Efectos indirectos del gasolinazo[1]” abordé dos aristas del robo de hidrocarburos, en particular del robo de gasolina. Por un lado, los efectos inmediatos del incremento de precio de la gasolina en la incidencia delictiva y en la oferta de combustible robado. Por otro lado, los efectos del incremento de robo de combustible en la entrada de empresas al mercado y las consecuencias de no atender este problema de manera prioritaria.

En dicho artículo manifesté que de acuerdo con la teoría económica del crimen, la oferta de combustible robado incrementará en el corto plazo en aquellos lugares donde la aplicación y observancia de las leyes es más precaria. Además, las tasas de retorno de aquellas inversiones relacionadas con la distribución, almacenaje y venta de hidrocarburos estarán expuestas a un riesgo de operación que demanda la implementación de estrategias intensivas de seguridad privada y monitoreo.

En esta ocasión analizaré cuáles han sido las estrategias para enfrentar este delito. Desde el punto de vista económico, la ocurrencia de robos implica necesariamente que se incurra en costos de transacción que modifican la asignación de recursos al interior de una empresa. Estos costos tenderán a ser mayores en tanto que la provisión de seguridad pública por parte del Estado no disuada, prevenga y combata de manera efectiva este delito o a las organizaciones criminales que lo cometen como una de sus actividades generadoras de ingreso.

Algo que distingue al robo de combustibles de otras actividades del crimen organizado es que el conjunto de estrategias disponibles para enfrentarlo es más limitado. Tradicionalmente se distinguen dos enfoques de alternativas o soluciones a la compra y venta de artículos ilegales sean estos robados o designados como ilegales en virtud de algún ordenamiento jurídico. Por un lado, restricciones a la oferta (supply side) a través de operativos, controles y otras estrategias enfocadas a reducir la producción y comercialización de tales bienes. Por otro lado, restricciones a la demanda (demand side) mediante campañas de difusión en medios de comunicación, programas educativos o bien a través de la legalización y regulación de estos.

Para ilustrar lo anterior considere las estrategias anti drogas. Los ordenamientos vigentes las definen como ilegales por lo que su venta y comercialización están sancionadas penalmente. Los operativos con fines de decomiso y destrucción de insumos y productos así como la persecución y sanción de narcomenudistas y personas involucradas en su trasiego tienen como finalidad restringir la oferta de estos bienes o en su defecto, hacer menos atractiva dicha actividad. Por su parte, campañas de prevención o tratamientos médicos buscan reducir la demanda de estas sustancias al hacerlas menos atractivas o al revelar los costos de salud que conlleva su uso indiscriminado. De manera paralela, resta determinar cuáles son las estrategias equivalentes en materia de robo de hidrocarburos.

 

Estrategias de contención de la oferta

Uno de los lugares comunes a los que se suele recurrir como solución a casi cualquier problema de seguridad pública es el de mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal o el de reducir la corrupción sin que se muestre una ruta crítica o líneas de acción precisas. Asimismo, es ya una costumbre solucionar los problemas mediante el incremento de sanciones penales. Este es el caso de la sanción por robo de hidrocarburos la cual  aumentó tras modificaciones al tipo penal por lo que ahora un delincuente puede recibir una condena de entre 15 y 25 años. Los esfuerzos legislativos resultan fútiles si se tiene en consideración los bajos niveles de certeza del castigo que imperan en el país. Si se pudiera incrementar el costo esperado (sanción efectiva) de manera sostenida, entonces esta estrategia tendría el potencial de reducir la incidencia de robos. Dicha alternativa es de largo aliento por lo que en el corto plazo depender de la respuesta del sistema judicial constituye una apuesta riesgosa para las empresas entrantes.

Otras estrategias menos convencionales implementadas por Pemex han sido la sustitución de los medios de distribución de los hidrocarburos de ductos a carro tanques, el envío de productos no terminados a lo largo de los ductos, la implementación de sistemas de detección de cambios de presión en los ductos y el acompañamiento de las unidades de transporte por parte del Ejército[2].

La primera estrategia conlleva costos importantes pues la distribución de los hidrocarburos resulta anti económica frente a la eficiencia asociada a los ductos. La segunda estrategia dificulta la venta de la mercancía robada toda vez que al no ser producto terminado, el valor en el mercado negro disminuye. Esta opción no es gratuita pues rompe la cadena productiva lo cual implica que la empresa incurra en ciertas deseconomías y que en lugar de robar los ductos, las organizaciones criminales opten por sustraer las unidades transportadoras. La tercera estrategia permite identificar aquellas tuberías que están bajo ordeña lo cual favorece intervenciones directas y la detección temprana de delitos. Pese a las ventajas que esta estrategia supone, ya se tiene evidencia de casos en los que las organizaciones criminales evaden este mecanismo al ingresar agua a presión al ducto. Por último, el acompañamiento de las unidades de transporte es sostenible únicamente para Pemex por su importancia nacional por lo que otras empresas no podrían aspirar a utilizar esta estrategia para su operación cotidiana.

En el documento Robo en México, ¿un delito cotidiano?, se incorporaron datos de solicitudes de información pública a dependencias del gobierno federal y a Pemex en lo referente al aseguramiento de combustible y auto tanques robados. De 2006 a 2014 se aseguraron poco más de 160 mil millones de pesos provenientes de carro tanques y 5 millones de pesos adicionales por metros cúbicos de combustible asegurados en expendios clandestinos. En términos comparativos representa ínfimos recursos frente a lo que se roba diariamente. Por su parte, la Secretaría de Marina reportó 123 aseguramientos entre 2007 y junio de 2014 en tanto que la Secretaría de la Defensa Nacional careció de información al respecto. Esto parece indicar que las políticas tradicionales de aseguramientos y decomisos no tienen el alcance suficiente para restringir la oferta de combustible robado.

No existe una bala de plata por el lado de la oferta que pueda por sí sola disminuir la incidencia y prevalencia de este delito. En este sentido, hay que considerar otros factores que facilitan su comisión como la colusión voluntaria o involuntaria de personal de la empresa productiva del Estado. De acuerdo con Bargent (2017)[3], entre 2006 y 2015 123 trabajadores de Pemex y 12 ex trabajadores fueron arrestados por este delito. Esta evidencia demuestra que la estructura organizacional que posibilita esta actividad puede ser muy compleja, pero a la vez puede convertirse en una fuente de soluciones. Las interacciones entre miembros de organizaciones criminales, empleados de Pemex e incluso autoridades locales denotan un funcionamiento de tipo red en el cual los incentivos están alineados. Los empleados aportan información estratégica, las autoridades locales protegen a las organizaciones de la aplicación de la ley y estas últimas, a su vez, ejecutan el robo.

Estrategias de contención de la demanda

¿Qué sabemos de la demanda de combustible robado? Datos aislados. Respecto a otros fenómenos como el consumo de drogas del que poseemos más datos y regularidades empíricas, en este caso hay poca información disponible públicamente que permita medir la magnitud de la demanda de combustible robado o describir los patrones de los consumidores. Por un lado, se encuentran empresas extranjeras que compraron condensado robado (según estas, sin saberlo previamente). Por otro, otros consumidores potenciales pueden ser fábricas de poca escala, empresas de autotransporte o bien personas físicas que desean adquirir combustible a un precio menor.  Fuera de este escueto perfil, se desconocen aspectos cruciales de la demanda.

Sin embargo, la teoría económica resulta útil para superar, al menos parcialmente, este obstáculo. Es altamente probable que la calidad del combustible robado sea difícil de observar y validar por lo que constituye una asimetría de información que se puede explotar para generar ganancias adicionales. En este sentido, alguna proporción desconocida del combustible robado será de mala calidad (rebajada) y otra proporción será de buena calidad. Si los consumidores están conscientes de que el combustible de mala calidad puede generar costos adicionales como descomposturas al motor o a partes diversas del vehículo, será posible desincentivar algún porcentaje de la demanda mediante publicidad. Esto supondría poner en marcha una campaña agresiva en medios de comunicación que diferencie los combustibles robados de los legítimos. No obstante, dada la coyuntura política actual esta campaña podría resultar en efectos imprevistos.

Otro factor que dificulta la identificación de patrones de demanda es que quien compra combustible robado, difícilmente estaría dispuesto a reportarlo en una encuesta de victimización por lo que subsistiría un alto grado de sub reporte. Sería preferible incluirlo como una conducta antisocial del conocimiento de los integrantes del hogar. Esta pregunta podría ayudar a determinar grosso modo qué tan extendida está dicha actividad en el país.

 

¿Hay salida?

Depender del funcionamiento del sistema de justicia penal es una apuesta de alto riesgo y de largo aliento. El desarrollo de las investigaciones tendrían que conducir por lo menos al doble o triple de sentencias para que modifique al menos marginalmente la elección de actividades de las organizaciones criminales. A su vez, se requiere identificar de manera más estratégica cómo funcionan estas redes. Para las empresas entrantes será necesario cerciorarse de que los procesos de selección de personal, monitoreo de actividades y esquema de incentivos disuadan a empleados que podrían coludirse.

Iniciativas por el lado de la oferta como las implementadas hasta el momento acarrean costos de oportunidad considerables, pero dadas las circunstancias son ineludibles para mantener la operación. Por su parte, se deben evaluar las alternativas por el lado de la demanda. Esto supone recabar datos en encuestas de victimización o incluso a partir de las transacciones en estaciones de servicio. Además, explotar las asimetrías de información como insumo para publicidad podría apoyar a combatir este delito.

Recientemente el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, dio a conocer un sistema contable que permitirá identificar aquellas estaciones de servicio que vendan más combustible del que compran. Cuando se suscitan estos casos, es seguro que dicha estación está vendiendo combustible robado. Menciona que los primeros resultados se verán a mediados de 2017[4]. La presencia de un organismo regulador fuerte también debería contribuir a resolver parte de este problema, pero más importante será generar certidumbre para las empresas entrantes a reserva de que estas implementen sus estrategias de seguridad.

 

Manuel Vélez                   

Coordinador de Estudios Especiales

@VelezManuel @ObsNalCiudadano

 

[1] http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017/01/18/efectos-indirectos-del-gasolinazo

[2] Martínez, R. (2017). Mexico loses millions of dollars daily to fuel theft. En Public Radio International: https://www.pri.org/stories/2016-10-17/mexico-loses-millions-dollars-daily-fuel-theft

Cattan, N. and Martin, E. (2017). Drug cartels are looting Mexican Gas Pipelines. En Bloomberg Businessweek: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-12/drug-cartels-are-looting-mexico-s-gas-stations

PGI Intelligence. (2016). Mexico: Fuel theft to increase costs for foreign investors. En PGI Intelligence: https://pgi-intelligence.com/news/getNewsItem/Mexico-Fuel-theft-to-increase-costs-for-foreign-investors/677

[3] Bargent, J. (2017). Empleados de petrolera mexicana involucrados en robo de petróleo: Policía. En Insight Crime: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/empleados-petrolera-estatal-mexicana-involucrados-robo-petroleo-policia

[4] Notimex. (2017). Alistan sistema contable para combatir robo de gasolina. En Grupo Fórmula: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=661086&idFC=2017

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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