Frente al retroceso, mayor participación ciudadana

En materia de seguridad, el país da claros signos de retrocesos y crisis, con lo cual no resulta extraño los altos niveles de desaprobación de la ciudadanía hacia las administraciones recientes y específicamente hacia las instancias públicas que velan por la integridad física y de los bienes de las personas. La respuesta institucional para solucionar la desaprobación ha sido poco efectiva, en lugar de abrir espacios a la ciudadanía para encontrar alternativas conjuntas a la crisis, la autoridad, en muchas ocasiones, se vuelve más impermeable al interés público; los espacios de participación ciudadana no parecen ser una opción principal para mejorar la seguridad. Cada vez que las autoridades emprenden planes, programas o acciones para mejorar la seguridad, los resultados han sido pobres, se presentan fracasos o las propuestas más bien resultan ocurrentes, pues carecen de evidencias serias para que las políticas públicas a mediano y largo plazo sean sostenibles. Sobre esto último, en el tintero están, por ejemplo, la ley de portación de armas y la ley de seguridad nacional. Por su parte, el ejemplo más claro de que las políticas para combatir la inseguridad y la violencia han dado pobres resultados o han fracasado es el incremento del homicidio doloso en todo el país. La actual administración federal asumió la responsabilidad de la seguridad con una tendencia a la baja, durante el periodo 2012 al 2014 la tasa de los homicidios intencionales descendió en casi 30%. Durante estos años, fue común escuchar discursos triunfalistas que indicaban que el tema estaba superado, y de esta forma el tema fue parcialmente olvidado. Pero una vez que la violencia letal nuevamente aumentó en su intensidad y se extendió geográficamente por gran parte del país, la repuesta de distintas autoridades fue minimizar la situación; y ya que el problema ha quedado expuesto en toda su magnitud, la reacción gubernamental ha sido desmentir sus propias cifras, cuestionar los resultados de los diagnósticos ciudadanos y contrastarlos con reducciones que, viéndolas a largo plazo, resultan pírricas. Como en anteriores décadas dan muestran de hermetismo frente al problema. A nivel local, un ejemplo de la falta de efectividad de las políticas y programas de seguridad es el Estado de México, en donde en los últimos años se ha incrementado la frecuencia de ocurrencia del homicidio doloso, mientras que los delitos como robo de vehículos, robo con violencia, robo a negocio y violación se siguen presentado con altísima frecuencia. A pesar de esto, las autoridades de la entidad expresan poca disposición para abrir espacios para que la ciudadanía colabore en la reducción de la incidencia delictiva. Luego de una década en donde la autoridad ha tomado decisiones poco acertadas para contener y reducir la inseguridad, hoy lo que se requiere es buscar respuestas en los espacios en donde se cuenten con conocimientos de las expresiones cotidianas de las actividades delincuenciales, recurrir al saber de los ciudadanos. Es por ello que una alternativa es construir espacios efectivos de participación, en los cuales no solo se hagan públicas las demandas y propuestas de la población en relación a la inseguridad, sino que se permita la intervención de la ciudadanía en los distintos momentos de las políticas públicas. Si bien los foros ciudadanos son un buen espacio para que la que la autoridad identifique las principales preocupaciones sobre la inseguridad, esto no garantiza que las ideas y proyectos de los ciudadanos se materialicen, muchas veces hemos visto como estos ejercicios de “participación” más bien funcionan como legitimadores de decisiones gubernamentales previamente tomadas. Tampoco los consejos ciudadanos alcanzan para darle certidumbre de efectividad a las iniciativas ciudadanas, pues bien es sabido que muchas veces estos consejos son integrados por miembros que representan intereses privados y no los públicos o son órganos diseñados para cumplir los requisitos de los fondos o programas públicos que la misma autoridad elaboró. Así pues, se deben construir espacios para que la ciudadanía alcance mayores niveles de influencia en las decisiones públicas, a fin de garantizar que sus diagnósticos, proyectos, propuestas, etc. impacten en los distintos momentos de la política pública de seguridad, desde su planeación, pasando por la ejecución, hasta llegar a la evaluación. Pero en la búsqueda de la construcción de estos espacios efectivos de participación requerimos que la autoridad convoque a través de reglas claras a los actores sociales a colaborar en los distintos momentos de las políticas de seguridad; y del otro lado, es decir, desde la ciudadanía, precisamos que esta manifieste explícitamente la necesidad de participar y abandone definitivamente las prácticas clientelares y paternalistas que tanto trabajo ha costado sacudirse. No estamos afirmando que la participación ciudadana sea la panacea para reducir la incidencia delictiva y mejorar la relación ciudadanos-autoridad, sin embargo, es un camino poco explorado y en esa medida aun contamos con escasas experiencias para saber cuál es el potencial de este recurso en nuestro país. José Ángel Fernández Hernández Coordinador de la Red Nacional de Observatorios Locales @DonJAngel @ObsNalciudadano