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¿Para qué queremos medir el costo de los delitos y la inseguridad?

OTRAS
02/11/2016
00:47
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Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
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Podría comenzar este artículo citando diversas estimaciones que versan en torno a los costos del delito. Millones de pesos que los hogares y empresas destinan para anticiparse a la ocurrencia de un delito. Otros tantos millones perdidos a causa de asaltos, pago de rescates, extorsiones consumadas, mercancía robada, entre otras. Además, debemos integrar a estos costos los millones de pesos que se destinan para que el sistema de justicia penal y de seguridad pública opere con regularidad. Ya no pensemos en costos menos visibles como inversiones pospuestas o efectos de largo plazo en la economía y en la sociedad. Sin embargo, ¿para qué queremos medir el costo de los delitos y la inseguridad?

Algunos dirán que saber a cuánto ascienden estos costos permite dimensionar el problema. Al fin y al cabo no es posible menoscabar un problema que en términos agregados podría representar el 10 o el 20% del PIB anual. Otros aseverarán que conocer el valor de estos costos permite priorizar acciones de política pública. Otros también afirmarán que sirve para comparar los costos entre países, regiones y estados. Desde mi perspectiva, el propósito de la medición de los costos del crimen y la inseguridad debe ser el de mejorar la toma de decisiones públicas (y en menor grado decisiones privadas).

No es una tarea sencilla medir los costos de los delitos y la inseguridad de una manera convincente y comparable. En primer lugar, tenemos que identificar qué conceptos queremos medir. En segundo lugar, hay que definir cómo medirlos. En tercer lugar, la interpretación de las mediciones constituye el aspecto más crucial pues podemos simplemente llegar a una cifra incomparable o que sea solo una cifra adicional en el universo de estadísticas mediáticas. 

¿Qué medimos?

Supongamos que una persona sufre un robo en la vía pública. Le quitan su cartera y celular. En este caso, omitimos algún tipo de lesión física. La persona había anticipado que al vivir en una zona con altos índices de robo tendría que portar una cartera falsa con 100 pesos y tarjetas vencidas. La víctima reporta el delito a un agente de policía que pasa 15 minutos después. Tras presentarle las opciones disponibles, opta por denunciar el delito a las autoridades por lo que acude a las instalaciones y dedica cuatro horas a esta actividad. Una vez hecha la denuncia, las autoridades inician una investigación que requerirá el tiempo de oficiales de policía y del personal de monitoreo de cámaras de vigilancia. La persona dedica otras 2 horas de su valioso tiempo para cancelar su número telefónico. Es la segunda vez en el año que le roban a la persona sus pertenencias por lo que esta vez opta por comprarse un celular más modesto.

Gracias a la investigación, las autoridades logran ubicar al responsable por lo que inicia el proceso judicial. Dicho proceso se integra de distintas etapas que requieren personal calificado e instalaciones especializadas. Una vez desahogado el caso el juez dicta una sentencia condenatoria que le impone una pena privativa de la libertad al culpable. Esta persona es trasladada a un centro penitenciario de la entidad. Tras purgar la pena, el ex delincuente decide no reincidir en principio, pero dados los antecedentes penales no consigue trabajo por lo que regresa al oficio.

El caso expuesto muestra serias dificultades para identificar, cuantificar y monetizar los costos de un delito. Primeramente, la cartera falsa se consideraría como una medida preventiva con un costo relativamente bajo. Tendrían que incluirse las pérdidas materiales (asumiendo que el bienestar de los delincuentes no está incluido), las horas destinadas a la denuncia y al reporte del celular (menor ocio), la sustitución del celular por uno menos valioso. Además, hay que añadir los costos de operación de la policía, el funcionamiento del sistema judicial penal desde la etapa de investigación hasta la reclusión del culpable en un centro penitenciario. Por si fuera poco, también se tendría que incorporar a la medición los ingresos que pudiera haber recibido el criminal si se dedicará a una actividad legal, la pérdida de bienestar por falta de libertad, posibles traumas de la víctima, entre otros conceptos.

Por ende, definir qué queremos medir no es trivial. Existen múltiples clasificaciones de los costos de los delitos. Los hay directos, indirectos, sociales, externos, monetarios, no monetarios, entre otros. Para Jaitman[1] (2015) los costos directos son aquellos que se originan a causa de un delito como lesiones, daños y pérdidas materiales; a su vez, existen costos previos a la comisión de un delito como los gastos privados o públicos en seguridad; también hay costos en respuesta al crimen como los asociados al sistema de justicia. Por otro lado, los costos indirectos o intangibles incluirían aspectos más difíciles de cuantificar y monetizar como el sufrimiento, el miedo, menor calidad de vida, cambios de comportamiento, reubicación de inversiones, menor crecimiento económico, entre otros conceptos.

Siguiendo a esta misma autora[2] una segunda clasificación de costos distingue entre costos externos y sociales. Los primeros son aquellos impuestos involuntariamente de una persona a otra en tanto que los segundos son aquellos que reducen el bienestar agregado de la sociedad. En este sentido, las transferencias de propiedad son costos externos pero no se consideran costos sociales toda vez que la propiedad robada puede ser gozada por el ladrón pues estos también son parte de la sociedad. En síntesis, los costos sociales agrupan todos los costos menos las transferencias de propiedad. 

La lista de posibles costos resulta muy extensa y probablemente no seamos capaces de cuantificar y monetizar cada costo. Requeriríamos más de una decena de supuestos, información muy puntual de hogares, empresas e instituciones públicas. Y aun así no llegaríamos a una cifra definitiva.

¿Cómo los medimos?

Existen 3 metodologías probadas para estimar los costos de los delitos y la inseguridad. Estas son: contabilidad delictiva, valuación contingente y métodos basados disposiciones marginales a pagar.

La contabilidad de costos es la más fácil de entender pues únicamente requiere identificar todos los conceptos relevantes, cuantificarlos, asignarles un precio y sumar los costos. De acuerdo con Soares[3] (2015) esta metodología parte de comparar dos escenarios uno sin crimen y otro con crimen. La diferencia entre ambos representa la cantidad de recursos que se pierden y representan una medida aproximada del bienestar sacrificado. Pese a que esta metodología podría parecer la más sencilla tiene varias limitaciones y está sujeta a críticas.

En primer lugar, la disponibilidad de información. Si somos afortunados encontraremos resultados de encuestas de victimización en hogares y empresas, presupuestos públicos federales y estatales, censos de gobierno, estadísticas del sector salud, entre otra información. En segundo lugar, existe el riesgo de doble contabilidad. En tercer lugar, los resultados de la metodología no tienen usos concretos en términos de política pública.

Este aspecto representa la crítica más severa. La cantidad socialmente óptima de delitos en una sociedad moderna seguramente no es cero. ¿Se imaginan cuántos recursos necesitaríamos para colocar un policía en cada esquina? Ni siquiera con ese nivel de gasto sería posible eliminar la incidencia. Dado que en la metodología solo se comparan los resultados entre un escenario con crimen y sin crimen, no sabríamos determinar cuántos recursos serían necesario destinar para alcanzar un nivel socialmente óptimo de delito si es que existe y si es posible alcanzarlo mediante políticas. La utilidad de esta metodología resulta marginal pues solo sirve para contextualizar el fenómeno delictivo.

Siguiendo al mismo autor[4], la valuación contingente utiliza encuestas que buscan revelar la valoración individual subjetiva de bienes públicos. La metodología también se caracteriza por ser muy directa. Como en un estudio de mercado se les pregunta a las personas qué tipo de alternativas de política preferirían o cuánto estarían dispuestas a pagar porque cierto objetivo de política se cumpliera. Lo que se pretende con esta encuesta es revelar el beneficio de las alternativas de política.

Por ejemplo, supongamos que en su vecindario se cometen 30 robos y 5 homicidios al mes y existe una política que en determinado periodo lograría abatir los índices delictivos a la mitad con un costo conocido por las autoridades de 30 millones de pesos. Al aplicar la metodología se encuentra que la población del vecindario estaría dispuesta a pagar hasta 50 millones de pesos por lo que en términos de costo beneficio, la política sería deseable.

Parecería que esta metodología es ideal para determinar la valoración de los costos pues las respuestas revelan de manera muy sintética todas las dimensiones relevantes de los costos. Sin embargo, como señala Soares es muy distinto que una persona declare que valora cierta alternativa en tantos pesos y otra muy distinta que, de ser posible, pagara lo declarado. Como toda encuesta está sujeta al sesgo de deseabilidad social y a otros problemas que limitarían su validez metodológica como efectos conductuales y de racionalidad limitada.

Por último, la tercera metodología comprende un conjunto de métodos basados en modelos de precios hedónicos. Estos modelos sostienen que el precio final de un bien o servicio puede descomponerse en sus diversos atributos. Alguno de estos atributos hedónicos (entendiendo estos como aquellos que brindan cierta satisfacción) puede relacionarse con la inseguridad y la incidencia delictiva. Al igual que en la valuación contingente, los resultados que arroja esta metodología se expresan como disposiciones a pagar por lo que reflejan los beneficios recibidos (o costos evitados) por una persona cuando no es víctima de un delito. Se diferencia de la valuación contingente toda vez que reflejan comportamientos factuales y no casos hipotéticos, es decir, ya reporta transacciones reales.

Hasta el momento hay dos aplicaciones de esta metodología. La primera de ellas consiste en analizar los precios inmobiliarios. Resulta bastante intuitivo pensar que una persona estaría dispuesta a pagar una renta más cara si sabe que el vecindario tiene menor incidencia delictiva o parece más seguro. Por otro lado, la segunda aplicación radica en analizar las tasas de mortalidad por diversas causas de muerte y asociarlas a la estructura etaria poblacional[5]. La reducción de la esperanza de vida causada por homicidios se compara con una esperanza de vida hipotética si no ocurrieran homicidios y a partir de dicho diferencial y de diversos parámetros se estima el valor social de la reducción de homicidios así como disposiciones marginales a pagar por cada individuo de cierta edad[6].

¿Hacia dónde debe ir la medición de costos del delito?

Estoy seguro que en los próximos años los costos del delito y la inseguridad incrementarán. Ya sea que permanezcan los mismos niveles de incidencia y prevalencia o que desafortunadamente repunten, los hogares y las empresas están dedicando cada vez más recursos para protegerse como ya señaló un colega del Observatorio hace unas semanas en un artículo[7]. Asimismo, la operación del sistema de justicia penal, la restructuración de los cuerpos policiacos y la consolidación de nuevas instituciones dedicadas al combate y a la prevención de la delincuencia solo implica mayores costos en el corto y mediano plazo. Algunos de estos costos resultan muy necesarios.

La medición de costos del delito y la inseguridad con un enfoque económico (costo beneficio) contribuirá a formular políticas más sólidas y que puedan discriminarse en función de resultados medibles y monetariamente comparables. Como individuos ya pensamos y decidimos en estos términos. Como destacó Edgar Vielma[8] en el panel sobre costos del delito, algunas personas ya utilizan dos carteras o dos celulares o siguen medidas de prevención personales. Cuando desafortunadamente son víctimas, las pérdidas son menores por lo que en términos de la razón costo beneficio ya se identificaron medidas efectivas.

Debemos transitar hacia un enfoque que no solo diga qué funciona para reducir la incidencia y prevalencia sino que estrategias valen la pena. Es urgente que en el sector público se adopte este enfoque en la formulación de políticas públicas. También urge que en el sector académico y en las organizaciones de la sociedad civil se generen investigaciones bajo estas premisas. Es nuestro turno.

 

 

Manuel Vélez

Coordinador de Estudios Especiales

@VelezManuel  @ObsNalCiudadano

 

[1] Jaitman, L. (2015). Introduction: The Welfare Costs of Crime. En Jaitman (ed) (2015), The Welfare Costs of Crime and Violence in Latin American and the Caribbean. Washington: Inter-American Development Bank

[2] Íbid

[3] Soares, R. (2015). A Conceptual Framework for Interpreting the Welfare Costs of Crime. En Jaitman (ed) (2015), The Welfare Costs of Crime and Violence in Latin American and the Caribbean. Washington: Inter-American Development Bank

[4] Íbid

[5] Soares, R. (2006). The welfare cost of violence across countries. Journal of Health Economics. 25: 821-846

[6] Al respecto en el Observatorio Nacional Ciudadano ya se ha implementado esta metodología y sus resultados están disponibles en el estudio Homicidio: Una Mirada a la Violencia en México y en http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2015/08/14/infografia-del-homicidio-enfrentar-la-realidad

[8] Director General Adjunto de Modelos de Información Gubernamental y Encuestas Nacionales de Gobierno, Victimización, Seguridad y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 2do Foro Nacional de Observatorios Locales se llevó a cabo el pasado 27 de octubre de 2016.

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