El Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Otra reforma a medias?

México se ubica en el lugar 95 de 167 en la tabla de resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional.[1]  Y, en el lamentable y penoso último lugar de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) también en materia de corrupción.

Para contrarrestar esta situación se han emprendido esfuerzos desde las más altas esferas del poder político y se han aprobado reformas también del más alto calado. En este sentido, el pasado 27 de mayo de 2015 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.[2]

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) busca ser “una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, según se desprende del dictamen aprobado por los Legisladores Federales.

La Reforma Constitucional tiene como ejes principales la ampliación de facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la conformación de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana. La reforma también prevé la facultad del Congreso de la Unión, de emitir una ley general  que establezca las bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno, se contempla la figura de órganos internos de control con los que deberán contar los entes públicos federales, estatales y municipales, así como de los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales.

La Reforma contempla la obligación de los servidores públicos de declarar los conflictos de interés, y castigos para quienes incurran en éstos, se contemplan sanciones severas a los servidores públicos y/o particulares que incurran en actos de corrupción, se prevé la ratificación del titular de la SFP por el Senado a propuesta del ejecutivo, entre otros.

En este decreto de reforma se otorgó al Congreso de la Unión el plazo de un año para la expedición de las leyes secundarias. Pues bien, resulta, una vez más, que el plazo esta por cumplirse y que no parece que el Congreso vaya a cumplir con la obligación de expedir  dos leyes generales reglamentarias: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y de reformar, por lo menos, otras cinco:  1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 3) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 4) Ley General de Contabilidad Gubernamental y 5) Ley de Coordinación Fiscal.

En el Senado se han presentado tres diferentes iniciativas en relación con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: una del PAN, otra del PRD, y la iniciativa conjunta PVEM-PRI. Y,  por lo que hace a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se han presentado, también en el Senado, cuatro iniciativas: la propuesta ciudadana conocida como Ley 3de3, así como la iniciativa conjunta del PVEM-PRI, la propuesta del PAN y la del PRD.

Sobre las restantes cinco reformas a las leyes reglamentarias se han presentado diversas iniciativas, así como una específica del PRD para expedir la Ley Federal para la Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción, además de otra del PAN por la que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.

En días pasados, en este mismo espacio de opinión, Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, presentó siete ideas centrales para la culminación exitosa de la construcción del SNA:

• Perseguir corruptos no solucionará el problema. La clave está en corregir problemas estructurales.
• El diseño del SNA debe permitir que todas y cada una de sus piezas tenga su lugar. Debe verse como una arquitectura de conjunto.
• Debe contar con un Secretariado Técnico robusto capaz de dar eficacia al espacio de coordinación de siete instituciones (ASF, SFP, Instituto Nacional de Información, Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Anticorrupción y Sociedad Civil).
• Marco jurídico con capacidad de sancionar a particulares, respetando el debido proceso.
• Reconstrucción de sistema de responsabilidades administrativas para diferenciar éstas de conductas delictivas.
• Fortalecimiento de los órganos internos de control para diferenciar sus atribuciones de las de investigación y de sanción.
• Profesionalización de fiscalías y órganos especializados en combate a la corrupción.[3]

Ante este panorama tan complejo y el cúmulo de iniciativas presentadas, se prevé poco probable que las leyes generales, así como las otras reformas necesarias, vayan a ser expedidas dentro del plazo previsto en el Decreto de Reforma, sobre todo si también tomamos en consideración que el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluye el 30 de abril.

De hecho, esta situación sería preferible para ciertas organizaciones y expertos pues, se argumenta que es preferible que las leyes secundarias no se aprueben antes del 28 de mayo, para evitar que las prisas den como resultado un sistema que no cumpla con las expectativas de la sociedad, depositadas en la reforma del año pasado.

La Red por la Rendición de Cuentas (RRC) -instancia que agrupa a académicos, activistas sociales y organismos autónomos- señala que los principales defectos de la propuesta inicial del partido en el gobierno es la no inclusión de mecanismos para garantizar la coordinación entre las instancias que conforman el nuevo sistema; la falta de diagnósticos sobre la capacidad técnica de la administración pública para procesar la información que derivará de él; así como la exclusión del debate parlamentario de temas como las facultades del Comité de Participación Ciudadana, lo que prodría convertir al nuevo sistema en una simulación.[4]

Falta muy poco para que concluya este periodo legislativo, por tanto, muy pronto sabremos si tendremos Sistema Nacional Anticorrupción en tiempo y forma o si, se trata de una reforma más, a medias.

Mariana Cendejas Directora de Vinculación. Observatorio Nacional Ciudadano @MarianaCendejas @ObsNalCiudadano

[1] http://www.transparency.org/cpi2015 (Consultado el 11 de abril de 2016).

[2] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 (Consultado el 11 de abril de 2016).

[3] http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/sergio-lopez-ayllon/nacion/2016/04/4/siete-ideas-para-el-sistema (Consultado el 11 de abril de 2016).

[4] http://rendiciondecuentas.org.mx/anticorrupcion-el-sistema-que-no-nace/ (Consultado el 11 de abril de 2016).