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Justicia con perspectiva de género

El encarcelamiento tiene un efecto desproporcionalmente negativo en las mujeres. Para comprender este supuesto se debe tener en mente que la mayor parte de las mujeres han sufrido de discriminación y violencia previamente a ser encarceladas, viven en situación de pobreza y cuentan con un bajo nivel educativo.
28/12/2016
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El encarcelamiento tiene un efecto desproporcionalmente negativo en las mujeres. Para comprender este supuesto se debe tener en mente que la mayor parte de las mujeres han sufrido de discriminación y violencia previamente a ser encarceladas, viven en situación de pobreza y cuentan con un bajo nivel educativo. Asimismo, se debe de considerar que los “dependientes” de estas mujeres, es decir hijos, familiares y miembros de la comunidad se ven altamente afectados por las consecuencias devastadoras del encarcelamiento, incluso después de la liberación[1]. La reinserción exitosa de la población debe ser vista como el principal objetivo; el encarcelamiento, como el último recurso para lograrlo.

El género es un conjunto de prácticas y estructuras mutuamente constitutivas que se encuentran arraigadas dentro de una sociedad. A simple vista pudieran parecer invisibles, pero resaltan las relaciones de poder que fomentan la desigualdad entre mujeres y hombres[2]. Dicho elemento estructurador afecta la comprensión de la singular relación masculino/femenino. En este sentido, la sociedad se ha encargado de diferenciar el comportamiento “socialmente aceptado” de mujeres y hombres. Las medidas de control informales, es decir aquellas practicadas dentro de la familia, la iglesia y la comunidad son más rígidas al momento de juzgar a las mujeres. De igual manera, y a raíz de los patrones de conducta arraigados dentro de la sociedad, las medidas formales de control como las instancias de acceso a la justicia, cárceles, policía y tribunales también tienden a ser más severas con las mujeres[3]. En el acceso a la justicia, el constructo binario de hombre/mujer se replica. Es común que una mujer, por razón de sexo, no sea tratada ni juzgada de la misma manera que un hombre, incluso al cometer el mismo delito. En México, la impartición de justicia además de clasista, llega a ser sexista. La sociedad juega un importante papel en ello, pues una mujer que comete un delito es estigmatizada no solo por transgredir la ley, sino por romper el estereotipo de “buena mujer”[4].

Desde una perspectiva de género, la teoría Feminista aborda la invisibilidad y opresión que sufren las mujeres en los centros penitenciarios. Su condición de mujer, interactúa con distintas variables como lo son: etnia, clase, preferencia sexual y edad, fomentando mayor opresión y una doble o triple discriminación[5]. Como se mencionó con anterioridad y de acuerdo con INMUJERES, el analfabetismo y haber sufrido de violencia recurrente antes de ser encarceladas, son dos de las principales características de las mujeres reclusas. De igual manera, Elena Azaola indica que la mayor parte de las mujeres encarceladas en México han vivido sumergidas en situación de pobreza a lo largo de sus vidas. Asimismo, las mujeres en centros penitenciarios no reciben la atención médica necesaria, ya que ésta gira meramente en torno al rol de procrear, excluyendo las demás cuestiones de salud.

En México, es común que no exista una estrategia efectiva de reinserción y rehabilitación de presos. A las mujeres reclusas difícilmente se les brinda las herramientas necesarias para sobrevivir una vez liberadas. En caso de que las reclusas reciban capacitación, comúnmente  se les enseña un trabajo u oficio “propiamente femenino” como lo pueden ser hacer manualidades, aprender a maquillar y peinar. Ello excluye otro tipo de oficios más útiles y mejor remunerados[6].

Paradójicamente, la encarcelación de mujeres con dependientes incrementa la probabilidad de  que las personas a su cargo se involucren con redes criminales, consumo de drogas y la comisión de delitos, ya que son expuestos a situaciones de marginación, abandono y vulnerabilidad[7].

La perspectiva de género en el acceso a la justicia es una preocupación marginal para el gobierno mexicano, ello se ve reflejado en las sentencias desproporcionales por homicidio entre hombres y mujeres. En promedio, los hombres reciben 18.6 años, las mujeres 23[8]. Dicho fenómeno se agrava en la comisión de homicidio en razón de parentesco por omisión, es decir una madre que no impide la muerte de sus hijos recibe mayor condena que un padre que hace lo mismo. El hombre tiene la misma responsabilidad e importancia dentro de la familia, situación que el sistema de justicia se niega a reconocer. La figura de “mala madre” sigue permeando tanto a la sociedad como a las instituciones de acceso y procuración de justicia. Lo que se busca es que en dichos casos haya un acceso igualitario a la justicia, libre de prejuicios y estereotipos.

En México, la mayor parte de las mujeres encarceladas lo están por  haber cometido delitos contra la salud, es decir por la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos[9]. Estas mujeres se ven afectadas por las  políticas punitivas en torno a las drogas, sin embargo rara vez representan una amenaza palpable para la sociedad. La mayor parte de ellas se involucra en el tráfico o transporte de drogas de pequeña escala por lo cual su encarcelamiento contribuye poco al desmantelamiento de los mercados del tráfico ilícito de drogas. Muchas de estas mujeres son orilladas a cometer delitos de alto riesgo por la  situación de vulnerabilidad y pobreza en la que viven o por sus parejas, lo cual únicamente hace que el encarcelamiento contribuya al empeoramiento de su condición y la de su familia[10]. Es necesario encontrar otras maneras de atacar dicho comportamiento; el encarcelamiento no siempre es la solución.

No cabe duda, que en México el sistema de justicia es insensible a las necesidades y situación de discriminación y violencia que viven las mujeres. La corrupción  y el sexismo dentro de las instituciones de acceso a la justica ha llevado a miles de mujeres a ser injustamente  sentenciadas y  encarceladas. Dentro de los centros penitenciarios, las reclusas se enfrentan a situaciones de opresión, invisibilidad y estigmatización. Para contar con un mejor sistema de justicia, es fundamental llevar a cabo la transversalización de una perspectiva de género en los tribunales, cuerpos policiales, cárceles y demás instituciones de procuración y acceso a la justicia. Es urgente dejar de replicar estereotipos en torno a la mujer y tomar en consideración los derechos y la situación de los dependientes de las mujeres encarceladas. Es necesario contar con programas efectivos de reinserción social y rehabilitación de las reclusas que permitan desarrollar capacidades y aptitudes útiles durante su tiempo en prisión y después de su liberación. De manera paralela, se necesita prestar especial atención a la situación de marginación y vulnerabilidad en la que viven la mayor parte de las reclusas. Exijamos un sistema de justicia con perspectiva de género,  efectivo, transparente, libre de estereotipos y de corrupción.

Fuentes:

 

María José Reyes Retana Fernández

Investigadora del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

@maggierrf @OCMXsegura @ObsNalCiudadano

 

[1]  Organization of American States, “Women, Drug Policies and Incarcelation: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Carabbeean”, enero 2016.

[2] María José Reyes-Retana, “Feminicidio: ¿figura necesaria?” en El Universal. Ciudad de México, 19 agosto 2016.

[3] Elena Azaola G. “El delito de ser mujer. hombres y mujeres homicidas en la Ciudad de México: historias de vida” en Revista de Sociología, 1997.  http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/3316.pdf

[4] Moisés Moncayo Gómez, “Mujeres en prisión, los casos de Santa Martha Acatitla” en FLACSO, 2014.

[5]Moisés Moncayo Gómez, “Mujeres en prisión, los casos de Santa Martha Acatitla” en FLACSO, 2014.

[6] Claudia Salinas Boldo “Las cárceles de mujeres en México: Espacios de opresión patriarcal” en Ibero Forum, 2007.

[7] Organization of American States, “Women, Drug Policies and Incarcelation: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Carabbeean” enero 2016.

[8] Moisés Moncayo Gómez, “Mujeres en prisión, los casos de Santa Martha Acatitla” en FLACSO, 2014.

[9]Claudia Salinas Boldo “Las cárceles de mujeres en México: Espacios de opresión patriarcal” en Ibero Forum, 2007.

[10]Organization of American States, “Women, Drug Policies and Incarcelation: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Carabbeean” enero 2016.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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