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¡Alto no te arriesgues!

La inseguridad ha llevado a los ciudadanos a que respondan con mayor violencia a los ilícitos.
02/12/2016
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Exclamación con la que inicia un letrero en el Estado de México, advirtiendo a los ladrones que los vecinos tomaran, lo que erróneamente denominan, justicia por propia mano. La inseguridad ha llevado a los ciudadanos a que, de manera individual o colectiva, respondan con mayor violencia a los ilícitos, al grado de asesinar a presuntos delincuentes. La sensación de vacío de poder, la lenta o nula respuesta de las autoridades y, sobre todo, la percepción de que los criminales no reciben el castigo que merecen, son los factores principales que han llevado a la aparición de “justicieros”, pero la autodefensa debilita el estado de derecho.

La impunidad se está convirtiendo en la regla y no en la excepción, lo común es que el crimen no se castigue, lo que dificulta seriamente la procuración y la impartición de justicia. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), estima que en el Estado de México la cifra negra asciende a 95.4% de los delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa durante 2015. En esta misma encuesta, la percepción de la seguridad en la entidad (marzo - abril de 2016) muestra que el 90.6% de la población se siente insegura, siendo esta cifra la más alta de todo el país.

El Estado de México forma parte de la zona metropolitana del Valle de México (59 municipios) y ha sido desde hace al menos cinco años un foco rojo en los niveles de incidencia delictiva que se registran en todo el país. Las cifras así lo muestran, los homicidios, los robos, la extorsión, los secuestros, las violaciones y los feminicidios, son problemas frecuentes y ninguna acción gubernamental ha logrado detener la violencia y el estrés cotidiano con el que viven millones de mexiquenses; estamos ante un terrible fracaso en materia de seguridad pública.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, ha señalado que el número tan alto de delitos en el estado es debido a que la entidad es la que más habitantes tiene en el país: 17.12 millones de personas, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2016. "Si bien reconozco que se han incrementado los índices y la presencia delictiva en el Estado de México en los últimos días, también debo precisar que este es un fenómeno atípico, temporal, que ya estamos trabajando para dar la lucha en este tema", dijo el gobernador en 2014.

Si nos basamos en el planteamiento del gobernador, entonces el Estado de México debería tener máximo una participación a nivel nacional del 14% en lo que a incidencia delictiva se refiere, ya que esta es la proporción que representa la población del estado a nivel nacional, pero la realidad es completamente diferente. En el periodo de enero a octubre del presente año, de acuerdo con datos (carpetas de investigación) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), son cinco los delitos de alto impacto que revesaron ese porcentaje:

En materia de robo de vehículos, casi tres de cada diez (26.96%) hurtos en todo el país se realizaron en el Estado de México, el 45% del total de robos de vehículos con violencia y el 19.89% del total sin violencia se presentaron en dicha entidad. El 23.78% de los secuestros (fuero común y federal) a nivel nacional se realizaron en este estado, se cometieron el 19.79% de todos los robos con violencia, así como el 18.24% del total de extorsiones y el 16.57% de todas las violaciones sexuales que se consumaron en el territorio nacional.   

Aun pensando en el planteamiento del dirigente del estado, se realizó un comparativo de tasas por cada 100 mil habitantes, que permite hacer confrontaciones sin importar el tamaño poblacional de la entidad, y los resultados tampoco son alentadores, a decir verdad son sumamente preocupantes, puesto que los delitos de secuestro (fuero federal y común), robo de vehículo, robo con violencia, extorsión y violación, presentan tasas mayores a la nacional en 106.45, 92.57, 41.36, 30.31 y 18.33%, respectivamente. Los datos son claros y este no es un fenómeno atípico, ni temporal, como se ha mencionado.

Haciendo un comparativo (carpetas de investigación) en la entidad, del periodo enero - octubre de 2016, respecto al mismo periodo de 2015, las cifras muestran incrementos en cuatro delitos: Violación con 45.38%, extorción con 40.55%, secuestro (fuero común y federal) con 17.59% y homicidio doloso con 0.12%. Mientras las autoridades sigan excusándose, en lugar de aceptar los hechos y en consecuencia actuar,  el gobierno en el Estado de México seguirá siendo imperceptible en materia de seguridad pública.

La experiencia delictiva que vive el país, hace afirmar que la seguridad pública debe estar basada en la prevención victimal, la cual debe incluir a la función policial, a la procuración y administración de justicia, a la readaptación social y a la sociedad civil; es problema de todos y si se lucha individualmente la batalla está perdida. Pareciera que ni el gobierno federal, ni el estatal, han valorado las consecuencias sociales y políticas de la inseguridad en la entidad más poblada de México. El año entrante se elegirá un nuevo gobierno, es la antesala de lo que pudiera pasar en la elección presidencial de 2018, y la justificación por la cual los mexiquenses eventualmente decidan por una alternancia, será la inseguridad.

Referencias:

• CONAPO (2016). Proyecciones de población 2010-2030. Disponible en:   http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

• INEGI (2016). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad  Pública, 2016. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/

• SESNSP (2016). Incidencia delictiva octubre 2016. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php

 

Juan José Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@JuanJoGiSa @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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