En la realización de los foros nacionales sobre el uso de la marihuana se ha notado un cambio de posicionamiento en el discurso respecto al uso de la hierba. El martes 8 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio en el tercer foro regional celebrado en Saltillo Coahuila dijo: «Conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas. Hay que decirlo claro, se partió de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente.»

Surge la pregunta, ¿tardaron tres años en la actual administración para darse cuenta que algo estaba mal en el diagnóstico y en la estrategia de seguridad? Por qué hasta tres años después se hace un “replanteamiento” que busque «garantizar libertades y derechos, pero que también proteja la salud y la seguridad de la población, una regulación que no se quede en lo estrictamente punitivo, sino que permita abordar el fenómeno desde todas, absolutamente todas sus implicaciones.»

El actual debate sobre el uso de la marihuana es una estrategia reactiva de parte del gobierno federal al impulso que ha cobrado el uso de la marihuana a partir del amparo concedido el 4 de noviembre de 2015 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la asociación civil SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante) que les permite cultivar y consumir marihuana.

No podría ser de otra forma, sin el impulso de una asociación civil, el Poder Ejecutivo es poco probable que hubiera cambiado el sentido punitivo de combate al uso de estupefacientes y en particular de la mariguana, el debate ha iniciado y ha costado más de tres años desde que la administración del Presidente EPN reconociera el mal planteamiento. La esperanza tendría que estar en el relanzamiento de una nueva estrategia, la cual no debería tardar el mismo tiempo para determinar que no era la adecuada.

Por definición, entenderemos el concepto de estrategia como «el arte de hacer participar la fuerza para alcanzar los objetivos de la política» (Godet 1995:42). Un objetivo estratégico en consecuencia tiene una connotación directa con el uso de la fuerza, y, es el Estado quien reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima (Weber 1998:83).

Con lo anterior se pretende determinar cuál será la nueva estrategia de parte del Ejecutivo Federal ¿Cambiará la política sobre el uso de las drogas? ¿Cuál será ese replanteamiento? ¿Se consultará a Especialistas médicos y organizaciones de la sociedad civil para el replanteamiento de las leyes y normatividad vigente? ¿Presentará el Poder Ejecutivo una iniciativa de reforma ante el poder Legislativo?

Hasta ahora el papel que ha jugado el Ejecutivo Federal es el de organizador y escucha de las diversas propuestas e inquietudes, falta lo verdaderamente importante, a saber, el debate que se presente al interior del Legislativo, ya que recordemos, nada puede ocurrir por parte del Ejecutivo sino hay una normatividad que lo regule.

En el discurso hay un cambio, sin embargo, no se conoce el objetivo que pretende lograr el poder Ejecutivo, es demasiado ambiguo y no se ha comprometido a presentar una iniciativa propia, los discursos que no están acompañados de acciones no son otra cosa que arar en el mar. La opinión pública está pendiente al actuar del gobierno en turno sin notar que la verdadera decisión ocurrirá en el Legislativo en las comisiones de Salud, en la cámara de Diputados encabezada por el Diputado Octavio Iñiguez de Jalisco (PAN dtto.3)

Aún faltan por realizarse dos foros regionales más donde se discutirá sobre las implicaciones de seguridad ciudadana, y el último donde se rescatarán los aspectos más importantes de los cinco eventos realizados, será menester dar seguimiento a estos últimos en dónde se comience a perfilar cuál debe ser la estrategia a seguir de parte del gobierno federal.

Han pasado cuatro meses desde que la Suprema Corte otorgó el amparo a la asociación SMART, el tiempo siempre será un bien escaso máxime si la respuesta que se pretende generar es reactiva a una propuesta impulsada desde “fuera” del gobierno, ministros y asociaciones van adelantados, toca el turno de elaborar respuestas al Ejecutivo y al Legislativo.

Bibliografía.

Godet Michel, De la anticipación a la acción, Bogotá, Alfaomega Marcambo, 1995.
Weber Max (1998) El político y el científico, Madrid, Alianza, 1998.


Mauro Santos Caballero
Investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
@maurodfx @ObsNalCiudadano

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