Veracruz será lo que los veracruzanos sean

En los últimos meses la entidad veracruzana ha quedado prácticamente a la deriva, los conflictos administrativos y políticos han propiciado condiciones favorables para que el estado fácilmente sea la plaza perfecta para generar riqueza a los grupos criminales. Homicidios dolosos, desapariciones forzadas y secuestros, son la triste realidad de un gobierno que le ha dado la espalda a la sociedad. Y es que tan solo de enero a junio de 2016 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP), ha registrado para el estado de Veracruz 405 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, cifra que representa un incremento de 83% en comparación a la registrada durante el mismo periodo de 2015 en el que se registraron 221 carpetas de investigación. En materia de secuestro, la entidad veracruzana tuvo un incremento durante el primer semestre de 2016 de 29% pasando de 48 carpetas de enero a junio de 2015 a 62 carpetas de investigación durante el mismo periodo de 2016 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP).

Para Zepeda (2009)[1], los delitos de alto impacto, a pesar de no mostrar una mayor incidencia, a comparación de delitos como el robo a transeúnte, sí generan una mayor preocupación en la ciudadanía. El secuestro, la violación, lesiones intencionales, robos violentos, “ejecuciones” y homicidio doloso, lesionan gravemente a la sociedad, no sólo por el impacto macro social que el delito por sí mismo provoca (años de vida saludable perdidos, disminución de la población económicamente activa y ausencia de inversiones de capitales extranjeros a causa de un clima de inseguridad), sino porque justamente hablan de una pérdida de respeto a la vida humana que es uno de los bienes que cualquier sociedad debe de proteger.

No obstante las últimas estrategias tomadas por el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en el combate a la delincuencia que sufre la entidad veracruzana deja fuera a la sociedad, organizaciones civiles, a las instituciones y sectores empresariales quienes son los que viven todos los días las pérdidas de la delincuencia y que además conocen perfectamente el comportamiento de estos delitos, entonces: ¿Cómo confiar la sociedad en las estrategias del gobierno?, ¿Cómo poder confiar en los policías? ¿Cómo querer participar si el gobierno pone las barreras?

Para Roy Godson[2], el apoyo y la participación de la comunidad, sobre todo desde lo local y lo individual, pueden enfocarse a la prevención y desarraigo de las prácticas criminales y corruptas que generan inseguridad a la sociedad, sin necesidad de gastar en un sistema masivo de impartición de justicia y penal. Esta participación también reduce el riesgo y el costo de una vigilancia gubernamental violatoria y de prácticas regulatorias que son dañinas para las libertades individuales y para las iniciativas de orden económico, social y político; que pueden violentar los derechos y libertades de una sociedad.

Así, esa participación puede traducirse en una cultura de la legalidad, la cual significa que la cultura (prácticas, pensamientos y creencias dominantes en una sociedad) simpatizan con la observancia de la ley. En una sociedad regida por el estado de derecho, la gente tiene capacidad para participar en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo[3]^.

Juan Luis Temix Delfin

Observatorio Ciudadano de Veracruz – Boca del Río

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