¿México en paz?

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Seguridad pública enfocada a una Cultura de Paz

01/02/2017
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Sembrar miedo para vender seguridad. Existe una crisis de inseguridad en México, lo sabemos y lo repetimos constantemente. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que tenemos años midiendo y analizando distintas problemáticas en México, entre ellas la violencia y criminalidad, nos hemos dado a la tarea de presentar diagnósticos, estudios y recomendaciones en la materia. Información que pueda servir de base a los tomadores de decisiones, con el fin de crear insumos que no se pierdan en el cambio de alguna administración.

Las políticas públicas en el ámbito de seguridad, carecen de indicadores de seguimiento. En materia de prevención, difícilmente se trabaja con diagnósticos locales, y por lo tanto, el diseño y ejecución se pierden en acciones reactivas. Hay una falta de seguimiento y evaluación basada en resultados, por lo que no existe una rendición de cuentas eficaz en el combate a la criminalidad. 

Ejemplos claros de estas políticas ocurrentes y reactivas para la disminución de las violencias son: las escuelas militarizadas que se quieren implementar en el norte del país, la revisión de mochilas en escuelas por elementos de seguridad pública y el armar a la población para ejercer el uso legítimo de la fuerza como protección personal.

Como si la revisión de una mochila sirviera para la reconstrucción del tejido social, para saber si una niña o niño requiere atención psicológica o vive violencia intrafamiliar. Como si armar a la población ante la ineficacia de una aparato burocrático y corrupto nos llevara a construir la paz y cohesión social tan necesaria en México.  

Esta violencia estructural va más allá de acciones afirmativas y reactivas; requiere un acompañamiento de estrategias de seguridad con apego a derechos humanos, con acciones transformadoras y políticas de largo plazo, que se evalúen constantemente y que incluyan la participación de la sociedad civil.

Otro ejemplo de decisiones tomadas al vapor y falta de evaluación en las mismas es la llamada guerra contra el narcotráfico. Entre las acciones que se implementaron se encuentra la designación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La actuación de los militares en las calles para salvaguardar la paz y el orden público, se realizaría de manera temporal, ya que, el objetivo de la Defensa Nacional está enfocado en defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación ante amenazas externas (tal es el caso de las guerras y el terrorismo).

Lo que le faltó al expresidente Felipe Calderón, fue trabajar a la par en estrategias de fortalecimiento de policías estatales y municipales, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho y en el combate a la corrupción. El resultado que vemos hoy, a diez años de esta estrategia, es miles de millones de pesos invertidos y militares trabajando fuera de tareas para las que fueron preparados.

No solo no funcionó la actuación militar en las calles, sino que los delitos que supuestamente combatirían, aumentaron de manera alarmante. Además quienes se supone que están encargados de protegernos, son quienes cometen crímenes y violaciones a derechos humanos. Solo por por evidenciar esto, más de 28 mil personas están desaparecidas[1] y más de 170 mil han perdido la vida en las última década[2].

Ante la incapacidad del Estado de garantizar el bienestar y derechos de los habitantes, en lugar de replantear el modelo de seguridad ciudadana y humana con enfoque preventivo, nuestros representantes pareciera que quieren seguir vendiendo protección basados en el miedo de la población, en el uso legítimo de la fuerza,  con propuestas de legislar la actuación de los militares en asuntos para los cuales no están preparados. Una ley de seguridad interior, que pareciera que va a acabar con los homicidios que se cometen todos los días, extorsiones, secuestros y desapariciones, sin mencionar la violencia a la que nos hemos acostumbrado.

Ante la nula evidencia de que la actuación de las Fuerzas Armadas es esencial en el combate a la delincuencia, se requieren de estrategias mucho más completas. Recobrar la confianza en la policía a la par de combatir la corrupción e impunidad en el país. Para que esto ocurra se requiere de autoridades capaces de ver más allá de intereses particulares, de dar soluciones rápidas ante problemas complejos y que estén convencidos de la importancia de políticas y estrategias de largo plazo. 

Los representantes en la administración pública cambian y junto con esta, la voluntad política del gobernante en turno muchas veces dirigido a intereses personales, trabajando para las próximas elecciones y cargos públicos; sin embargo las organizaciones civiles aquí seguimos, gestión tras gestión midiendo gobiernos y analizando causas y consecuencias.

Es momento de escuchar las recomendaciones de organizaciones locales y de organismos internacionales. Estar unidos es fundamental, más en estos momentos de coyuntura y grave crisis de derechos humanos a nivel internacional. Sembrar esperanza en lugar de miedo para construir bienestar en la sociedad. 

 

Luz Marcela Villalobos Andrade

Directora General del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

@OCMXsegura @ObsNalCiudadano @MarceVillalobs

 

[1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Estadísticas del fuero común. URL: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php, revisado el 31 de enero de 2017.

[2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva del fuero común, Informe de Homicidio, Secuestro, Extorsión y Robo de Vehículo. URL: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122016.pdf,  revisado el  31 de enero de 2017.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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