De la inseguridad, la debilidad estadística y la corrupción

Ha sido ampliamente comentado por expertos y neófitos que en Latinoamérica y México la inseguridad se ha posicionado en lo más alto del listado de preocupaciones ciudadanas, según la última versión de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), para seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años, la inseguridad es la mayor de sus preocupaciones, esto por encima de la pobreza, el desempleo o el aumento en el precio de los productos de primera necesidad.

Históricamente nos hemos aproximado a los fenómenos relacionados con la seguridad desde dos disímiles pero inseparables dimensiones; una dimensión objetiva que a partir de registros oficiales da cuenta de la extensión o magnitud de la delincuencia, y una dimensión subjetiva que agrupa esas múltiples manifestaciones del miedo difuso de los ciudadanos a ser víctimas de un delito.

Respecto de la primera dimensión (al menos en México) el registro que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del número de carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías o fiscalías en los estados ha eclipsado el debate; este registro ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil (OSC) por múltiples razones, la primera de ellas radica en que la ausencia de una tipificación homogénea respecto de los tipos penales a lo largo del territorio nacional, muchas veces sumamos peras con manzanas. Otra de las críticas que se ha hecho a este registro es la susceptibilidad de manipulación de la cual es frecuentemente objeto, esto es así en la medida en que con la expectativa de ser beneficiados con recursos extraordinarios (que pocas veces se invierten correctamente) algunas entidades alteran al alza el número de sus registros, en sentido contrario lo hacen cuando el mandatario local tienes aspiraciones políticas de mayor envergadura y pretende enarbolar banderas de éxito en su gestión de la que es como dije antes hoy por hoy la mayor preocupación ciudadana.

Otras veces, la disminución en el número de carpetas de investigación, lejos de materializar una adecuada política pública de prevención y contención de la delincuencia, obedece a la monopolización del delito que hace el crimen organizado en sus zonas de influencia. El cobro del derecho de piso generalmente es precedida por una sangrienta y visible cacería a delincuentes menos organizados; otra de las evidenciadas falencias de este registro es que en atención a que sólo un porcentaje mínimo de delitos son denunciados tenemos un panorama muy limitado de la situación, lo explicaré a través de un ejemplo: imagine usted que tiene sobre una mesa un rompecabezas con exactamente cien piezas, en ese escenario solo luego de dar orden a esas fichas (entender el problema de seguridad desde su multicausalidad), sería posible explicar el cuadro, podríamos afirmar entonces que se trata de un paisaje o un objeto; lo que pasa en materia de seguridad es que debido a la baja tasa de denuncia (según datos del INEGI principalmente por desconfianza en la autoridad sólo 6 de cada cien delitos es denunciado), tenemos que describir el cuadro completo con apenas seis fichas.

Es necesario buscar alternativas estadísticas que nos ayuden a entender el fenómeno desde sus manifestaciones visibles, en este sentido, hay una enorme posibilidad de acercarnos a un entendimiento más sistemático del problema desde la estadística policial, ese registro muchas veces artesanal sería un insumo de incalculable valor para entender desde lo local las faltas administrativas y delitos que son registrados  por los cuerpos de seguridad (ya no solamente los que son denunciados); el desafío es enorme y el tiempo apremia, no hay otra opción que impulsar y exigir la aplicación de criterios técnicos que aportan validez, fiabilidad y transparencia en esos registros, el denominado Protocolo de Bogotá es un referente muy importante en lo que respecta a los registros de homicidios.

El panorama resulta más desalentador al corroborar que los mexicanos confían en las autoridades en la medida en que las desconocen o no han tenido contacto con estas; esto es así en tanto y en cuanto las autoridades que constituyen ese primer eslabón entre los ciudadanos y el Estado son las que se perciben como más corruptas, el más reciente muestreo nacional en esta materia concluye que para el 76% de las personas mayores de 18 años la Policía de Tránsito es corrupta, le sigue en este lamentable listado las Policías Preventivas Municipales con un 66.7 por ciento, los Ministerios Públicos y Jueces con un 65.7 por ciento; en el otro extremo de la tabla se encuentran la Marina y el Ejercito, respecto de ellas el 19.7 y el 25.1 por ciento respectivamente de los encuestados considera son instituciones corruptas.

Siguiendo esta idea y como corolario final, con la cantidad que se presume fue robada por el ex Gobernador en Veracruz se podrían comprar cuatro millones de toneladas de tortillas, eso es más de cuatro veces el peso de Pirámide del Sol en Teotihuacán, y alcanzaría para pagar las tortillas que consumen todos los mexicanos por más de seis meses; ahora bien, si la cifra de 50 mil millones de pesos que se presume fueron desviados ilegalmente por César Duarte en Veracruz le parece una cifra escandalosa y en efecto no hay dudas de que así lo es, piense que en 2015 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 236.8 mil millones de pesos, es decir, 1.25% del PIB.

Rodrigo Cepeda

Director de Integración Ciudadana de Puebla

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