La “nueva frontera de la democracia” está cerrada: México no tiene un gobierno abierto

OTRAS
13/11/2015
09:20
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Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
OTRAS

Por Leonel Fernández Novelo

@leoxnv

Entre el 27 y el 29 de octubre se llevó a cabo en el Palacio de Minería la Cumbre GLOBAL de la ALIANZA PARA el GOBIERNO ABIERTO MÉXICO 2015.  En la clausura, Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República mencionó que México es el único país de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que ha cumplido con el 100% de los compromisos incluidos en el Plan de Acción 2013 - 2015.

La mayoría de estos compromisos se han medido con indicadores de gestión con los cuáles no se puede afirmar que México sea más abierto que antes. Se puede afirmar que se están haciendo algunas cosas que, en teoría, deberían ser los cimientos para lograr un gobierno abierto. Nada más.[1]

El tablero no mide la calidad de la información que se ha hecho pública a partir de los compromisos, ni si la metodología para su captura y proceso es comparable y válida. Tampoco mide la cantidad de documentos relevantes que han sido catalogados como reservados en la actual administración. No nos dice nada sobre la disponibilidad o el acceso de la información para cualquier ciudadano, ni sobre los mecanismos para acceder a la información pública en cualquiera de los tres niveles. Tampoco nos dice nada sobre si los formatos de las bases de datos públicas cuentan con las características de datos abiertos[2]. Entonces ¿qué nos dice el tablero? Bueno, que el gobierno, en conjunto con la sociedad civil han realizado acciones que pueden o no lograr convertir a México en un país que pueda presumir un gobierno abierto.

No me mal interpreten. Es muy positivo que se hayan cumplido todos los compromisos, lo es más al saber que algunas organizaciones de la sociales respaldan estos logros. Sin duda, son avances importantes que hubieran sido impensables años atrás, y que nos muestran que las autoridades y la sociedad civil pueden trabajar en conjunto.[3]

Sin embargo, esos indicadores no nos permiten saber si México ya cuenta con un gobierno abierto, o si los compromisos son parte de una mera simulación en la que sigue siendo difícil para el ciudadano acceder a la información. Desgraciadamente no tenemos ninguna iniciativa nacional para medir que tan abierto es el gobierno mexicano o en dónde se encuentran los principales retos. No tenemos metas medibles ni indicadores para saber qué nos falta para ser lograrlo.

Por fortuna, existe un instrumento desarrollado por el Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project - WJP) que tiene como objeto producir datos fiables sobre gobierno abierto a través de un índice que mide la apertura de los gobiernos en la práctica basada en las experiencias y las percepciones del público en general y de los expertos de cada país.[4]

El índice cuenta con cuatro componentes: 1) la publicidad de las leyes y de los documentos de gobierno, 2) derecho a la Información, 3) la participación ciudadana, 4) mecanismos de quejas

El primer componente mide si las leyes básicas y la información sobre los derechos legales están disponibles al público, escritos en un lenguaje sencillo y accesible en todos los idiomas utilizados por segmentos importantes de la población. Esta dimensión también mide la calidad y accesibilidad de la información publicada por el gobierno en forma impresa o en línea (transparencia activa), y si los reglamentos administrativos, los proyectos de ley, las decisiones administrativas y las decisiones de los tribunales superiores se hacen accesibles al público en forma oportuna.

El segundo componente mide si las solicitudes de información hechas a cualquier institución de gobierno son concedidas (suponiendo que la información es un registro público). También mide si se conceden estas solicitudes en un plazo de tiempo razonable, si la información proporcionada es pertinente y completa, si los costos de concederlas son razonables, y si se le obtiene la información solicitada sin tener que pagar un soborno. Esta dimensión también mide si las personas son conscientes del derecho a la información y si los registros pertinentes - como las cifras del presupuesto de los funcionarios del gobierno, informes de derechos humanos, y la información relativa a los proyectos de la comunidad - son accesibles mediante peticiones.

El tercer componente mide la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la protección de las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación, y el derecho de petición ante el gobierno. También mide si las personas pueden expresar sus preocupaciones a varios funcionarios del gobierno y miembros de la legislatura, y si éstos proporcionan información suficiente acerca de las decisiones que afectan a la comunidad, incluyendo las oportunidades para la retroalimentación ciudadana.

El último componente mide si las personas pueden, en la práctica, presentar quejas sobre funcionarios públicos o sobre los servicios públicos y cómo los las autoridades responden a esas denuncias. También mide si las personas pueden impugnar las decisiones del gobierno ante otra agencia del gobierno o de un juez.

México[5] está reprobado en materia de apertura en el índice en general, obtuvo una calificación de 0.56 puntos de una máxima de 1. De los cuatro componentes está reprobado en dos y apenas alcanzo un poco más de 0.6 puntos en los otros dos: 0.43 en publicidad de las leyes y datos de gobierno, 0.56 en participación ciudadana, 0.61 en derecho a la información y 0.62 en mecanismos de queja.

Además, nuestro país ocupa el lugar 42 de 102 países evaluados y el 6 en la región de Latinoamérica y el caribe muy por debajo de países como Chile, Costa Rica, Uruguay, Polonia, Bosnia y Herzegovina, Indonesia, Botswana, o Grecia y tiene la misma calificación que Brazil y Colombia, Nepal, Ghana y Ucrania.

Aún falta mucho por hacer para poder afirmar que México tiene un gobierno abierto. Aparentemente y de acuerdo con el Presidente Enrique Peña Nieto, el país ya emprendió el camino para lograrlo y se reconoce la importancia de la apertura para la democracia.

Es importante que si, es cierto lo que dice el presidente, que se comience por generar mecanismos de medición internos para medir la calidad de la apertura y poder actuar en consecuencia. Ya basta de compromisos simulados y de discursos triunfalistas. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos un llamado para que se genere esta información. Para que en materia de seguridad se mida la calidad de los datos sobre incidencia delictiva y se hagan propuestas para mejorar la captura de la información, que se generen manuales par los Ministerios Públicos en materia estadística y que se generen mecanismos de auditoria para que los gobiernos locales que inculpan con lo básico en calidad de información sean sancionados.

Al final, lo que no se puede medir no se puede mejorar y si es verdad que existe voluntad política para ser un gobierno abierto, el primer caso es abrir la información para darnos cuenta que México todavía no es un gobierno abierto.

 

[1] Pueden consultar el tablero y los compromisos aquí: http://tiny.cc/tablero

[3] De acuerdo con la página de la AGA en México “Los responsables del cumplimiento de los compromisos son: funcionarios públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC)” http://tablero.gobabiertomx.org/about

[5] Pueden consultar toda la calificación y el desglose del índice para México aquí: http://data.worldjusticeproject.org/opengov/#/groups/MEX

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