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Las mujeres como agentes de paz

Las mujeres al volverse pactantes y no “pactadas”, otorgan más legitimidad y representatividad a los acuerdos y programas implementados.
12/01/2017
15:06
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A lo largo de la historia, el concepto de seguridad ha permeado las relaciones internacionales y ha marcado la pauta de acción entre los Estados. Desde su reconceptualización, después de la Guerra Fría, el concepto de seguridad ha pasado de tratar asuntos meramente de carácter militar, a incluir una gran variedad de amenazas y nuevos elementos de la agenda internacional. Los académicos en su aproximación a la seguridad internacional,  otorgan  más importancia a ciertas variables de la política global; los teóricos de género lo hacen mirando al mundo a través del espectro del feminismo, centrándose en el género como una relación de poder particular, y trazando las maneras en la que éste es fundamental para la comprensión de los procesos internacionales de seguridad[1].

Desde la década de los noventa, los procesos de reconstrucción de paz abrieron las puertas para el involucramiento de diversos actores directamente relacionados con el desarrollo internacional, entre ellos, el rol del género. El cambio de paradigma llevó a que las mujeres pasaran de ser meramente receptoras pasivas de la paz y del desarrollo, a ser agentes fundamentales. Este reconocimiento llevó a un cambio en el enfoque del hombre como actor por excelencia de las dinámicas de seguridad y,  por lo tanto, amplió el entorno sociocultural.

En el 2000, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordó el rol de las mujeres en los procesos de conflicto y paz, así como el impacto de la guerra en las mujeres y niñas. A raíz de ello, se implementa el componente de género en las Operaciones de Mantenimiento de Paz[2]. Asimismo, la Resolución 1820 del mismo órgano de la ONU, abordó la protección de las mujeres en situaciones de conflicto y posconflicto, específicamente referente a violencia sexual y de género. Sin embargo, pese a lo anteriormente establecido, y de acuerdo con ONU, Mujeres: “únicamente el 9% del total de los negociadores en procesos de paz son mujeres, el 4% de los firmantes, el 2.4% de los jefes mediadores y el 3.7 de los observadores” [3]. De igual manera, sólo el 16% de los acuerdos de paz entre 1990-2010, abordaban de manera explícita la participación, papel, protección e intereses de las mujeres[4].

Tradicionalmente los hombres han dominado los roles formales en los procesos de paz y seguridad. Tanto los negociadores como los políticos y líderes de opinión involucrados en estos procesos, tienden a ser hombres. El poder se distribuye de manera desigual, es decir, pocas mujeres se encuentran en los puestos de toma de decisiones a nivel nacional. Asimismo, los puestos relacionados con la seguridad interior y nacional tienden a alejarse lo más posible de lo “femenino” lo cual sugiere debilidad, por lo cual las mujeres son excluidas aún más de esta esfera. Sin embargo,  aunque no siempre es reconocido, las mujeres juegan un papel fundamental en la construcción de paz. Existe una relación intrínseca entre paz y desarrollo, en el cual la participación de las mujeres facilita ambos. Ya sea en procesos de paz o estrategias de prevención, es necesario que las mujeres elaboren propuestas desde sus necesidades e intereses, que haya un espacio de diálogo, que se visualice el impacto de la inseguridad y del conflicto en las mujeres, y que, como vía para alcanzar una paz duradera, se promuevan los derechos de las mujeres y el cese a la violencia en contra de ellas. Paralelamente, alcanzar la paz conlleva una mayor igualdad de género y la igualdad de género fomenta la paz[5]. La sub-representación de las mujeres en estas esferas es un ejemplo de lo que sucede en los demás puestos de toma de decisión, y visualiza la profunda exclusión existente al seno de los distintos países y sociedades.

El empoderamiento de la mujer es esencial en los procesos de paz, en el desarrollo, prevención y el mejoramiento en  la calidad de vida de las comunidades alrededor del mundo. La participación plena de las mujeres en la prevención de la violencia, está estrechamente vinculada con la igualdad de género y el acceso de las mujeres a la educación, representación política, y la atención médica. Es necesario brindarles las mismas oportunidades y herramientas  a  las mujeres, únicamente así se podrá lograr un proceso de reconstrucción de paz certero.

La participación de las mujeres como actores centrales además de fomentar los derechos humanos, garantiza una paz sostenible y duradera. Existe evidencia para sostener que hay una relación directa entre la apertura y el diálogo en las negociaciones y programas, y la probabilidad de que los acuerdos se implementen de manera exitosa. Generalmente, las mujeres fungen como actores capaces de crear consenso y de proponer acciones colectivas de participación ciudadana para la mejora de la seguridad, la justica y la recuperación de espacios públicos. Las mujeres al volverse pactantes y no “pactadas”, otorgan más legitimidad y representatividad a los acuerdos y programas implementados[6].

Aterrizando la experiencia internacional a nuestro país, se puede establecer que el enfoque con perspectiva de género en la prevención social de la violencia y la delincuencia, aún no es una realidad. Infinitas veces los programas de prevención han pasado por alto la vulnerabilidad de las mujeres ante las situaciones de inseguridad, han ignorado el papel determinante que éstas juegan en la implementación de programas y acuerdos, y han excluido a las mujeres de los puestos formales de toma de decisiones en materia de paz y seguridad.

Tomemos, por ejemplo, la estrategia Todos Somos Juárez, programa que responde a la difícil situación por la cual atravesaba la ciudad fronteriza (Ciudad Juárez) en 2008-2009. Además de la toma de la ciudad por el ejército, el Gobierno Federal lanzó dicho programa de prevención social en el 2010 con el propósito de romper la espiral de violencia. Pese a que la violencia generalizada y sostenida contra las mujeres era, sin duda alguna, la forma de violencia más atroz y evidente, tan solo cuatro de los 160 compromisos asumidos (compromisos No. 34, 80, 41 y 33) mencionaban, y de manera breve, al género o a las mujeres de manera específica[7].

Existen algunos programas de prevención que efectivamente han tomado en cuenta el papel de la mujer. Un claro ejemplo de ello es la implementación en el 2011 de Redes de mujeres en barrios y colonias para la prevención social de la violencia y la delincuencia como iniciativa del Gobierno Federal a través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUNSEMUN). Pese a que ello fue una acción encaminada hacia el reconocimiento del papel de la mujer en dichos procesos, ello no es suficiente, es necesario implementar más estrategias de esta naturaleza y reconocer a las mujeres como agentes de paz en nuestro país[8].

Para realmente acabar con la inseguridad en nuestro país, es necesario abordar al género como factor de análisis en situaciones de conflicto, y otorgarle mayor importancia al papel de la mujer en las dinámicas de paz y seguridad. Sólo así se logrará una mayor efectividad en las estrategias de prevención y de construcción de paz.

 

Fuentes:

 

María José Reyes-Retana,

Investigadora del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

@maggierrf  @OCMXSegura @ObsNalCiudadano

 

[1]Laura Sjoberg, “Gender and International Security: feminist Perspectives, Londres,2009.

[2]  “Women, Peace and Security” en UN Women”, 2002.

[3] “Cumbre Nacional de Mujeres y Paz” en ONU Mujeres Colombia, Bogotá 2014,pag 28.

[4] “Cumbre Nacional de Mujeres y Paz” en ONU Mujeres Colombia, Bogotá 2014.

[5] “Empowerment: Women & gender Issues: Women, Gender & Peacebuilding Processes” en Peacebuilding Initiative, 2014.

[6] “Cumbre Nacional de Mujeres y Paz” en ONU Mujeres Colombia, Bogotá 2014.

[7] “Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad” en CONADIC, 2010.

[8] “Catálogo SUBSEMUN 2011” en Secretariado Ejecutivo, 2011. 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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