¿Se gobierna a través del delito en México?

Hace algunos días se cumplió una década del combate a la delincuencia organizada en México. Esto significa que por lo menos han transcurrido diez años en los cuales hemos estado sumidos en una profunda crisis de seguridad humana, caracterizada por elevados niveles de violencia y sistemáticas violaciones a derechos humanos. Asimismo significa que por lo menos han transcurrido diez años en los cuales se ha gobernado a través del delito, lo cual refiere que la delincuencia y su respectivo castigo han sido piezas fundamentales para la legitimidad y operatividad del Estado mexicano durante estos años. ¿Cuáles son las implicaciones de la permanencia de la crisis y de este tipo de gobernanza en nuestro país? ¿Solo ha transcurrido una década de este tipo de gobierno en México o simplemente a partir de la implementación de los Operativos Conjuntos durante la administración del ex presidente Calderón se generó una especie de amnesia de nuestra historia en materia de seguridad?

Para responder el primero de los cuestionamientos planteados vale la pena recurrir al libro Gobernar a través del delito de Jonathan Simon, ya que a partir del análisis del caso norteamericano se plantea que este tipo de gobernanza implica que no exista ámbito institucional en el que no se legitime toda acción destinada a evitar delitos u otro tipo de comportamientos problemáticos análogos a los mismos. Además por esta vía, se visibiliza y vincula institucionalmente cualquier tipo tecnología, discurso o metáfora del delito y la justicia penal; de tal manera que sin dilación o miramiento se pueda pasar de la preocupación o el miedo a una acción determinada para su control y sanción.

Debido a la delgada línea que separa la noción de “gobernar el delito” respecto a “gobernar a través del delito”, es pertinente diferenciarlas a partir de que este último debilita la democracia, polariza a la sociedad, agota el capital social, reprime la capacidad innovadora y no brinda una mayor seguridad.

Si extrapolamos esta propuesta analítica al caso mexicano, a la luz de las discusiones recientes sobre la participación de las Fuerzas Federales en labores de seguridad pública, la reforma policial, la portación de armas de fuego en negocios y vehículos, entre otros; se puede afirmar que definitivamente se gobierna a través del delito en México. Esto se debe a que fácilmente ciertas instituciones o sectores de la sociedad legitiman acciones que no solo deterioran la incipiente democracia y el propio régimen federal, sino que ponen en entredicho los derechos humanos de la población derivado del miedo al delito. Se opta por este tipo de intervenciones sin que ello implique obtener resultados eficientes que sean distintos a la cantidad de sujetos activos detenidos y sentenciados a partir de lo cual se ha generado un potencial estereotipo de los presuntos delincuentes que ha normado el orden en nuestra sociedad.

Es importante mencionar que este tipo de gobernanza no solo permea en el ámbito de las instancias gubernamentales, sino que se trasmina al resto de los ámbitos e instituciones. Justamente, desde esta perspectiva se podrían comprender los casos de justicia por propia mano y los propios "justicieros" anónimos. Esto se debe a que se trata de actos o figuras que han sido legitimados por una parte de la población, como resultado de que lo consideran como una solución al problema de seguridad. No obstante, este tipo de intervenciones solo atienden el momento o plano inmediato sin que se abone a la garantía de la seguridad. Además que en ocasiones, se ha partido exclusivamente de los estereotipos de presuntos delincuentes generados narrativa e iconográficamente para ejercer la violencia como medio para controlar del delito y supuestamente "acceder" a la justicia.

Debido a las profundas implicaciones que tiene gobernar a través del delito, vale la pena preguntarse qué es lo que ha mejorado en materia de seguridad durante la última década en México. Si hacemos una revisión pormenorizada de las circunstancias es un hecho que la incidencia y prevalencia delictiva no han disminuido, que han aumentado las violaciones a los derechos humanos, que ha incrementado el ejercicio de las violencias sin justificación alguna por parte de distintos actores sociales, que los niveles de percepción de inseguridad y desconfianza hacia las autoridades persisten, que las instituciones federales y estatales de seguridad y justicia se han debilitado considerablemente.

Sin embargo, a pesar de esta situación pocas voces se han pronunciado por un esquema de gobernanza radicalmente distinto al que ha sido impuesto, el cual pone al delito en el centro de la legitimidad y operatividad del Estado. Es fundamental señalar que esto no implica un vacío crítico, pues la prueba es que durante estos años hemos escuchado a distintos actores sociales cuestionar las acciones implementadas tanto en la administración del ex presidente Calderón como del presidente Peña Nieto. Si optamos por ampliar nuestra mirada histórica sobre esta materia, considero que no solo estamos hablando de una década del combate a la delincuencia organizada, sino que estamos hablando de muchas más décadas en los cuales estas intervenciones han marcado la manera de gobernar y de legitimar a los actores políticos en México.

Doria Vélez

Directorade Investigación

@Dorsvel  @ObsNalCiudadano