Frente a la inseguridad y la corrupción, mayor participación

Cuando uno sigue observando los altos niveles de impunidad, corrupción, inseguridad, violencia y de violación de los derechos humanos imperante en el país, queda claro que aquellos que afirman que vivimos en régimen democrático están evadiendo la realidad. Lo preocupante de este contexto es que en el mediano plazo algunas de las acciones ciudadanas por mejorar el funcionamiento institucional resulten por ser intrascendentes frente a la parálisis o embestidas de una clase política reacia a realizar cambios de fondo, en otras palabras, que nos quedemos empantanados en el camino por la democratización, cuando apenas hemos dado pocos pasos.

Evidencias de lo mencionado, desafortunadamente, hay muchas. Si bien en los últimos años hemos sido testigos del diseño y conformación de instituciones y leyes para enfrentar los problemas inicialmente mencionados, lo cierto es que todos los días somos testigos de que este andamiaje institucional y legal no está funcionando a favor de la población.

En términos de corrupción en el sector público, paradójicamente la oposición partidaria y los medios de comunicación independientes han dado a conocer la sospecha de conflictos de intereses entre funcionarios gubernamentales y empresas dedicadas a prestar servicios y productos a los gobiernos o la falta de transparencia en los procesos de asignación de obras públicas. Sin dejar de mencionar que estos actores también han mostrado los desvíos de recursos por parte de los funcionarios de los distintos niveles para abultar sus arcas personales o para patrocinar proyectos políticos. Decimos que es paradójico pues los medios de comunicación independientes, así como la oposición partidaria son resultado del proceso de transición política de México.

Frente a este tipo de delitos, actores políticos han prometido sistemas de controles más eficaces y castigo a los corruptos, sin embargo, al parecer no es algo que en realidad sea urgente para ellos. La desidia o el cinismo han llegado a tales niveles, que aquellos que han reconocido un robo a los recursos públicos, a la fecha siguen ejerciendo o compitiendo por puestos públicos. A pesar de la presión ciudadana para transparentar el uso de recursos públicos y de la promesa del gobierno central por crear una Comisión Nacional Anticorrupción, el país sigue operando, por ejemplo, con una Secretaria de la Función Pública (SFP) subordinada al ejecutivo federal, lo cual definitivamente no caracteriza a un régimen democrático.

Respecto a la delincuencia y violencia ha habido avances marginales, pero la crisis permanece, la seguimos experimentando, lo cual limita el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades. Las cifras oficiales indican un importante descenso de los secuestros, extorsiones y robos, sobre todo en los últimos dos años. Por su parte, el homicidio doloso, a pesar de haber presentado una disminución entre 2012 y 2014, en el 2015 ya muestra un incremento y en lo que va del 2016 este tipo de privación de la vida no ha detenido su ascenso. Pese a la reducción en la incidencia delictiva, no debemos olvidar que en varias de las entidades federativas existen importantes problemas para la correcta clasificación y conteo de los delitos, lo cual genera un desconocimiento del verdadero tamaño del problema de seguridad que está enfrentando la autoridad.

En algunas ocasiones, durante el proceso de elaboración de las investigaciones, el Observatorio Nacional Ciudadano ha realizado solicitudes de información para analizar determinadas conductas delictivas. Sin embargo, de manera reiterada autoridades estatales en específico han ignorado los requerimientos y en otras ocasiones han respondido que la información es de carácter reservada o no cuentan con ella, cuando la mayoría de las entidades federativas han respondido con mayor detalle.

Por otro lado, debemos decir que la brutalidad y violencia con la que se cometen algunos delitos nos recuerda que se requiere una intervención estatal que vaya más allá de una respuesta reactiva limitada al aumento de las fuerzas de seguridad.  La desaparición forzada en Guerrero y Veracruz, así como las ejecuciones extrajudiciales por parte de los propios agentes policiacos son suficiente evidencia para demostrar la necesidad de proponer otro tipo de acciones antes de continuar con una estrategia de seguridad que resulta punitiva, que expone y desacredita la acción del Estado.

En medio de esta crisis de seguridad, caracterizada por un constante ejercicio de la violencia, los derechos humanos fundamentales de la población han sido severamente trastocados. Por ejemplo, el homicidio niega la posibilidad de tener acceso al derecho más importante, la vida; el secuestro, a la libertad; el homicidio contra periodistas, la posibilidad de la libertad de expresión y de imprenta; y, las ejecuciones extrajudiciales, el derecho de acceso a la justicia. Frente a este tipo de situaciones, que evidencian tanto la complejidad y gravedad de las crisis por la cual atravesamos, la autoridad niega y rechaza las observaciones tanto por organizaciones locales como de carácter internacional.

En este descompuesto contexto, para encontrar alternativas hoy como nunca es indispensable mayor participación de la ciudadanía para ganarle terreno a la corrupción, a la violencia y a la delincuencia. Y para ello primero es necesario una mayor disposición de los ciudadanos para constituir organizaciones sociales y civiles independientes de los intereses particulares del poder político o económico; y, en segundo lugar, se requiere crear densas redes de colaboración de las organizaciones a nivel nacional y sobre todo local, para presionar en la generación de políticas públicas más novedosas, efectivas y democráticas.

La posibilidad de generar este capital social no es sencilla y mucho menos frente a una crisis que nos ha empujado al espacio privado, a blindarnos entre muros y rejas, a olvidarnos de que es en el espacio público en donde se construye el debate, las ideas y propuestas. Un buen inicio para poder regenerar la confianza y la colaboración entre ciudadanos podría ser interesarnos y ocuparnos en las necesidades materiales e intangibles de los integrantes de nuestro entorno inmediato.

Después de casi una de década de probar fórmulas estatales para revertir la violencia y la falta de seguridad, es tiempo de abrir un espacio efectivo a la participación de la ciudadanía.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel @ObsNalciudadano