El caleidoscopio de la seguridad en México

OTRAS
01/07/2016
10:02
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Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
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Ha transcurrido casi una década desde que aparentemente nos acostumbramos a utilizar gafas con micas rotas desde las cuales la realidad mexicana se aprecia como un confuso y opaco caleidoscopio. Ha transcurrido casi una década desde que la crisis de seguridad, justicia y derechos humanos en nuestro país ha sido tangible en nuestro día a día sin darnos oportunidad de un fresco respiro. Ha trascurrido casi una década desde que hemos escuchado atentamente los discursos oficiales de nuestras autoridades, aquellos enunciados mediante los cuales se anuncian acciones determinantes para fortalecer a las instituciones y para enfrentar la delincuencia tradicional y organizada. Ha transcurrido casi una década desde que ciertos sectores de la sociedad civil han alzado crítica y constructivamente la voz para hacer frente a la grave problemática de seguridad humana y proponer acciones, mientras que otros han optado por guardar silencio y atender contemplativamente. Ha transcurrido casi una década desde que nuestra vida y cotidianidad en México han estado fragmentadas en miles de cristales disimiles.

Para identificar las múltiples imágenes caleidoscópicas que se han configurado durante los últimos años, basta con traer a colación algunas cifras significativas sobre incidencia delictiva y violaciones a derecho humanos o bien con hacer un breve recuento de las acciones que se han implementado en materia de seguridad y justicia. Por ejemplo, si optamos por retomar los índices de homicidios dolosos que se han reportado desde 2006 podemos observar que no ha cambiado mucho la situación nacional en torno a este delito. Esto se debe a que continuamos hablando de miles de personas que están perdiendo la vida como resultado de las actividades delincuenciales, de la actuación de ciertas instituciones de seguridad, de problemas interpersonales o bien por determinadas agendas sociales.

Es incuestionable que este aún es un problema que no ha sido eficientemente atendido y la prueba de ello no solo es que recientemente acaba de concluir uno de los meses con más homicidios desde 2011; sino que los pronósticos para 2016 calculados a partir de la información histórica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dan cuenta de que se mantendrá una tendencia creciente. Respecto a este último factor, en el estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2015[1] que publicamos aproximadamente hace un mes, dimos a conocer que acorde con los pronósticos calculado con base en el ajuste Tramo/Seats se espera que 2016 cerrará con un total de 17 761 averiguaciones previas equivalentes a una tasa de 14.53 por cada 100 mil habitantes. Si esta la analizamos en relación con los índices de 2015 podemos identificar que dicha tasa representaría el segundo incremento de los homicidios dolosos al aumentar 3.23% desde que se registró el quiebre de la tendencia decreciente. Si se realiza un cálculo aproximado de las víctimas[2] se espera que haya un total de 19 560 personas afectadas directamente por este delito. Por otro lado, cabe destacar que los pronósticos muestran que la tendencia se mantendrá estable en 2016, lo cual inevitablemente significa que continuamos sin cambiar de página (por completo) en cuanto a la crisis de seguridad humana.

Ante dicho contexto vale la pena retomar y preguntarse cuál ha sido la principal reacción de nuestras autoridades y si esta ha cambiado a la par de las administraciones del gobierno federal. Al respecto, es conveniente recordar cuando fue anunciada una mayor participación de instituciones federales de seguridad en las entidades federativas que comenzaron a registrar un repunte de la violencia y de la incidencia delictiva; en especial es pertinente recuperar el anuncio efectuado el 11 de diciembre de 2006 por Francisco Javier Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob):

Una de las tres prioridades del Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias en todas las regiones del país. Esto inmediatamente traerá la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado; recuperación que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades. […] En acuerdo con el gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, informamos a los mexicanos el Inicio de la Operación Conjunta Michoacán, con un despliegue de más de cinco mil efectivos para esta operación en la cual se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas[3].

A partir de ese momento se comenzaron a implementar los operativos conjuntos de las Fuerzas Federales en áreas de inteligencia, administración y procuración de justicia frente a la delincuencia organizada; los cuales fueron definidos en su momento como "una respuesta al incremento de la violencia a partir de la rivalidad delincuencial, pero también un compromiso del gobierno federal de auxiliar a las autoridades locales que lo soliciten para reforzar la seguridad en la zona […] Son esfuerzos de cooperación con la autoridad local y no de suplantación de la misma”[4]. Cabe destacar que no estamos hablando de una acción menor por parte de la autoridad federal, ya que estos operativos constituyeron uno de los ejes más evidentes y criticados de la estrategia gubernamental, aunque se encontraba conformada por otros cuatro elementos: aumento de las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; reformas al marco legal e institucional; política de prevención del delito y fortalecimiento de la cooperación internacional[5].

En el marco de dicho contexto y de la propia evolución de los grupos de delincuencia organizada, los homicidios se convirtieron en un riesgo cada vez más constante para la población no solo por la propia actividad y rivalidad entre organizaciones delincuenciales sino por el propio actuar de las instituciones federales de seguridad. Sin embargo, ello no fue lo único que comenzó a ocurrir pues el ejercicio de la violencia aumentó de la mano de graves violaciones a derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras. Bajo ninguna circunstancia esto fue un secreto a voces pues diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad se encargaron de alzar críticamente la voz respecto a lo que estaba reflejando el caleidoscopio sobre la situación nacional.

No obstante, el transcurrir del tiempo hizo lo suyo pues como resultado de la disminución de homicidios registrada a finales de 2011 y del propio cambio de la administración federal se fue relegando al olvido todo lo relacionado con los operativos conjuntos, los cuales actualmente se denominan como operaciones coordinadas. Quiero destacar dicho relego debido a que no solo la voz crítica constructiva de la sociedad civil disminuyó sino porque también comenzó a haber menor difusión de información oficial sobre las operaciones y sus resultados. Cabe mencionar que dicho estatus no se ha mantenido estático pues durante los últimos meses ha incrementado la crítica de ciertos sectores de la sociedad civil en torno a estos, pero ello ha sucedido a partir de evidencia clara de delitos y violaciones graves a derechos humanos como lo sucedido en Iguala, Tlatlaya o Apatzingán, entre otros. Esto quizás podría significar que si no se hubiera publicado o hecho difusión sobre lo ocurrido difícilmente tendríamos los niveles de crítica con los que contamos.

Discutir sobre la pertinencia, impacto y resultados de las operaciones coordinadas es algo sumamente complejo, sobre todo porque nos estamos refiriendo a que son acciones estratégicas implementadas frente a grupos delincuenciales organizados que operan racionalmente y que cuentan con una importante cantidad de recursos (humanos, financieros, operativos, tecnológicos, entre otros). No obstante, se han efectuado diversos ejercicios analíticos desde la academia, la sociedad civil y las propias instituciones de seguridad que en cierto sentido reflejan que la crítica constructiva es necesaria para la construcción de la paz. Podemos optar por dos caminos: en el primero van las autoridades solas con una interpretación de las circunstancias que inefablemente se teñirá de política y se cerrará al diálogo democrático, en el segundo camino van las autoridades acompañadas de crítica constructiva, interpretaciones alternativas y propuestas fundadas por parte de otros actores sociales. Estoy convencida de que el segundo camino alberga mejores posibilidades de éxito que el primero, sin embargo, pareciera que no todos los actores sociales lo contemplan de dicho modo ya sea por intereses políticos o personales.

Es un hecho que aún hay quienes prefieren continuar girando el mismo caleidoscopio una y otra vez para observar sistemáticamente la misma sucesión de imágenes. Esto no solo ha sucedido en cuanto a las operaciones coordinadas sino en relación con las otras esferas que han conformado las llamadas estrategias de seguridad, desde el fortalecimiento institucional hasta lo relacionado con la prevención del delito. La pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos y respondernos es si queremos continuar girando y observando el mismo caleidoscopio por más tiempo, aunque ello signifique un avance paulatino de un mayor deterioro de nuestra calidad de vida, aunque ello signifique una realidad nacional fragmentada cada vez en más cristales disimiles y opacos.

 

 

Referencias:

[1] El estudio elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad puede consultarse en http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/REPORTE-ANUAL-2015.pdf

[2] Se usa como factor multiplicativo el promedio de la relación de víctimas por AP entre 2014 y 2015. Este fue de 1.101295.

[3] http://calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/anuncio-sobre-la-operacion-conjunta-michoacan/#b1

[4] Alejandro Poiré Romero. Los Operativos Conjuntos disponible en http://calderon.presidencia.gob.mx/el-blog/los-operativos-conjuntos/#more-66269

[5] Alejandro Poiré Romero. El primer mito: “no hay estrategia, es sólo el uso de la fuerza” disponible en http://calderon.presidencia.gob.mx/el-blog/primer-mito-no-hay-estrategia-solo-us/

[6] La Jornada Michoacán y corresponsales. “Arrojan 5 cabezas humanas en centro nocturno en Uruapan”, La Jornada disponible en http://www.jornada.unam.mx/2006/09/07/index.php?section=estados&article=037n1est

 

Doria Del Mar Vélez Salas

Directora de Investigación

@Dorsvel @ObsNalCiudadano

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